La crisis boliviana adquiere así una dimensión continental. No estamos simplemente frente a un fiscal acusado de corrupción o un consultor político enfrentado a la justicia. Estamos frente a la colisión de tres grandes espacios. El poder estatal boliviano, el poder informal de las redes político-mediáticas y el poder geopolítico estadounidense. Y cuando esos tres poderes chocan, las instituciones saltan por los aires.
Nelson Carrasco. Analista Internacional. 13/10/2026.
Bolivia vuelve a encontrarse en el centro de una disputa donde la frontera entre política, justicia y poder imperial se difumina peligrosamente. Lo que en apariencia se presenta como una operación contra la corrupción y el narcotráfico adquiere una dimensión mucho más profunda.
La estructura institucional de un país entero empieza a quedar atrapada entre las necesidades de su nuevo gobierno, los intereses estratégicos de Washington y las redes de la nueva derecha continental.
La secuencia resulta imposible de ignorar. Rodrigo Paz viaja a Estados Unidos y se reúne con Marco Rubio. Poco después, Washington revoca la visa del fiscal general boliviano Roger Mariaca señalándolo por nexos con estructuras criminales. Días más tarde, el propio Estado detiene a Mariaca. Esta coincidencia temporal abre interrogantes sobre la influencia estadounidense en las instituciones soberanas. En el fondo asoma una disputa brutal por la capacidad de un Estado para decidir quién debe ser investigado.
Mariaca encabezaba investigaciones que alcanzaban a Fernando Cerimedo, un operador político argentino con presencia significativa alrededor del gobierno de Paz. El propio mandatario reconoció su participación en la campaña presidencial. Esta figura representa las nuevas formas de penetración digital que acompañan el ascenso de la derecha continental.
El problema explota cuando esa influencia choca con las investigaciones judiciales. Cerimedo enfrenta en Bolivia acusaciones por intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico. Es entonces cuando desde el interior del Estado surge una denuncia de gravedad extraordinaria. El vicepresidente Edmand Lara presenta un audio atribuido a Cerimedo describiendo pagos para facilitar el tránsito de avionetas narcos, involucrando a autoridades aeronáuticas. Lara sostiene que Cerimedo manejaba los tentáculos narcos y cuestiona al gobierno por protegerlo.
La crisis boliviana adquiere así una dimensión continental. No estamos simplemente frente a un fiscal acusado de corrupción o un consultor político enfrentado a la justicia. Estamos frente a la colisión de tres grandes espacios. El poder estatal boliviano, el poder informal de las redes político-mediáticas y el poder geopolítico estadounidense. Y cuando esos tres poderes chocan, las instituciones saltan por los aires.
Mariaca anunció que seguiría investigando a Cerimedo y de inmediato Estados Unidos lo sancionó. La secuencia produce una contradicción explosiva. Una cosa es sancionar desde el norte, y otra muy distinta es que esas acusaciones remuevan a una autoridad extranjera que dirigía investigaciones sensibles. La pregunta fundamental deja de ser la inocencia del fiscal para centrarse en quién está adquiriendo capacidad para definir la agenda judicial boliviana.
Bolivia posee un valor estratégico que excede el tema de las drogas. Hablamos de un país central en la disputa por recursos naturales, minerales críticos, energía y las rutas que conectan Sudamérica con los mercados globales. En el escenario de competencia creciente entre Estados Unidos y China, el gobierno boliviano busca acercarse a Washington mientras el imperio necesita consolidar administraciones dispuestas a cooperar con su arquitectura de dominación.
La dimensión geopolítica de esta crisis se vuelve nítida cuando la lucha antinarcóticos se incorpora a una nueva arquitectura regional de seguridad. El punto de inflexión aparece con el denominado Escudo de las Américas, un acuerdo suscrito en septiembre de 2026 por Bolivia, Estados Unidos y Chile, entre otros. Bajo el argumento de enfrentar al narcoterrorismo, el acuerdo propone ampliar la cooperación en inteligencia e incorpora cuestiones estratégicas que desbordan la persecución penal.
En medio de esta arquitectura reaparece un nombre de otra época. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el histórico TIAR firmado en 1947. Los países firmantes expresan su intención de recurrir al mecanismo de consulta de este instrumento. De esta manera, un pacto militar concebido para la defensa de la Guerra Fría vuelve a emerger asociado a una nueva definición de las amenazas regionales.
El escenario está atravesado por la disputa geopolítica con China. Los minerales críticos, la energía, las infraestructuras digitales y las rutas comerciales adquieren un valor incalculable. Por eso resulta revelador que el Escudo de las Américas combine el combate al crimen con la seguridad de las telecomunicaciones y los recursos mineros. La lucha antinarcóticos funciona como puerta de entrada para justificar el control imperial sobre sectores estratégicos.
El retorno del TIAR no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de una crisis profunda del sistema de poder internacional. La hegemonía mundial de Estados Unidos se encuentra desafiada frente al ascenso del mundo multipolar. Como ocurrió en 1929 con la posterior expansión del fascismo, la respuesta de las estructuras hegemónicas consiste en reforzar los mecanismos militares e ideológicos destinados a preservar el statu quo.
La seguridad se convierte en el nuevo rostro de la economía política de dominación. El caso boliviano opera como el laboratorio donde esta transformación se hace evidente. La historia latinoamericana nos obliga a observar este proceso con los ojos abiertos. La sombra de Washington sobre Bolivia se extiende y amenaza a toda nuestra región.
