Eduardo Contreras. Abogado. 11/09/2020.
Tomado de El Siglo (www.elsiglo.cl)
En 1973 nuestro país vivía otro momento de su historia y era distinta la correlación de fuerzas políticas. La agudización de la lucha de clases, los avances extraordinarios de la lucha del pueblo por el cambio social y político, la intervención imperialista para impedir la consolidación de ese proceso histórico y el crecimiento de las fuerzas populares signaban aquel tiempo. Nuestro Partido Comunista tenía entonces 25 Diputados, entre los que me contaba.
De ellos sobrevivimos algunos y son escasas y difíciles las posibilidades de reencontrarnos para evocar de conjunto lo que fue aquel nuestro tiempo.
Lo que no impide que por estos días en que conmemoramos la histórica victoria del pueblo chileno, de la Unidad Popular y del compañero Salvador Allende, me permita traer a la memoria de nuestros lectores aquel episodio del 22 de agosto de 1973 que selló la suerte del proceso democrático revolucionario más contundente de la historia del país.
Me refiero a la reunión de la Cámara de Diputados de aquel día. Por cierto, a esas alturas ya estaba en pleno desarrollo el golpe militar diseñado en las primeras reuniones de Agustín Edwards con Henry Kissinger que se habían efectuado a fines de 1970. Todo lo cual conocemos por los procesos judiciales relativos al golpe del 73 ante nuestros tribunales, o por los informes del Senado de los EEUU, como también por los serios trabajos de investigadores e historiadores de la calidad de Peter Kornbluh o Mario Amorós, por nombrar algunos de los más destacados.
Los gremios de camioneros, los grupos fascistas armados, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y por cierto los partidos políticos reaccionarios ya habían creado el clima necesario para el golpe. Pero requerían además darle visos de cierta institucionalidad y de gran amplitud y que la condena al gobierno viniera también de los propios otros órganos del Estado.
Así fue que a mediados del 73 se pronunció el Poder Judicial a través de una declaración de la Corte Suprema de la época, abiertamente antijurídica y fuera del ámbito de su competencia, en la que se acusaba al Ejecutivo de trasgredir con sus medidas la Constitución y las leyes.
Así las cosas, faltaba sólo el Parlamento. Era indispensable, además porque esa maniobra permitiría dejar claro ante toda la opinión pública cuál era realmente la posición y el papel de la Democracia Cristiana en la lucha por terminar con el proceso de cambios impulsado por la Unidad Popular.
Como sabemos, al interior de la Dirección Nacional de la DC había dos posiciones, una era la de los partidarios de llevar las provocaciones hasta el final y derrocar al Presidente Allende. La otra posición era de respeto a la institucionalidad, al Derecho y la búsqueda de acuerdos con el gobierno popular.
De hecho, esos consensos democráticos, antigolpistas, estaban ya a punto de lograrse y precisamente a fines de ese mes de agosto tenían fecha los encuentros entre la DC y la UP, en cuya consecución colaboró activamente el Cardenal Raúl Silva Henríquez. No olvidemos que en esa posición de defensa del régimen democrático y del gobierno legalmente constituido se encontraban figuras muy importantes de la DC como Renán Fuentealba, Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, entre otros.
Y llegó entonces la reunión de la Cámara de Diputados de Chile del 22 de agosto del 73. Aunque no era para nada lo habitual, porque los parlamentarios de cada bancada se ubican junto a los suyos, aquella vez y precisamente porque estábamos hablando desde antes de entrar a la reunión y teníamos confianza mutua, nos sentamos juntos en la misma fila con don Bernardo Leighton. Era por aquel entonces diputado de su partido y nos habíamos conocido un par de años antes a propósito de un proceso judicial en mi contra, siendo él Ministro del Interior.
Aquel día estábamos conscientes que nos encontrábamos viviendo minutos históricos que podían terminar, como ocurrió, en una gran tragedia.
Y fue entonces cuando las dirigencias de la DC y la derecha impusieron ese voto, esa declaración, en que la Cámara de Diputados calificó de inconstitucional e ilegal al gobierno de la Unidad Popular y de Salvador Allende. En rigor, lo que era claramente inconstitucional e ilegal era precisamente aquella resolución dado que no era facultad de la Cámara un pronunciamiento de esa naturaleza y alcance. Pero era el libreto confeccionado y puesto en marcha por la CIA con el apoyo de la ultraderecha política y de Agustín Edwards y su cadena de diarios de El Mercurio. El viejo libreto golpista usado en otros lares del continente.
La mayoría de la Cámara aprobó el acuerdo golpista. Fue en ese momento cuando don Bernardo Leighton -que también aprobó tal declaración porque era “orden de Partido”, me dijo al oído: “Avisa de esto de inmediato a Corvalán, es que el golpe en marcha seguro ahora será muy rápido…”.
Lo hice en el acto. Pero a esas alturas la suerte ya estaba echada.
Don Bernardo que, no debemos olvidar, fue también víctima de un atentado de la dictadura mientras vivía en el exilio, no ha sido mi único contacto amistoso en la DC. Han sido numerosos y desde muchos años. Ya habrá tiempo para hablar de aquello. Pero me pareció que hoy, a 50 años del triunfo del pueblo con Allende, y de 47 del golpe de Estado, había que recuperar estos necesarios y tristes recuerdos.