IDL Reporteros. Resumen Latinoamericano 17 de abril de 2026.
La coalición de partidos políticos que controla el Congreso y que postula en las elecciones generales este domingo, ha votado de forma concertada los últimos cinco años con el objetivo de capturar diversas instituciones del Estado, aprobar leyes y reformas que les garanticen impunidad; inhabilitar a altos funcionarios públicos que han sido un obstáculo para sus propios intereses y blindar a otros funcionarios implicados en casos que van desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos.
Este informe presenta algunas de las votaciones más importantes de esta coalición, integrada por partidos políticos cuyas ideologías divergentes –que van desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda– no han sido un obstáculo para sacar adelante, de forma consistente y en conjunto, iniciativas legales que les ha garantizado detentar el poder sin equilibrio y control.
Estas votaciones incluyen, por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del defensor del Pueblo; la aprobación de normas que han debilitado el sistema de justicia y la lucha contra la criminalidad organizada conocidas como las ‘leyes procrimen’; la ley que impide que los partidos políticos sean investigados penalmente; la inhabilitación de integrantes de la Junta Nacional de Justicia y fiscales supremas; y el archivamiento de denuncias constitucionales contra la exmandataria Dina Boluarte, la exfiscal de la nación Patricia Benavides y el actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.
La captura del Tribunal Constitucional
El 10 de mayo de 2022, las fuerzas políticas del Congreso eligieron a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional en una votación concertada. Cada uno obtuvo más de 90 votos a favor, con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, y Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
Ya en el ejercicio de sus funciones, algunas de las decisiones han puesto en evidencia cómo han estado al servicio de las fuerzas políticas que controlan el Congreso:
- El 4 de diciembre de 2023, el TC ordenó la liberación de Alberto Fujimori.
- El 12 de agosto del 2024, el TC anuló la investigación al abogado Arsenio Oré por presunta obstrucción a la justicia en el caso Cocteles.
- En marzo de 2025, el TC declaró inconstitucional el proceso disciplinario inmediato que la Junta Nacional de Justicia creó en 2020 para destituir a magistrados involucrados en graves casos de corrupción; y en consecuencia las destituciones de jueces y fiscales fueron declaradas nulas. Así consiguieron retornar al sistema de justicia magistrados involucrados en el caso Cuellos Blancos.
- El 28 de abril de 2025, el TC anuló la destitución de Tomás Gálvez como fiscal supremo y ordenó su reposición.
- El 19 agosto de 2025, el TC declaró fundada una demanda competencial presentada por el Ejecutivo y ordenó la suspensión de las investigaciones fiscales contra la entonces presidenta Dina Boluarte mientras permaneciera en el cargo. Eso se extiende a cualquier mandatario.
- El 20 de octubre de 2025, el TC ordenó al Poder Judicial que anulara y dejara sin efecto la investigación y la acusación fiscal del caso Cocteles contra Keiko Fujimori, por el financiamiento de sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.
- El 20 de febrero pasado, el TC ordenó la liberación de Daniel Urresti, del partido Podemos Perú, quien se acogió a la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad aprobada por el Congreso en 2024.
- Este año, el TC declaró infundadas las demandas de inconstitucionalidad sobre dos ‘leyes procrimen’: la Ley 32107, que declara la prescripción de los delitos de lesa humanidad; y la Ley 31751 (o “Ley Soto”), que recortó a un año el plazo de suspensión de la prescripción de los delitos.
La elección del defensor del Pueblo
Una semana después de la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el Congreso eligió a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo. Había sido propuesto por la bancada de Perú Libre, partido al que estuvo afiliado entre enero de 2022 y marzo de 2023. También fue abogado de su líder, Vladimir Cerrón, y al momento de ser elegido, Gutiérrez ocupaba el cargo de asesor parlamentario del partido de gobierno.
Gutiérrez fue elegido con 88 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Avanza País, el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario (ambos bloques integrados por parlamentarios que habían sido parte de Perú Libre) y de congresistas no agrupados.
El caso Valquiria puso al descubierto los entretelones de la elección de Gutiérrez, en especial, el interés de la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides, de tener a un defensor del Pueblo que le asegurara una futura conformación de la JNJ que la absolviera de las investigaciones en curso por haber removido a la fiscal Bersabeth Revilla de la investigación fiscal contra su hermana, la jueza Enma Benavides, por presuntamente haber recibido sobornos de investigados por narcotráfico a cambio de su libertad.
Prueba de ello son los registros de las conversaciones vía Whatsapp entre Jaime Villanueva, entonces asesor de Benavides, y la agente especial ‘Roberto’, pseudónimo operativo de la congresista fujimorista Martha Moyano, de acuerdo con el libro ‘La Política del Escorpión’, del periodista Américo Zambrano.
“Tener un titular en esta institución es imprescindible porque lo que está en juego es algo mucho más importante que la misma Defensoría”, le dice Villanueva a la agente ‘Roberto’ en un mensaje. “Como sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo y, como la fiscal de la nación lo mencionó en su discurso, existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje de ser fiscal de la nación y los caviares retomen a controlar el MP. Si la JNJ la suspende, la nueva FN por antigüedad sería Zoraida Ávalos y eso significaría el retorno del vizcarrismo al MP. Es en este contexto que el defensor es muy importante porque es quien preside la comisión que elijirá (sic) a la nueva JNJ. Si se queda la señora que está ahora, la nueva junta también estaría tomada por caviares. Eso es lo peligroso y lo que está en juego realmente”, puntualiza Villanueva.
La candidatura de Gutiérrez tuvo el respaldo pleno de Fuerza Popular y otros partidos, cuyos correligionarios se han beneficiado con gestiones de la Defensoría del Pueblo bajo su mandato. La Defensoría ha presentado, por ejemplo, unos amicus curiae a favor de Vladimir Cerrón, de la expremier Betsy Chávez y del exministro Daniel Urresti (Podemos) en procesos judiciales.
Con respecto a los planes de Patricia Benavides, en efecto, la nueva conformación de la JNJ –cuyo proceso de selección fue liderado por Gutiérrez– la favoreció. En junio del año pasado, la JNJ anuló su destitución como fiscal de la nación y declaró nulo el proceso disciplinario que había desencadenado su remoción, por haber interferido en la investigación fiscal contra su hermana Enma. La JNJ ordenó reponer a Benavides no solo como fiscal suprema, sino también como fiscal de la nación.
Esa no ha sido la única decisión cuestionable de la actual JNJ. El 22 de enero pasado decidió no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez; y el 18 de marzo no ratificó al fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.
Inhabilitaciones concertadas
La coalición que controla el Congreso utilizó el instrumento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra dos fiscales supremas y dos miembros de la Junta Nacional de Justicia que han sido incómodos para sus intereses y los de sus aliados.
En junio de 2023, con 71 votos a favor, el Pleno inhabilitó por cinco años a la fiscal suprema Zoraida Ávalos por supuesta omisión de funciones cuando abrió una investigación, en 2022, al entonces mandatario Pedro Castillo y dejó pendientes las siguientes diligencias hasta que concluyera su mandato, de acuerdo a la Constitución.
La publicación de IDL-Reporteros titulada “Cómo Patricia Benavides compró los votos en el Congreso” detalló las acciones de Benavides y sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao para obtener los votos suficientes para lograr esa sanción contra Ávalos a cambio de impunidad en las investigaciones fiscales que estaban en curso contra congresistas y los líderes de sus partidos, además de otros beneficios.
En mayo de 2024, Zoraida Ávalos fue reincorporada al Ministerio Público, a través de un mandato judicial, después de estar varios meses fuera del cargo.
Al año siguiente, en diciembre de 2025, el Congreso inhabilitó por 10 años a la entonces fiscal suprema Delia Espinoza, por supuestamente haber aprobado un reglamento donde se incumplía con la Ley 32130, aprobada por el Congreso. Sin embargo, ella no fue ni la autora de ese reglamento ni aprobó esa directiva como fiscal de la nación.
Espinoza fue inhabilitada sobre la base de hechos falsos, con 71 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, APP, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, y de congresistas no agrupados.
Además de ello, el 23 de enero pasado, la JNJ destituyó a Espinoza por no haber acatado la decisión de la Junta que ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema tras anular su destitución.
Un juez constitucional, Fidel Torres Tasso, ordenó la reposición de Espinoza, pero la JNJ recurrió al Tribunal Constitucional –elegido por la coalición– para impedirlo y este le dio la razón. En un evidente conflicto de intereses, el mes pasado la JNJ suspendió por seis meses al juez Torres por haberle concedido una medida cautelar a Espinoza.
El 7 de marzo de 2024, el Congreso inhabilitó por 10 años a los entonces integrantes de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez, con los votos de las mismas bancadas que inhabilitaron a Zoraida Ávalos: Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza por el Progreso, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, Perú Bicentenario y el Bloque Magisterial.
Tanto Tello como Vásquez tenían a su cargo investigaciones contra la fiscal suprema Patricia Benavides, y durante su gestión la JNJ había hecho una purga de magistrados implicados en la trama de corrupción del caso Cuellos Blancos.
Inés Tello y Aldo Vásquez obtuvieron un fallo del Poder Judicial que anuló la inhabilitación del Congreso, pero el Tribunal Constitucional restableció la sanción contra ambos en mayo de 2024, a raíz de una demanda competencial presentada por el Congreso.
El Congreso también intentó inhabilitar a políticos que eran potenciales candidatos en las elecciones presidenciales. Se trata de Salvador del Solar, expremier del gobierno de Martín Vizcarra, y del expresidente Francisco Sagasti.
El 12 de marzo de 2025, la Comisión Permanente inhabilitó a Salvador del Solar por 5 años por la disolución del Congreso en 2019. Pero un mes después, el Pleno archivó esta sanción, ya que el plazo para acusarlo había vencido. Martín Vizcarra también fue inhabilitado por 10 años por la misma razón, en junio del año pasado.
El 30 de abril de 2025, el Pleno del Congreso votó por la inhabilitación de Sagasti por el presunto delito de abuso de autoridad y nombramiento ilegal en los cambios que realizó en la Policía durante su gobierno, en 2020. No alcanzaron a tener los votos suficientes.
Blindajes concertados
La coalición que controla el Legislativo ha archivado diligentemente las denuncias constitucionales contra la expresidenta Dina Boluarte, que van desde el caso Rolex hasta las muertes durante las protestas sociales en diciembre de 2022 y enero de 2023; la investigación ccontra el expresidente Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las manifestaciones sociales del 14 de noviembre de 2020; las investigaciones contra Patricia Benavides durante su gestión como fiscal de la Nación; así como las investigaciones contra el fiscal de la Nación Tomás Gálvez y el fiscal supremo Luis Arce por el caso Cuellos Blancos.
Estos casos fueron archivados en distintas instancias parlamentarias: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso.
A continuación, los cuadros de votación:
Expresidenta Dina Boluarte. (Infografía: Robinson Choquetaype)
La aprobación de las leyes ‘procrimen’
En 2023 y 2024, el Congreso aprobó un paquete de seis normas conocidas como las ‘leyes procrimen’, que debilitaron la capacidad del Estado para investigar y perseguir graves delitos de corrupción, el crimen organizado y la violencia criminal.
La primera fue la Ley 31751 (o “Ley Soto”), que recortó a un año el plazo de suspensión de la prescripción de los delitos, afectando especialmente los procesos de casos complejos de crimen organizado, lavado de activos y gran corrupción transnacional. Además, genera impunidad para los altos funcionarios públicos que gozan del antejuicio político –el presidente de la república, congresistas, ministros, los miembros de la JNJ y el TC, entre otros– porque los procesos penales no pueden avanzar hasta que el Parlamento apruebe las denuncias constitucionales en su contra.
La ley fue aprobada el 25 de mayo del 2023, con 81 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, APP, Podemos, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, Perú Bicentenario y de congresistas no agrupados.
Un año después de su aprobación, en 2024, la Corte Suprema sentó posición sobre la norma, a la que calificó como inconstitucional, y consideró que debía ser revisada por el Tribunal Constitucional o derogada por el Congreso. El Colegio de Abogados de Lima presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, que fue declarada infundada por mayoría de votos de ese tribunal en febrero de este año. El único voto en contra de este fallo fue el del magistrado Manuel Monteagudo.
Desde que la norma entró en vigencia, varios políticos han logrado que sus procesos penales se archiven apelando a ella. Figuran el congresista Alejandro Soto, el líder de Perú Libre Vladimir Cerrón, el exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, el expresidente Martín Vizcarra, el exjuez supremo César Hinostroza y el congresista Jorge Flores.
El 13 de marzo de 2024, el Congreso aprobó la segunda ‘ley procrimen’. Se trata de la Ley 31990, que debilita el proceso de colaboración eficaz al reducir a ocho meses el plazo para que las autoridades puedan hacer todo el proceso: desde la solicitud de colaboración, la corroboración de la información brindada por los aspirantes a colaboradores hasta el cierre del acuerdo o su denegación. Solo es posible tener una ampliación excepcional de hasta 8 meses adicionales en casos de crimen organizado.
El instrumento de la colaboración eficaz ha sido clave en grandes casos de corrupción y crimen organizado como el caso Lava Jato, en el que están involucrados varios partidos representados en el Congreso; y el caso Cuellos Blancos, que involucró a altos funcionarios públicos, magistrados y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (ahora JNJ).
La ley que debilita este instrumento fue aprobada con 89 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, APP, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos, el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Unidad y Diálogo Parlamentario y de congresistas no agrupados.
Unos meses después de la aprobación de esta ‘ley procrimen’, la Comisión Permanente del Congreso aprobó otra en julio de ese año: la Ley 32107, que declara la prescripción de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra perpetrados antes de 2002.
Esta norma, conocida también como la ‘ley de la impunidad’, fue una iniciativa de los congresistas Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, y José Cueto, de Renovación Popular, quienes actualmente postulan al Senado.
A raíz de esto, exfuncionarios públicos y militares implicados en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad presentaron solicitudes para acogerse a la ley. Hasta fines del mes pasado habían sido presentadas más de cuarenta solicitudes.
El Colegio de Abogados de Lima y el Ministerio Público presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, que fue declarada infundada en diciembre pasado. Sin embargo, el Poder Judicial ha inaplicado la norma en varios casos apelando al control de convencionalidad. El mes pasado, por ejemplo, el PJ resolvió inaplicar la norma en los casos El Frontón y esterilizaciones forzadas.
Por lo pronto, esta norma ha beneficiado al excandidato presidencial Daniel Urresti, del partido Podemos. El TC ordenó su liberación tras anular la condena de 12 años de prisión que el Poder Judicial le impuso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, el 20 de febrero pasado. Tras salir de prisión, anunció que había retornado a la política para apoyar a su esposa, Juanita Pastor, en su postulación al Senado.
En agosto de 2024, fue promulgada la cuarta ley procrimen: la Ley 32108, que redefine las organizaciones criminales y establece nuevos criterios para los allanamientos judiciales.
La ley fue aprobada en primera votación en el Pleno, en mayo de ese año, con 49 votos de las bancadas Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Acción Popular, Somos Perú, Podemos, el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Honor y Democracia, y de congresistas no agrupados. Fue aprobada finalmente en la Comisión Permanente en junio de ese año, con los votos favorables de las bancadas de Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País, Podemos, Bloque Magisterial y Honor y Democracia.
En diciembre de 2024 fue promulgada la quinta norma que debilita la lucha contra el crimen: la Ley 32181, que elimina la posibilidad de hacer detenciones preliminares en casos en los que no haya flagrancia delictiva. Además, establece impedimentos para solicitar detenciones preliminares y prisiones preventivas contra policías que hagan uso de sus armas o medios de defensa de forma reglamentaria.
La ley fue aprobada con los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, APP, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Podemos, el Bloque Magisterial y congresistas no agrupados.
Ese mes, el Congreso aprobó laLey 32182,que criminaliza y afecta la autonomía de los fiscales y jueces. La norma establece sanciones penales y administrativas para los magistrados que liberen a personas detenidas en flagrancia por delitos con penas superiores a cinco años.
La ley fue aprobada con 82 votos, de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, APP, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos, el Bloque Magisterial, Honor y Democracia, y de congresistas no agrupados.
Además de este paquete de leyes que debilitan la persecución del delito, el Congreso aprobó otra norma que impide el control de las economías ilegales. Se trata de la Ley 32537, que amplió el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto fue posible con los votos de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Acción Popular, Somos Perú y Podemos Perú.
Los partidos que controlan el Congreso aprobaron otra norma que los libera de ser procesados penalmente. Solo podrán ser sancionados administrativamente. Se trata de la Ley N° 32054, promulgada en junio de 2024, según la cual los partidos no podrán ser sujetos de disolución, suspensión o cierre de sus locales por la vía judicial.
Fue un proyecto impulsado por el congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, aprobado en el Pleno del Congreso con 84 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, APP, Acción Popular, Somos Perú, Podemos, el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Avanza País – Partido de Integración Social (PIS), y de congresistas no agrupados.
Tras la aprobación de esta norma, varios partidos políticos implicados en casos de corrupción y criminalidad organizada pidieron ser excluidos de los procesos penales en los que estaban en curso.
Como cierre de esta estrategia, la coalición de partidos que controla el Congreso aprobó en marzo del año pasado una norma que aumenta de manera desproporcionada la presión contra la sociedad civil e impone un riesgo de mordaza a organizaciones periodísticas independientes que en los últimos años han sido determinantes para revelar los mayores casos de corrupción de la historia reciente.
Se trata de la reforma de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que, entre otras cosas, vulnera los derechos de acceso a la justicia al prohíbir a las organizaciones independientes que reciben fondos de cooperación internacional utilizar esos recursos en la defensa legal de víctimas de abusos a los derechos humanos por parte del Estado, e incluso aplica sanciones draconianas bajo criterios ambiguos, como realizas “actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, el orden interno o perjudiquen la propiedad pública o privada”.
Esta norma fue aprobada con 70 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, APP, Acción Popular, Avanza País, Somos Perú, el Bloque Magisterial, Honor y Democracia, Bancada Juntos por el Perú, y Voces del Pueblo.
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