No fue solo un intento, fue la práctica concreta de acciones golpistas contra la voluntad popular
Paulo Cannabrava Filho*
El 8 de enero cumple tres años como una fecha que no puede —y no debe— ser olvidada. Lo ocurrido ese día suele ser llamado una “tentativa de golpe”, pero esa expresión resulta insuficiente para dar cuenta de la gravedad de los hechos. No se trató apenas de una intención frustrada, sino de la realización concreta de acciones golpistas, planificadas y ejecutadas con el objetivo de romper el orden constitucional e impedir el cumplimiento del resultado electoral.
Esas acciones tenían como horizonte la permanencia de un gobierno militar, en abierta desobediencia a las elecciones que dieron la victoria al campo adversario y a la amplia coalición que apoyó a Luiz Inácio Lula da Silva. Se trataba de un proyecto de poder con nítido carácter fascista y militarizado, en el cual cargos estratégicos del Estado —en las más diversas jerarquías— fueron ocupados por militares. Un centenar de ellos, elevados a funciones para las que no tenían preparación técnica ni compromiso republicano, demostró incompetencia administrativa, desprecio por la legalidad y subordinación acrítica a una lógica autoritaria de mando y obediencia.
Esa incompetencia no fue neutra ni accidental: se tradujo en la destrucción deliberada de políticas públicas, en el vaciamiento de órganos civiles del Estado, en el abandono de áreas estratégicas como salud, educación, ciencia, cultura y medio ambiente, y en el sabotaje sistemático de mecanismos de protección social construidos a lo largo de décadas. La militarización del gobierno funcionó, así, como instrumento de regresión institucional y de desmontaje del propio Estado nacional.
Recordar el 8 de enero es un deber histórico. La memoria de esos hechos no tiene un carácter ritual ni meramente simbólico. Es necesaria para comprender la dimensión del riesgo que el país corrió —y para impedir cualquier intento de reescribir o minimizar lo ocurrido.
Pero la memoria, por sí sola, no basta. Para que realmente nunca más ocurra, es preciso enfrentar las raíces profundas que permiten la reincidencia de proyectos autoritarios. Eso exige una transformación estructural: la realización de una verdadera Revolución de Liberación Nacional, capaz de construir un país soberano, independiente y comprometido con los intereses de su pueblo.
Sin soberanía no hay democracia plena. Sin independencia, las instituciones permanecen vulnerables a presiones internas y externas que corroen la voluntad popular. El 8 de enero, tres años después, sigue siendo una advertencia ineludible y un llamado a la acción consciente, política e histórica.
