Por: José Montero, Diario Uno. Resumen Latinoamericano 20 de agosto de 2026.
En octubre de 2025, la Segunda Sala Penal Nacional condenó a Guillermo Bermejo a 15 años de prisión tras hallarlo culpable de mantener vínculos con remanentes del terrorismo. Sin embargo, lo que emerge de este fallo es un interrogante incómodo sobre la utilización selectiva del aparato judicial como instrumento político en democracia.
El caso Bermejo representa una encrucijada fundamental: ¿Cómo un político que fue absuelto en dos oportunidades anteriores termina condenado luego de que la Corte Suprema anuló esas sentencias? Bermejo fue investigado desde 2015 por presuntos vínculos con remanentes de Sendero en el Vraem, pero la investigación se abrió diez años después de los eventos cuestionados, ocurridos entre 2008 y 2009. Este lapso temporal genera dudas razonables sobre la integridad procesal. La arquitectura jurídica de la condena presenta debilidades significativas.
El abogado de Bermejo afirmó que se habla de reuniones posiblemente ocurridas hace más de una década, imputadas a personas posiblemente vinculadas a Sendero Luminoso, pero ninguna reunión específica es materia de imputación formal. Esta construcción probatoria revela un patrón problemático: la conversión de hipótesis en convicción judicial. El delito de afiliación terrorista requiere prueba fehaciente de membresía consciente y activa en una organización; las hipótesis y los testimonios de colaboradores eficaces —que a menudo tienen incentivos para inculpar— no constituyen evidencia suficiente en un sistema garantista.
La fundamentación de la sentencia pivota sobre especulaciones y conexiones indirectas, violando principios básicos del derecho penal moderno: la certeza, la proporcionalidad y la independencia judicial. Cuando los magistrados se niegan a cuestionar narrativas previamente construidas —a pesar de absolver una, dos, incluso tres veces— se configura una persecución sistemática disfrazada de juridicidad. Bermejo ha sostenido que el proceso en su contra es persecución política, afirmando que busca dejarlo fuera de las elecciones de 2026. Y la evidencia circunstancial respalda esta interpretación: la condena llegó precisamente cuando se configuraba su candidatura presidencial para los comicios 2026.
La izquierda política ha cuestionado duramente la decisión judicial, argumentando que la sentencia formaba parte de una estrategia que logró impedir que Bermejo participe en las elecciones presidenciales.
les. Sectores como Juntos por el Perú han expresado solidaridad, no por negar hechos, sino por cuestionar los mecanismos utilizados. La solidaridad con Bermejo no es complicidad con infracciones hipotéticas; es resistencia a la persecución política sistemática. Por eso reviste particular importancia el conversatorio que se realizará el 28 de agosto en Lima, que reúne a figuras políticas y académicas críticas con este fallo. La presencia de José Mercedes Castillo, senador hermano del expresidente Pedro Castillo —quien también enfrenta su propia persecución política sistemática— simboliza la convergencia de luchas contra el uso selectivo del poder judicial.
Junto a él, participarán Jaime Antezana, reconocido sociólogo y analista político crítico del régimen, y Ramiro Puelles,especialista en derecho penal que escribió hace apenas unas semanas un artículo cuestionando la condena de Bermejo, argumentando que ‘el fallo adolece de graves inconsistencias que comprometen los principios de legalidad, tipicidad y presunción de inocencia’. Al cumplirse 273 días en reclusión en máxima seguridad, Bermejo reiteró su inocencia y afirmó ser víctima de persecución político-judicial. Incluso retiró su pedido de gracia presidencial, un acto que expresa su rechazo a cualquier negociación con un aparato de poder que, según su perspectiva, busca su sometimiento político.
Este conversatorio no es mera actividad académica: representa la confirmación de una solidaridad política genuina, articulada por quienes comprenden Estado de Derecho se defiende únicamente cuando se cuestiona el abuso de poder, independientemente de las etiquetas políticas que se quieran imponer. El caso Bermejo expone una contradicción fundamental: mientras el Estado invoca la legalidad para encarcelar, se cuestiona la legitimidad de los procedimientos empleados. Una democracia genuina exige más que formalismos legales; requiere garantías sustantivas de justicia imparcial, presunción de inocencia y separación real de poderes
La verdadera amenaza democrática no emerge de la disidencia política de Bermejo, sino del uso del poder judicial como arma selectiva contra opositores. Cuando los jueces se convierten en brazos de persecución, la legalidad se desmorona. La solidaridad que expresarán Castillo, Antezana, Puelles y otros en este conversatorio no es concesión al populismo: es defensa del Estado de Derecho mismo.
CONVERSATORIO POR LA LIBERTAD DE GUILLERMO BERMEJO Viernes 28 de agosto | 6:30 p.m. | SITENTEL, Lima
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