Por Gustavo Espinoza M.
Así quedó el régimen de Boluarte luego del agravamiento de la crisis de seguridad ciudadana, que se registró en las últimas semanas en Lima y el interior. El “Estado de emergencia” decretado en la capital, no sirvió de nada.
Un Docente fue abaleado en Ate Vitarte en la puerta de un Colegio; un bus, fue atacado en Comas y asesinado su conductor; otros crímenes se produjeron en Los Olivos, Carabayllo, Barrios Altos y El Agustino, localidades todas bajo la tutela de la Fuerza Armada y la Policía, objetivamente sin resultados.
En contrapartida, el Congreso no aceptó derogar las leyes cuestionadas por la población. Y vergonzosamente algunos se sumaron a la bancada fujimorista, cerrando filas en defensa de la 32108, uno de los dispositivos unánimemente repudiados. Pareciera que ciertos congresistas, ganados por intereses subalternos, no se dan cuenta que el gobierno no combate a la corrupción por desidia o incapacidad, sino por complicidad con ella. Y que las disposiciones legales aprobadas, calzan en esta intención.
En efecto, se tipifican delitos de tal manera que quedan exentos de penas altas aquellos que se imputan a un segmento delictivo vinculado a la Mafia que nos gobierna; y se reservan sanciones severas sólo para determinados núcleos operativos. Algo similar ocurre en las “propuestas” que el Ejecutivo plantea.
En ellas se incluye como parte del accionar delictivo susceptible de dura condena, la participación en movilizaciones de rechazo a la política oficial, la toma de calles, el bloqueo de caminos y otras formas tradicionales de lucha de las poblaciones. Para quienes las usan, se reservan penas superiores a los 15 años de cárcel, con fines claramente intimidatorios.
Y a esas disposiciones, se suma un “discurso” oficial orientado a “terruquear” a quienes son señalados por tales acciones. Se les achaca objetivos “terroristas”, y se les acusa de pretender “desestabilizara al país” cuando no simplemente de estar insuflados por odio al régimen imperante. Discursos como los de los congresistas Montoya, Cueto o Rospigliosi, no hacen sino alimentar ese rumbo, que descalifica y desacredita al propio gobierno.
El Perú sabe que el titular del Interior ofreció su renuncia al cargo de no funcionar su “estrategia pacificadora”. Como obviamente eso ha ocurrido, todos esperan que se vaya, pero hoy la demanda se extiende: exigen que caiga el Gabinete y también la “Presidenta” y los Congresistas. El “que se vayan todos”, vuelve a sonar como un estribillo constante en todas partes.
Nuevas Jornadas de lucha están planteadas para octubre y noviembre. Y todas buscan unir en un solo haz a transportistas, bodegueros, comerciantes, tenderos, amas de casa, estudiantes, trabajadores, profesionales y otros segmentos de la sociedad. En tanto, el gobierno actúa como quien oye llover.
No le importa lo que piensa la gente sino solo lo que empañe su propia imagen. Pareciera que alienta el desgobierno. Y aún más, que busca crear un clima de caos que justifique un Golpe Militar que, finalmente, suspenda las elecciones generales y apuntale un régimen fascistoide similar al actual, pero aún más represivo.
Por lo pronto, se piensa gastar 3,500 millones de dólares en la compra de 24 aviones de guerra porque algún Mando Castrense leyó en alguna parte que Chile quiere invadir el Perú para apoderarse de las aguas del Lago Titicaca. Y Dina busca comprar su “Avión Presidencial” para sus giras al exterior. ¿Cuántas escuelas u hospitales podrían mejorarse con esa ingente suma?
Pero como todo no es dulce, la Boluarte ya está perdiendo la calma. Un síntoma de eso se registró hace ya 100 días, cuando suspendió abruptamente sus encuentros con la prensa. Pero hoy se agravó, y se expresa en cuanta intervención hace en actos en los que participa, férreamente custodiada por guardaespaldas, efectivos militares y franco tiradores.
Allí, entre sarcasmos, mofas e improperios, descarga su ira contra los pobladores que, en cualquier lugar del país, le muestran desprecio y rechazo. Pero más allá de las palabras, operan sus acciones: el “operativo castrense” que puso en marcha para ir a la Fiscalía de la Nación a declarar el martes pasado, pinta de cuerpo entero su pavor.
Sólo le faltó sacar tanques a la calle para “proteger la seguridad presidencial”, como dijo un alto mando Y es que el miedo cunde en las alturas. Hoy se sabe que son 500 los uniformados encargados de la “protección” de la Presidenta y sus ministros. ¿Qué sería sin ellos?
Esa seguridad no la tiene ni uno de los pueblos afectados por el sicariato, la extorsión o el pillaje en cualquiera de sus modalidades. Para transportistas, comerciantes, maestros y muchos más, la seguridad ciudadana no cuenta para nada. Al contrario, cada vez asoma con mayor claridad un hecho: el gobierno actúa en funciona de los intereses de las bandas delictivas, y no de la población.
Por eso, a ellas las protege y ampara, en tanto que a los pobladores, los reprime con perdigones, bombas lacrimógenas y carros de combate. Y es que se trata de un Estado Policiaco típico que procura convertir en Estado Militar. Y es que busca poner a la FuerzaArmada como sicario del pueblo.
Todo eso configura un mayor descrédito para un gobierno que tiene hoy apenas el 4% de aceptación ciudadana y amenaza descender aún más. Desnudo y en derrota puede aun gritar por su orfandad, pero eso no lo hace más fuerte. Al contrario, acelera su caída. (fin)