85 agresiones contra el periodismo en los ultimos dias.
Silvia Bardales Q. Wayka Perú. Resumen Latinoamericano 26 de setiembre de 2025
Las manifestaciones sociales que surgieron en rechazo a la Ley N° 32123, conocida como la ‘Ley pro AFP’ y promovida por el actual Congreso, han vuelto a evidenciar las vulneraciones a los derechos humanos de la ciudadanía y de los periodistas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha documentado 85 casos de agresiones policiales contra civiles y periodistas solo durante las dos últimas protestas de la llamada generación «Z».
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) registró 18 diferentes ataques con la prensa.
Entre esos casos, destaca la agresión al fotoperiodista de Wayka, Juan Zapata, quien ha sido víctima, en diferentes ocasiones, de empujones, golpes y perdigones por parte de policías. Los últimos ataques ocurrieron mientras trabajaba cubriendo las movilizaciones en el centro de Lima el 20 y 21 de septiembre.
Testimonio: La violencia de la represión policial
«El domingo fue con todo. No sé cómo no murió nadie». Así describe Juan Zapata la brutalidad que vivió durante la marcha contra las AFP. Relata dos agresiones directas que sufrió, una el sábado 20 y otra el domingo 21, esta última mucho más grave. El sábado, los policías «solo molestaban como a todos, o sea, no te dejaban trabajar». Sin embargo, el domingo la situación escaló a un nivel alarmante. «Me pegaron entre dos, uno me empujó y luego me golpearon, antes de eso yo estaba grabando a la gente», afirma el periodista. La cámara del fotógrafo Juan Mandamiento, quien también fue agredido, capturó el rostro de uno de los policías que los violentó. Se trata del suboficial de tercera W. Huanhuayo T.
El ataque policial del domingo ocurrió en el Jirón Leticia, cerca de la Avenida Abancay, donde la policía encerró a los manifestantes, impidiéndoles el paso y retirándolos con golpes. Mientras grababa la represión policial, un agente empujó por la espalda a Zapata y lo golpeó varias veces con sus bastones o palos. «Fue una patada y un palo entre los dos. Y ahí -en el video- hay uno más a su lado, me mete un golpe más», denunció. La agresión fue tan violenta que su dron, que llevaba en un estuche, se cayó y resultó dañado. “El dron sale disparado del estuche porque me estaba golpeando en la pierna donde está mi cámara, creo que lo hizo a propósito». Estas agresiones no son hechos aislados, sino un patrón en el uso desproporcionado de la fuerza policial que Juan ha visto repetirse en otras marchas. La violencia se ha normaliza»la policía usa la fuerza sin sentido común», advierte el periodista de Wayka.
Juan también fue testigo de la brutalidad policial contra otros colegas y ciudadanos. Menciona los casos del fotógrafo Juan Mandamiento, el periodista Cristhian Ortiz, de Contra Noticia, agredidos con perdigones. Así como también, vio el hostigamiento a la periodista Gabriela Coloma de La República a quien le quitaron su teléfono. «A todos, o sea, no hay diferencia, si estás en el medio (de la manifestación) te cae», señaló. Los periodistas son agredidos sin distinción de medio, nacionalidad o género, lo que evidencia la falta de respeto de la Policía por el trabajo de la prensa.
Este no es el primer episodio de agresión contra Zapata. En 2023, tras ser agredido en una marcha anterior donde casi le fracturan la nariz, Juan puso su denuncia, pero fue archivada, un proceso que describe como «un esfuerzo enorme» sin resultados a pesar de haber asistido a todas las audiencias. «Sé que no va a pasar nada», afirma, reconociendo la ineficacia del sistema de justicia para procesar a los agentes responsables.
Su relato no es solo un testimonio individual, sino el eco de una realidad recurrente en las protestas sociales en Perú. Su descripción de la violencia policial no como una anomalía, sino como un patrón normalizado, subraya la impunidad y la falta de respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa. «Es normal lo que ha pasado el domingo. No es una sorpresa que uno diga, ‘Ah, primera vez, no’. No, no. Ya lo hemos vivido», afirma, trazando una línea de continuidad que conecta las marchas actuales contra las AFP con protestas anteriores, como las de los transportistas este año, las de 2022 y 2023 contra el régimen de Dina Boluarte, e incluso durante la cobertura de las protestas contra el proyecto minero de «Tía María» y la represión a protestas del pasado. Para Juan, la reacción de la policía es predecible: «cuando ya están en su operativo de disuasión… Es caos, es caos total.»
El periodista debido a la severidad de las agresiones, no ha podido reincorporarse por completo a sus labores. Ha estado en reposo y bajo medicación, tal como le recomendó la brigada de paramédicos que lo auxilió en la marcha. El caso de Juan Zapata es solo uno de los 85 reportes de agresiones contra ciudadanos y periodistas registrados en el informe de la CNDDHH durante las marchas recientes.
Pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos
De acuerdo a informes de la CIDH y otras organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la respuesta estatal en muchas protestas ha sido caracterizada por el uso excesivo, indiscriminado y en algunos casos letal de la fuerza policial y militar.
La CNDDHH ha venido advirtiendo que muchas de las agresiones y detenciones resultan arbitrarias, vulneran garantías constitucionales y agravan la desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado
Por qué es grave la agresión a periodistas
Según la ANP, no solo se vulnera su integridad física, sino también el derecho a informar. Al intentar capturar lo que ocurre realmente en las calles, los periodistas permiten que haya transparencia frente a posibles abusos del poder. Cuando periodistas son agredidos o intimidados, se produce un efecto disuasivo: menos cobertura independiente y menos visibilidad de las vulneraciones a los derechos humanos.
En este tipo de escenarios, se ve un patrón: excesiva policialización, escasa rendición de cuentas, y una institucionalidad débil frente a denuncias de violencia de agentes del orden, según la ANP.
Para Mar Pérez, responsable de la Unidad de Personas Defensoras de la CNDDHH, la agresión contra Zapata constituye abuso de autoridad, tratos inhumanos y degradantes y violación de la libertad de información. Además, afirma que el personal identificado debería ser sancionado con 3 años de cárcel.
La CNDDHH demanda que se investiguen todos los casos documentados, incluidos los 85 agresiones, con transparencia y sanciones a los responsables. Así como también demanda la protección efectiva para periodistas en manifestaciones, incluyendo mecanismos para prevenir agresiones físicas, hostigamientos, daños, confiscaciones de equipos y detenciones arbitrarias.
Que se garantice el derecho a la libertad de prensa como un pilar democrático, sin imposiciones absurdas —como exigir colegiatura para cubrir protestas— que limitan el acceso a la información, señala.
Amnistía Internacional se sumó a las voces de denuncia, condenando en un pronunciamiento el «uso excesivo de la fuerza» y los ataques registrados contra periodistas y manifestantes. La organización documentó que la Policía Nacional del Perú utilizó gas lacrimógeno y perdigones de goma de manera «excesiva e indiscriminada» contra civiles, lo que subraya la gravedad de la represión. Para Amnistía Internacional, estos incidentes demuestran que, en el contexto de «cierre del espacio cívico», derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación están en grave riesgo.
En un pronunciamiento, los Jóvenes Líderes para el Perú (JLP), conocido como La Generación ‘Z’ ,rechazan la represión policial y los ataques a la prensa. Además, rechaza de manera categórica el «uso de la fuerza desmedida y desproporcionada de la PNP en contra de civiles que marchamos pacíficamente». La organización enfatiza que no son «terroristas, ni violentos», sino ciudadanos ejerciendo su derecho a la protesta, y ven los ataques como un intento de deslegitimar sus movilizaciones.
La Generación ‘Z’ exige a las autoridades que se garantice el derecho a la protesta pacífica y que se rindan cuentas por los abusos. Además, su pronunciamiento anuncia una nueva movilización para el próximo sábado 27 y domingo 28 de septiembre, demostrando que, a pesar de las agresiones, no se detendrán en su lucha por la «corrupción, la inseguridad, la impunidad» y otras problemáticas que consideran que les afectan directamente.
Los hechos recientes alrededor de Juan Zapata ilustran que no estamos frente a incidentes aislados, sino ante una política sistemática de hostigamiento hacia quienes registran, manifiestan y visibilizan las protestas. En un contexto de crisis institucional, los ataques a periodistas no sólo son una amenaza individual, sino un síntoma del deterioro de las garantías democráticas.
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