Crisis institucional, disputa política y la urgencia de un código de ética
Paulo Cannabrava Filho
El Supremo Tribunal Federal atraviesa un momento delicado. La situación del ministro Dias Toffoli se volvió políticamente insostenible tras el desgaste generado por la relatoría del caso Banco Master. Aunque sus pares reconocen que realizó un trabajo técnico consistente —que será plenamente aprovechado— el aislamiento interno se hizo evidente. Ninguno de los demás ministros salió públicamente en su defensa, y en el Senado se acumulan pedidos de juicio político contra miembros de la Corte. En año electoral, el clima es explosivo.
La crisis adquirió contornos aún más ásperos con la actuación de la prensa hegemónica, que promovió un verdadero linchamiento público del ministro, explotando detalles de su vida privada y transformando sospechas en condenas anticipadas. El debate dejó de ser estrictamente jurídico para convertirse en espectáculo político-mediático. En lugar de contribuir a un esclarecimiento sereno de los hechos, parte de la cobertura pareció orientada por una lógica de desgaste personal, ampliando la presión institucional sobre la Corte.
La sustitución de la relatoría, definida por sorteo y asignada a André Mendonça, no cierra la crisis —apenas la desplaza. Toffoli niega cualquier irregularidad y afirma que jamás recibió recursos ni del banco ni de su controlador. Pero, políticamente, el daño ya estaba hecho. El propio presidente Lula habría evaluado que el episodio contaminaba el ambiente del gobierno en un momento en que la oposición se encuentra movilizada y vigilante.
Paralelamente, en el Senado, el presidente Davi Alcolumbre se mueve. La eventual apertura de una vacante en el Supremo siempre despierta intereses. Se habla de la posibilidad de indicar al senador Rodrigo Pacheco, lo que desencadenaría un reacomodamiento político que también involucraría el nombre de Jorge Messias, ya indicado para otra silla aún pendiente. Se junta el hambre con las ganas de comer: crisis jurídica se convierte en oportunidad política.
Mientras tanto, el clima general de judicialización avanza incluso sobre el carnaval. El intento de suspender el samba-enredo de una escuela de Niterói que homenajea a Lula fue frenado por el Tribunal Superior Electoral, pero la ministra Cármen Lúcia advirtió que el carnaval no puede servir como escenario para ilícitos electorales. La decisión fue unánime al suspender la prohibición, pero la advertencia permanece. En otros tiempos —incluso bajo dictadura— el carnaval fue espacio de crítica y resistencia. Ahora, cada manifestación cultural es examinada bajo la lupa jurídica.
Ante este escenario, el presidente del Supremo, Edson Fachin, tiene razón al proponer la adopción de un código de ética para la Corte. La iniciativa cuenta con el respaldo de sectores de la sociedad civil organizada, que ven en la medida un intento de blindar la institución frente a sospechas, disputas internas e instrumentalizaciones políticas. La Corte necesita reafirmar parámetros claros de conducta para preservar su autoridad.
El Supremo debe salir de esta crisis más fuerte, no más frágil. Transparencia, reglas claras y distancia de disputas circunstanciales son fundamentales para preservar su legitimidad. En año electoral, cualquier fisura institucional se amplifica. El momento exige prudencia —y también coraje para reformar lo que necesita ser reformado.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
