Servindi/ Resumen Latinoamericano, 11 de enero de 2025.
La lucha por conseguir justicia para sus hijos continúa a dos años de impunidad.
El 9 de enero de 2022, en Juliaca, Puno, 18 personas fueron asesinadas por la represión desatada por el gobierno de Dina Boluarte, entre estas tres menores de edad.
A dos años del luctuoso acontecimiento sus madres reafirman su clamor de justicia y alegan la inocencia de sus hijos.
Dominga Hancco, madre de Jamileth Aroquipa Hancco (17) contó al periodista Rodrigo Salazar que el 9 de enero, su hija caminaba junto a su familia en el mercado, cuando fue alcanzada por una bala en el abdomen.
La joven no participaba de ninguna protesta solo cruzaba por la avenida Independencia, vía central de Juliaca que limitaba con el aeropuerto donde la policía libraba una represión.
Sin embargo, Jamileth Aroquipa, quien era estudiante de psicología y también anhelaba ser policía, fue calificada de delincuente y terrorista, según las acusaciones del gobierno.
Para su madre, la única ‘culpabilidad’ de su hija, está ligada a su piel, a la discriminación por no ser blanca.
Asimismo, Faustina Huanca Calla, madre de Elmer Zolano Leonardo (16), contó que su hijo fue alcanzado por un proyectil de fusil en el pecho cuando miraba el enfrentamiento desatado en el aeropuerto Inca Manco Cápac.
Faustina Huanca, madre de Elmer, culpa a la presidenta Dina Boluarte de las 18 muertes en Juliaca y lamenta las acusaciones en contra de quienes exigen justicia. “Nosotros no somos terroristas, somos peruanos trabajadores”.
Elmer ayudaba a su madre a mantenerse económicamente vendiendo salteñas en la calle. Eso era lo que hacían ambos el 9 de enero antes de que Elmer decidiera ir a ver cómo era una protesta.
Así también sucedió con Brayan Apaza Jumpiri (15). Su madre Asunta Jumpiri Olvea contó que el adolescente que quería ser policía fue alcanzado por una bala en la cabeza cuando salía del internet.
Brayan fue impactado, cuando cruzaba una calle, en medio de una balacera policial, cuando cayó al piso. “Mi hijo no estaba en huelga. Estaba viniendo a encontrarse hacia mí”, recuerda Asunta.
Un artículo de Epicentro señala que hasta la actualidad la Fiscalía consiguió formalizar investigación preparatoria contra 19 policías y militares por la represión en Juliaca, acusados de homicidio calificado con alevosía en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, Luis Enrique Valdivia, fiscal bajo cuyo liderazgo se formalizaron las investigaciones, fue recientemente cambiado por la fiscal de la nación, Delia Espinoza, quien en su reemplazo designó a la fiscal Raquel Cárdenas Manrique.
Para la asociación de familiares del 9 de enero, se busca “descabezar” a fiscales que investigan las masacres, lo que supone una “preocupante situación” que podría devenir en “la impunidad de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos”.