Paulo Cannabrava Filho
El 17 de abril de 2016, la Cámara de Diputados de Brasil protagonizó uno de los episodios más vergonzosos de su historia política. Bajo el pretexto de cumplir un rito institucional, lo que se vio fue un verdadero espectáculo de degradación del debate público, marcado por declaraciones vacías, apelaciones religiosas y homenajes inaceptables.
El resultado de 367 votos a favor y 137 en contra autorizó la apertura del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Más que números, ese resultado dejó al descubierto una correlación de fuerzas profundamente desigual: una mayoría conservadora imponiendo su voluntad sobre una minoría aislada, en un patrón que, lamentablemente, se ha repetido en la historia política del país.
La sesión, que se prolongó hasta las 23:50 de ese domingo, no estuvo marcada por un debate serio sobre fundamentos jurídicos, sino por discursos que invocaban a “Dios”, la “familia” e incluso la exaltación de figuras vinculadas a la represión. El entonces diputado Jair Bolsonaro llegó a dedicar su voto al coronel Brilhante Ustra, conocido por su actuación como torturador durante la dictadura militar —el mismo que comandó sesiones de violencia contra la propia Dilma cuando era presa política. Esa escena, por sí sola, sintetiza el nivel del debate que se instaló en el pleno.
La Cámara cumplió así su papel de autorizar el avance del proceso en el Senado, que el 12 de mayo decidió el apartamiento temporal de la presidenta por 55 votos contra 22. El 31 de agosto se produjo el desenlace: 61 votos contra 20 consolidaron su destitución definitiva. Nuevamente, una correlación de fuerzas aplastante que revela más que un juicio: evidencia una decisión política previamente delineada.
Lo que se consumó en ese proceso fue un caso típico de lawfare: el uso de las instituciones jurídicas y legislativas para conferir apariencia de legalidad a una operación de ruptura. Un golpe de Estado revestido de formalidad constitucional, conducido por una mayoría reaccionaria y conservadora que encontró en los instrumentos formales el camino para imponer su agenda.
Recordar aquel 17 de abril no es solo un ejercicio de memoria. Es comprender cómo se construye, bajo el barniz de la legalidad, la erosión de la democracia. Y, sobre todo, reconocer que la misma correlación de fuerzas que hizo posible aquel episodio sigue presente, moldeando los rumbos del país.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
