Por Geraldina Colotti. / Resumen Latinoamericano
Hay un país en América Latina donde la motosierra –y en sentido literal– no la empuñan los presidentes “locos”, fanáticos de Trump y del Fondo Monetario Internacional, como Milei en Argentina, sino los campesinos y las comunidades indígenas, que la usan para talar árboles y así bloquear las carreteras a la llegada de los militares. Se trata de Panamá, una región de Centroamérica atravesada por una ola de huelgas y protestas, que continúan a pesar de la feroz represión. Los sindicatos comenzaron a movilizarse el pasado 28 de abril, principalmente contra la Ley 462, que reforma el sistema de seguridad social (Caja de Seguro Social – CSS), vista como un intento de privatización y ataque a las pensiones por parte del gobierno neoliberal de José Raúl Mulino.
La fuerza motriz principal han sido los trabajadores de las plantaciones de banano (como los de Chiquita, representados por Sitraibana), pero pronto se les unieron maestros, trabajadores de la construcción y otros sectores afectados por las políticas gubernamentales y la subordinación a un modelo económico que prevé el sometimiento de los intereses nacionales a los de los grandes monopolios occidentales. Las protestas, de hecho, también denuncian la explotación de las minas y la venta del país a grandes empresas extranjeras, principalmente norteamericanas.
El pueblo panameño organizado también rechaza el acuerdo de entendimiento firmado con Estados Unidos sobre la cooperación en materia de seguridad durante la visita del Secretario de Defensa de la administración Trump, Pete Hegseth. Se lucha contra la reapertura de la mina Cobre Panamá (First Quantum Minerals Ltd) y contra los “reservorios multipropósito” para el canal interoceánico, que implican proyectos de construcción de nuevas presas y embalses a lo largo de los ríos que alimentan el Canal, como el río Indio.
A estas reivindicaciones se suman otras históricas, que se refieren a problemas estructurales y que indican una profunda crisis económica, política y social: conciernen a la educación y la sanidad pública, las infraestructuras viales, la lucha contra la corrupción y la desigualdad social, en un país que, en esencia, ha permanecido como una de las «repúblicas bananeras» del siglo XX.
Lo demuestra la importancia de Chiquita Brands International, de la que depende la economía de la provincia de Bocas del Toro, predominantemente bananera. La pobreza en Bocas del Toro no es solo económica, es estructural, histórica y política. Datos oficiales de 2024 muestran que, después de las comarcas (territorios indígenas autónomos), la provincia caribeña es la que presenta la mayor pobreza multidimensional: es decir, problemas de hambre, falta de electricidad, escuelas que no funcionan, agua potable que nunca llega y una larga lista de promesas incumplidas.
Aunque Chiquita Brands International tiene profundas raíces históricas en Estados Unidos (como heredera de la United Fruit Company, una compañía norteamericana fundada en Boston), y mantiene una fuerte presencia y una marca reconocible en EE. UU., actualmente su sede principal está en Suiza. Después de ser adquirida en 2015 por un consorcio brasileño (compuesto por las empresas Cutrale y Safra), Chiquita Brands International trasladó su cuartel general a Étoy, Suiza.
Sin embargo, la multinacional sigue siendo un distribuidor líder de banano en Estados Unidos y mantiene grandes intereses en el país, con una importante actividad en Fort Lauderdale, Florida. Durante las huelgas, Chiquita ha despedido a la casi totalidad de sus empleados en Panamá (más de 6.000 trabajadores), y ha declarado su intención de cesar las actividades “debido a la parálisis prolongada de sus operaciones”.
En primera fila unificando las movilizaciones está el Suntracs, un sindicato histórico (fundado el 10 de septiembre de 1972), actor fundamental dentro de la Coordinadora de Unidad Sindical (Conusi), la federación sindical considerada entre las más radicales de Panamá. El Suntracs es fuerte principalmente en el sector de la construcción, un sector estratégico para la economía panameña (pensemos en la construcción del Canal y todos los grandes proyectos de infraestructura relacionados).
En 2014, en el marco del proyecto de expansión del Canal, el sindicato convocó una huelga de dos semanas, obteniendo un significativo aumento salarial. También ha organizado luchas importantes dentro de un frente amplio contra la privatización de los servicios públicos (como el Frenadeso – Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales), y ha hecho de la batalla contra las reformas de la seguridad social, una bandera, y no desde hoy.
También es constante el compromiso antimperialista contra la influencia de Estados Unidos, aún más inminente y omnipresente después de las amenazantes declaraciones de Trump, quien ha expresado repetidamente su intención de querer “recuperar” el Canal de Panamá, o en todo caso de ejercer un control total sobre la zona.
Cabe recordar que el importante nudo comercial y geopolítico del Canal de Panamá está bajo el control y la soberanía plenos del gobierno panameño desde el 31 de diciembre de 1999, según lo establecido por los tratados Torrijos-Carter, y sus operaciones son gestionadas por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Con la habitual retórica victimista, tendente a hacer aparecer a los superricos de su círculo como los eternos perjudicados por un progresismo inepto, incapaz de hacerse valer, el magnate sostiene, ahora, que la transferencia del Canal a Panamá, mediante los tratados firmados por Jimmy Carter en 1977, fue un “regalo tonto” y mal gestionado que resultó en una penalización comercial para EE. UU., afectados por un peso excesivo por el uso del canal, que ellos mismos habían construido.
Trump también señala una supuesta hegemonía de China sobre el canal, considerada una amenaza para la seguridad nacional y los intereses económicos de Estados Unidos. A pesar de la retórica utilizada por el presidente Mulino y algunos de sus funcionarios, que han apelado a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la soberanía de otro estado, Panamá está claramente posicionado en el campo de los gobiernos subordinados a EE. UU. en América Latina.
Y muchos recuerdan que la amenaza de Trump se basa en antecedentes históricos reales y no tan lejanos en el tiempo, como la invasión de diciembre de 1989 – la Operación Just Cause – ordenada por el entonces presidente George H.W. Bush. Con la captura de Noriega, que había osado dar la espalda al amo norteamericano, EE. UU. lanzó una advertencia, bien recibida por los presidentes que vinieron después, y que los USA tuvieron mucho cuidado de no dejar escapar otra vez.
La posición del actual, Mulino, elegido el año pasado, no ha dejado dudas sobre las políticas que está llevando a cabo en el continente cuando se apresuró a recibir al nuevo autoproclamado “ganador de las elecciones” del 28 de julio de 2024 en Venezuela, Edmundo González Urrutia, candidato de cartón de la golpista María Corina Machado.
Y por esto – ha denunciado Marina Mesure, diputada de La France Insoumise en el Parlamento Europeo –, la Unión Europea, a pesar de ser Panamá un socio activo en iniciativas regionales de la UE en áreas como el medPANAio ambiente, el cambio climático y la transformación digital, guarda silencio sobre los acontecimientos panameños, sobre la represión que afecta los derechos de los trabajadores y la represión. Mesure también ha acusado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Panamá es parte, de guardar silencio sobre la persecución de la que son víctimas los trabajadores y dos conocidos dirigentes sindicales, como Saúl Méndez, actual secretario general del SUNTRACS, y su predecesor, Genaro López.
El primero ha tenido que buscar refugio en la embajada de Bolivia en Ciudad de Panamá, donde está recibiendo “protección temporal” mientras su solicitud es analizada por el Consejo Nacional de Refugiados de Bolivia. El segundo, inicialmente arrestado y trasladado al centro penitenciario La Nueva Joya, ahora está bajo arresto domiciliario.
