Claudia Couso
Este 24 de marzo, las calles de Argentina y del mundo se llenaron de gente que recuerda los 50 años del último golpe cívico-militar.
Al principio se hablaba de “dictadura militar”, pero con el tiempo esa denominación se fue resignificando al entender que no fue una iniciativa exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino que contó con la participación activa, el apoyo fundamental y la planificación conjunta de importantes sectores civiles de la sociedad. Así, sectores empresariales participaron en la planificación del golpe, diseñaron el modelo económico y ocuparon ministerios clave (principalmente Economía). Algunos empresarios, como los de Ford o el Ingenio Ledesma, instalaron centros clandestinos de detención en sus fábricas para reprimir a sus propios trabajadores. También la jerarquía eclesiástica brindó apoyo ideológico y legitimidad al régimen, así como algunos sectores políticos y sociales.
La dictadura cívico-militar argentina no actuó en soledad, sino que fue una pieza central del Plan Cóndor, un sistema de coordinación represiva que, entre mediados de los años setenta y principios de los ochenta, unió a las dictaduras del Cono Sur con el apoyo tecnológico y la complicidad de Estados Unidos, y convirtió a América Latina en un territorio sin garantías para quienes fueran señalados por los diferentes regímenes imperantes.
La dictadura argentina fue comandada por juntas militares que representaban a cada una de las Fuerzas Armadas. Se inició el 24 de marzo de 1976 y se mantuvo en el poder hasta 1983, año en el que un gobierno socavado por la derrota militar en Malvinas se vio obligado a llamar a elecciones.
Es conocida la historia que vivió el país durante esos más de siete años, en los que la suspensión de todas las garantías institucionales dio lugar a un escenario donde prevalecieron las muertes, la desaparición forzada de personas y la apropiación de niños.
Hablamos de 30.000 desapariciones. Si bien el primer relevamiento oficial fue realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y documentó 8.961 casos de desaparición forzada, la propia comisión aclaró que ese número no era definitivo: surgía de los testimonios recibidos en apenas nueve meses, en un país que salía de ocho años de dictadura. Paralelamente, se crearon comisiones provinciales como complemento o alternativa a la CONADEP, que respondían a dinámicas políticas y sociales locales y fueron sumando denuncias a esas desapariciones documentadas. Así, la cifra de 30.000 desaparecidos no surgió de un registro único, sino como una estimación de los organismos de derechos humanos ante la imposibilidad de contar con datos oficiales de los perpetradores, ya que un pacto de silencio hizo que los responsables del terrorismo de Estado no reconocieran los crímenes que llevaron adelante. La cifra de 30.000 fue, entonces, una estimación que con el tiempo se convirtió en consigna, bandera y símbolo de la lucha por memoria, verdad y justicia.
Por otra parte, la CONADEP, que tuvo como uno de sus productos finales el “Informe Nunca Más”, no solo aportó insumos a la justicia argentina, sino que además le acercó a la sociedad una historia que hasta entonces solo se contaba en voz baja.
Ya restaurada la democracia, con avances y retrocesos, el país tuvo actuaciones ejemplares que permitieron exorcizar los hechos de ese período. Entre los avances destacan los memorables juicios a las juntas militares, primera vez en el ámbito internacional en que un tribunal de jueces civiles, aplicando el Código Penal, juzgaba a las máximas autoridades de un gobierno de facto por los crímenes cometidos. Muchos años después, otro gobierno impulsó la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, lo que permitió procesar a cientos de militares y civiles, marcando un hito en la política de derechos humanos en Argentina que complementó el alcance de los juicios anteriores. Es interesante señalar que ambas instancias jurídicas fueron impulsadas por gobiernos de diferente signo político, dando cuenta del compromiso de gran parte del arco político argentino frente a este tema.
Hubo también diversas políticas públicas que buscaron preservar la memoria (recuperación de espacios que fueron centros clandestinos de detención y su conversión en espacios de Memoria, creación del Archivo Nacional de la Memoria, entre otras), programas de reparación (compensaciones económicas a personas que habían estado detenidas) y de restitución de identidad (con un banco de datos genéticos que almacena perfiles de ADN de familiares de desaparecidos para cotejar con quienes dudan de su identidad).
Desde lo social, Argentina tuvo en Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y muchísimas otras organizaciones de derechos humanos un capital social que le permitió mantener viva la memoria y recordarles a los sucesivos gobiernos que esa era una herida que seguía abierta y que no demandaba rencor, sino más bien justicia, y que aquel proyecto que se había intentado imponer dejara la menor cantidad de huellas posibles. Impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo, surgió también el Equipo Argentino de Antropología Forense, que en principio tuvo como objetivo encontrar a los nietos apropiados durante la dictadura, pero que trascendió ampliamente aquello para lo que fue creado: ha logrado localizar casi 1700 cuerpos en los países de la región y ha intervenido en los casos más emblemáticos de la historia reciente a nivel global, como los de los muertos en Malvinas, los estudiantes de Ayotzinapa, e incluso ha brindado colaboración a la Corte Penal Internacional en casos de crímenes de guerra.
En la cultura, también Argentina ha tenido una fuerte reacción a la dictadura: se puede armar una densa biblioteca con textos académicos y ficciones literarias que remiten a ese momento histórico, revelando el miedo que se vivía, la corrupción imperante y los atroces crímenes que se cometieron. En el cine hay muchas películas que también abordan el tema. “La historia oficial” —que cuenta la historia de una familia que se apropia de un bebé de desaparecidos— le dio el primer premio Oscar al país. Pocos meses antes del triunfo de Milei, otra película que narraba el Juicio a las Juntas Militares, “Argentina, 1985”, no solo ganó premios internacionales, sino que logró llenar cines en una época en que las plataformas ya habían vaciado las salas cinematográficas.
En definitiva, la sociedad argentina encontraba en los derechos humanos un aspecto fundamental para pensar la vida política y el país.
Y por eso, hace casi tres años, sorprendió el triunfo de Javier Milei. Sorprendió en primer lugar, por llevar a una conocida admiradora de Jorge Videla a la vicepresidencia; y también porque en sus posturas sobre la democracia y los hechos ocurridos en la última dictadura militar repetía los argumentos de Massera, integrante de la primera junta militar y uno de los principales genocidas. Más sorprendió aun cuando muchos de esos argumentos y formas de ver la realidad se hicieron carne en parte de la población.
Ya en los debates presidenciales, Javier Milei había cuestionado el número de desaparecidos, dijo no estar de acuerdo con “los curros de los derechos humanos” y acusó a estas organizaciones de usar la causa “para ganar plata, hacer negocios turbios”. En consonancia con eso, implementó un fuerte desmantelamiento de las áreas estatales vinculadas a los derechos humanos: degradó la Secretaría de Derechos Humanos, cerró organismos clave como la CONADI (Comisión Nacional por el derecho a la identidad) y eliminó el Ministerio de las Mujeres y el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación). Impulsó una narrativa oficial conocida como “memoria completa”, que equipara la violencia de la dictadura con la de las organizaciones armadas de los años 70, cuestionando el consenso histórico sobre el terrorismo de Estado.
Así, muchos sectores tildan al gobierno de negacionista y dicen que trata de ocultar el horror de esos años nefastos, pero más bien se podría considerar que lo que en realidad hace es reivindicar ese período nefasto de nuestra historia.
Por eso, cuando este martes 24 de marzo las calles se llenaron de gente que recordó los 50 años del inicio de la última dictadura, la sorpresa fue más que grata. Que en un país donde triunfa la ultraderecha, la gente salga a condenar ese pasado que hoy se pretende reivindicar siempre es una buena noticia. La manifestación fue multitudinaria, al punto que, desde el escenario, al finalizar el acto, las locutoras arriesgaron un número de un millón de personas en las calles. Ningún medio de comunicación, en general cercano al gobierno, lo desmintió.
Hoy solo quedan apenas tres Madres de Plaza de Mayo y un par de Abuelas. Todas tienen más de 90 años, pero sus pañuelos blancos florecen y sus colores inundan a gran parte de la gente que sigue gritando fuerte “Nunca más”.
