Las cifras de la violencia revelan una tragedia cotidiana que afecta principalmente a mujeres, niños y jóvenes
Paulo Cannabrava Filho
Brasil vive una guerra civil no declarada. En 2024, el país registró 42.590 homicidios, un promedio de 117 asesinatos por día. En 2025, las intervenciones policiales provocaron 6.519 muertes, el equivalente a 18 muertes diarias. Aunque inferiores a las registradas en años anteriores, estas cifras siguen siendo incompatibles con cualquier idea de normalidad y revelan una realidad de violencia permanente.
No estamos ante hechos aislados. Las cifras revelan un patrón estructural de violencia que atraviesa toda la sociedad brasileña y afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
La situación de las mujeres es particularmente dramática. Según el Mapa Nacional de la Violencia de Género, en 2025 se registraron 33.999 violaciones de mujeres en Brasil, el equivalente a 187 víctimas por día. El mismo informe muestra que 418.218 mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia. De ellas, 292.970 sufrieron amenazas, 153.233 sufrieron lesiones corporales, 3.815 fueron asesinadas y 1.197 fueron víctimas de feminicidio. Estas cifras revelan una realidad alarmante y muestran que la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las más graves lacras sociales del país.
Los niños también figuran entre las principales víctimas de esta realidad. Gran parte de los casos de violencia sexual ocurre dentro del propio entorno familiar o entre personas cercanas a la víctima. Son crímenes que dejan huellas profundas y comprometen el desarrollo de generaciones enteras.
Otro aspecto alarmante es la letalidad policial. Las 6.519 muertes registradas en intervenciones policiales durante 2025 muestran que el país continúa apostando por un modelo de seguridad basado en la confrontación permanente. Combatir el crimen es necesario, pero la producción continua de muertes demuestra que la represión aislada no ha sido capaz de resolver el problema.
Es evidente que el crimen organizado debe ser combatido. Pero también es evidente que la violencia no será derrotada únicamente con más violencia. La experiencia de las últimas décadas demuestra que la represión, desacompasada de políticas sociales, produce resultados limitados.
La seguridad pública no puede reducirse a la acción policial. Es necesario fortalecer la inteligencia, la investigación y el combate a las estructuras financieras del crimen organizado. Pero también es indispensable invertir en educación, cultura, deporte, salud, vivienda y oportunidades de trabajo.
Ninguna sociedad construye una paz duradera únicamente mediante la fuerza. La verdadera seguridad nace de la inclusión social, de la reducción de las desigualdades y de la presencia efectiva del Estado en los territorios más vulnerables.
Las cifras revelan una realidad insostenible. Homicidios, violaciones, feminicidios y muertes derivadas de intervenciones policiales componen un cuadro de violencia estructural que compromete el presente y el futuro del país. No se trata solamente de una cuestión de seguridad pública, sino de una crisis social que exige respuestas amplias y duraderas.
El gran desafío nacional es sustituir la cultura de la muerte por una política de preservación de la vida. La seguridad pública debe tener como objetivo principal proteger a las personas, especialmente a las mujeres, los niños y los jóvenes, que figuran entre las principales víctimas de la violencia. Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que mata más, encarcela más o reprime más. Es aquel que salva vidas, previene la violencia antes de que ocurra y ofrece condiciones para que sus ciudadanos vivan con dignidad, seguridad y esperanza en el futuro.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
