Servindi/ Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2025.
Nueva directiva aprobada por el gobierno permite al Estado cerrar los casos de búsqueda sin haber encontrado restos de personas desaparecidas durante el periodo de violencia.
Una directiva publicada por el gobierno de Dina Boluarte pone fin a la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia entre los años 1980 y 2000.
El documenta asigna 15 días para la evaluación preliminar, otros 15 para el inicio de investigación, hasta 18 meses para el desarrollo de la investigación humanitaria, y señala que la intervención conjunta dependerá de los plazos que establezca el Ministerio Público.
Si en ninguna de estas etapas se encuentran los restos de las víctimas, el investigador debe presentar el informe técnico de culminación del proceso de búsqueda y un proyecto de respuesta para los familiares.
La directiva desconoce así el carácter permanente del delito de desaparición forzada y no se ajusta a los estándares internacionales, tal como advirtió la ONU en marzo tras revisar una primera versión del texto.
Directiva fue aprobada por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Este documento es una iniciativa promovida desde el inicio de la gestión de Javier Pacheco como director de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Con la publicación de esta norma, la búsqueda de más de 19.000 desaparecidos corre el riesgo de cerrarse sin que el Estado agote todos los esfuerzos por hallarlos y entregar sus restos a sus familiares.
Esto debido a que, según el Registro Nacional de Desaparecidos (RENADE), existen 22.626 víctimas secuestradas entre 1980 y 2000, y a diciembre último se había encontrado solo alrededor de 3.400.
La búsqueda del periodista Jaime Ayala Sulca, desaparecido tras ingresar a la base de Marina en Huanta en 1984; y del dirigente sindical Teófilo Rímac, secuestrado por militares en 1986, quedarían sin respuesta, entre muchos otros.
Desde la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (ANFADET) ya habían advertido este cambio que rechazaron tajantemente.
Pretender que el objetivo de una búsqueda humanitaria es la entrega de un documento de cierre al familiar, donde solo se explica las acciones realizadas, el envío de documentos y la tramitología, pero no hay información de qué ocurrió con el desaparecido, dónde está o no se logra encontrar los sitios de entierro e identificar a las víctimas, es un proceso burocrático que no responde al derecho a saber de los familiares, indicaron.
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