Las sucesivas operaciones de la Policía Federal ponen al descubierto un sistema de captura del Estado y evidencian la necesidad de una profunda reforma política.
Paulo Cannabrava Filho
“Y si gritan ‘¡al ladrón!’, no queda ni uno, hermano mío[1].” El estribillo del célebre samba de Ari do Cavaco y Bebeto de São João parece describir el Brasil de nuestros días. Cada jornada, la Policía Federal revela nuevos escándalos financieros y amplía la lista de políticos involucrados en investigaciones. Son millones y millones de reales desviados mediante esquemas de corrupción que vacían las arcas públicas y deterioran la confianza de la sociedad en las instituciones.
Entre los casos más recientes figura el de Márcio Canella, de União Brasil en Río de Janeiro y candidato al Senado, detenido por porte ilegal de armas. Según las investigaciones, sería el brazo político de una red de estaciones de servicio vinculada al crimen organizado. También aparece el publicista Thiago Miranda, a quien le fue retenido el pasaporte. De acuerdo con la Policía Federal, mantenía una estructura de operadores digitales utilizada en las maniobras fraudulentas. En el mismo contexto figura el bloguero Paulo Figueiredo, aliado político de Flávio Bolsonaro.
Otro episodio de enorme gravedad involucra al presidente nacional del PL, Valdemar Costa Neto. Por decisión del ministro Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal, fueron bloqueados bienes por un valor de hasta 119 millones de reales. La investigación apunta al desvío de recursos provenientes de 21 enmiendas parlamentarias. Aunque no ocupa ningún cargo electivo, Valdemar habría intervenido en la definición del destino de esas enmiendas, una práctica que, según la resolución judicial, carece de respaldo legal.
También aparecen en la investigación el líder del PL en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante, de Río de Janeiro, y los diputados Luiz Carlos Motta, de São Paulo, y Capitán Alden, de Bahía. Todos ellos habrían presentado enmiendas cuya asignación habría sido solicitada por Valdemar Costa Neto. Los recursos beneficiarían a municipios como Suzano y Ubatuba, en São Paulo, e Itaguaçu, en Bahía, utilizando fondos de las comisiones de Salud y de Turismo de la Cámara de Diputados.
Valdemar Costa Neto ya fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en el escándalo del Mensalão. Ahora vuelve a situarse en el centro de una investigación que cuestiona el manejo de las enmiendas parlamentarias. Para el ministro Flávio Dino, carece de toda legitimidad que una persona sin mandato parlamentario intervenga en la asignación de recursos públicos. La Operación Transparencia sostiene que esas indicaciones provocaron un grave perjuicio al erario mediante la asignación fraudulenta y el posterior desvío de fondos. La defensa de Valdemar afirma, por su parte, que la decisión del ministro se basa en premisas frágiles y rechaza las acusaciones.
Más allá del desenlace judicial de cada caso, la sucesión de escándalos revela un problema estructural de enorme magnitud. El presupuesto público no puede seguir subordinado a intereses privados ni convertirse en moneda de cambio para la negociación política. Es indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia, dotar de mayores atribuciones a los órganos de control y garantizar que todo desvío de recursos públicos sea investigado y sancionado con pleno respeto al debido proceso legal.
Por encima de todo, esta cadena de escándalos demuestra que Brasil necesita mucho más que operaciones policiales y sentencias judiciales. El país requiere un verdadero proyecto nacional de desarrollo integrado y sostenible que vuelva a colocar al Estado al servicio de la sociedad y del interés público. Ese proyecto pasa, necesariamente, por una profunda reforma política que fortalezca la representación popular, garantice la transparencia en la gestión de los recursos públicos, discipline el sistema de enmiendas parlamentarias y reduzca la influencia del poder económico sobre las instituciones. Solo con instituciones sólidas, planificación estratégica y una democracia auténticamente representativa será posible romper el ciclo de la corrupción, construir un Estado eficiente y promover un desarrollo que beneficie a toda la nación.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
