Etica, protagonismo
y democracia en año electoral
La reapertura del Poder Judicial expone el debate sobre los límites éticos en el STF, el papel institucional de la Corte y la articulación entre los Poderes ante las exigencias del calendario electoral y la defensa del Estado Democrático de Derecho
Paulo Cannabrava Filho
La reanudación de los trabajos del sistema judicial, tras el receso, volvió a colocar al Supremo Tribunal Federal en el centro del debate político e institucional. Ya en la apertura del año, dos intervenciones llamaron la atención no solo por su contenido, sino por la señal que envían sobre el momento que vive la democracia brasileña.
El presidente del Supremo, Edson Fachin, insistió en la propuesta de creación de un código de ética para los magistrados de la Corte, llegando incluso a designar a la ministra Cármen Lúcia como relatora del proyecto. Al defender que la institución debe situarse por encima de los individuos, Fachin toca un punto sensible: la necesidad de contener la excesiva personalización de la actuación de los ministros, cada vez más expuestos y protagonistas en el espacio mediático, en detrimento de la imagen institucional del Supremo.
Según informaciones de bastidores, existe una mayoría favorable a la propuesta, aunque ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli y Gilmar Mendes presentan resistencias. Aun así, el discurso de Fachin fue claro al vincular ética judicial y democracia: “Si los tiempos exigen más de nosotros, seamos mayores que los desafíos. Mientras la magistratura brasileña permanezca íntegra y firme, la democracia permanecerá en pie con plena legitimidad”.
En la misma línea, Cármen Lúcia fue aún más explícita al proyectar 2026, año de elecciones generales, como una prueba decisiva para el comportamiento de la magistratura. Defendió rigor, transparencia e intolerancia absoluta frente a cualquier desvío ético, recordando que la conducta de los jueces no es un asunto corporativo, sino un pilar de la confianza pública en el sistema de Justicia.
Este movimiento recibió un refuerzo externo con la iniciativa de la Orden de los Abogados de Brasil, que presentó al Supremo una minuta de código de ética como contribución institucional. El gesto es políticamente relevante: la abogacía, parte interesada y observadora privilegiada del funcionamiento del Poder Judicial, reconoce la necesidad de límites éticos claros y de mecanismos de control, incluso en el más alto tribunal del país.
Otro hecho fuera del guion tradicional fue la intervención del presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, en la apertura del año judicial. No es habitual que el jefe del Poder Ejecutivo se pronuncie en esta ceremonia, y la decisión de Lula tuvo un fuerte peso simbólico. Destacó la unión entre el Ejecutivo y el Judicial para derrotar el intento golpista y afirmó que las condenas fueron necesarias para preservar el Estado Democrático de Derecho, subrayando la fortaleza y la independencia de las instituciones.
Lula también aprovechó la ocasión para insertar el debate en el contexto internacional, mencionando la respuesta brasileña a la crisis arancelaria provocada por Donald Trump, que resultó en tarifas del 50% posteriormente revertidas. Al hacerlo, vinculó la defensa de la democracia interna con la soberanía del país en el escenario externo.
La reapertura del Poder Judicial, por lo tanto, no se limita a un ritual administrativo. Expone un debate de fondo: cómo fortalecer las instituciones sin blindarlas frente a la crítica, cómo exigir ética sin corporativismo y cómo garantizar que el protagonismo necesario del Supremo no se transforme en personalismo. En un año electoral, esta discusión deja de ser accesoria y se vuelve central para la propia estabilidad democrática.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
