Con una tasa del 14,75%, el gasto en intereses se dispara, la deuda se duplica en una década y paraliza las inversiones en medio de la crisis internacional
Paulo Cannabrava Filho
Brasil sigue prisionero de una política económica que prioriza al sistema financiero en detrimento de la producción y del bienestar de la población. Con la tasa de interés mantenida en el 14,75%, el costo de la deuda pública ya supera el billón de reales, consumiendo una porción creciente de las riquezas nacionales.
En 2025, el país destinó el 7,9% del PIB al pago de intereses, porcentaje que debe alcanzar el 8% en 2026, muy por encima del promedio histórico del 6%. Se trata de una trayectoria insostenible que no solo desborda cualquier meta fiscal, sino que tampoco presenta un horizonte de reversión. En apenas diez años, la deuda pública pasó de 5 billones a 10 billones de reales, alcanzando el 78,7% del PIB —un crecimiento que refleja directamente la subordinación de la política económica a los intereses del capital financiero.
Esta lógica impone un doble estrangulamiento: el Estado se endeuda para sostener la maquinaria financiera, mientras que la población es empujada al endeudamiento. Hoy, cerca del 80% de los brasileños conviven con deudas, y el nivel de morosidad alcanza niveles alarmantes. La economía real siente el impacto inmediato de esta política, con retracción del consumo, caída de las inversiones y aumento de la inseguridad económica.
En el sector productivo, especialmente en el agronegocio, las señales de desaceleración son evidentes. El aumento significativo del diésel —que llega a registrar alzas cercanas al 50% en algunas regiones—, sumado al encarecimiento de los fertilizantes y al elevado costo del transporte, compromete la rentabilidad e inhibe nuevas inversiones. Frente a un escenario en el que las cuentas no cierran, la tendencia es pisar el freno.
La coyuntura internacional agrava aún más este cuadro. El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, y los ataques a países del Golfo, aliados de Estados Unidos, impactan directamente en la oferta global de energía y presionan los precios. El resultado es el aumento de los costos internos en países dependientes de derivados, como Brasil.
Aunque es exportador de petróleo crudo, Brasil sigue dependiendo de la importación de gasolina, diésel y queroseno. La venta de refinerías en los últimos años profundizó esta vulnerabilidad, obligando al país a importar derivados en un volumen muy superior al que sería necesario si mantuviera su capacidad de refinación. Se trata de una decisión política que compromete la soberanía energética y agrava los efectos de las crisis externas.
El panorama que se configura es el de una economía paralizada, sometida a los intereses del sistema financiero, vulnerable a las oscilaciones internacionales e incapaz de sostener un proyecto consistente de desarrollo. Sin enfrentar la lógica de los altos intereses y sin recuperar instrumentos estratégicos como la refinación del petróleo, el país seguirá rehén de una dinámica que concentra la renta, amplía las desigualdades y bloquea el futuro.
Ante este escenario, se impone la urgencia de un proyecto de salvación nacional. En un año electoral, se abre una ventana decisiva para renovar la representación política y reencaminar al país hacia el desarrollo. Es hora de elegir dirigentes comprometidos con la soberanía, con la producción y con el interés nacional, capaces de romper con la lógica rentista y reconstruir las bases de un proyecto que devuelva a Brasil la capacidad de decidir su propio destino.
