Las declaraciones de Flávio Bolsonaro sobre Donald Trump reavivan el debate sobre los límites de la disputa política y el derecho de los brasileños a decidir, sin interferencias externas, el destino de su país.
Paulo Cannabrava Filho
Flávio Bolsonaro declaró que solicitó al presidente Donald Trump una intervención contra Brasil durante la visita que realizó a Estados Unidos la semana pasada. La reacción fue inmediata. En una nota oficial, el presidente Lula calificó de deplorable la articulación bolsonarista y afirmó que la soberanía nacional es innegociable.
El episodio tuvo gran repercusión política y contribuyó a calentar el debate sucesorio a pocos meses de las elecciones generales. Más que una disputa entre gobierno y oposición, el caso plantea una cuestión fundamental: ¿comprende realmente la población brasileña el significado de la soberanía nacional? Y más aún: ¿dónde termina la divergencia política legítima y dónde comienza lo que muchos consideran una afrenta a los intereses del propio país?
La controversia cobró fuerza después de que Donald Trump clasificara al Primeiro Comanda da Capital -PCC- y al Comando Vermelho -PV= como organizaciones terroristas. La medida abre la puerta a la adopción de mecanismos que Estados Unidos suele utilizar contra grupos considerados amenazas para su seguridad nacional. Históricamente, la clasificación de organizaciones como terroristas ha servido de fundamento para sanciones económicas, bloqueos financieros, operaciones internacionales y otras formas de intervención más allá de las fronteras estadounidenses.
No se trata de una hipótesis abstracta. Con ese mismo pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos intervino en Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, trasladados por la fuerza a territorio estadounidense para responder a acusaciones de narcoterrorismo. Bajo justificaciones similares, Washington viene realizando operaciones militares en el Caribe y en el Pacífico, incluyendo ataques y hundimiento de embarcaciones señaladas como vinculadas al tráfico internacional. Para sus críticos, se trata de acciones que exceden los límites de la cooperación internacional y ponen en cuestión la soberanía de los países involucrados.
Es precisamente aquí donde surge la cuestión central. El PCC y el PV son organizaciones mafiosas transnacionales dedicadas a actividades criminales y a la obtención de lucro. Su objetivo es económico. No buscan conquistar el poder político ni promover acciones de carácter ideológico o religioso, elementos tradicionalmente asociados al terrorismo. Brasil posee una legislación específica para combatir el terrorismo y estas organizaciones no encajan en esa definición, ya que su finalidad es esencialmente económica.
Esto no significa minimizar la gravedad del problema. El crimen organizado se ha expandido más allá de las fronteras nacionales, opera en más de veinte países y mueve recursos que rivalizan con el poder económico de muchos Estados. Precisamente por ello, su combate exige cooperación internacional entre Estados soberanos, intercambio de información de inteligencia, coordinación policial y acuerdos multilaterales, y no amenazas o intervenciones unilaterales.
Si Estados Unidos está realmente preocupado por el avance de estas organizaciones, el camino adecuado es la cooperación con Brasil. También sería oportuno enfrentar problemas que alimentan el crimen organizado a escala global, como el tráfico internacional de drogas, armas y recursos financieros. Combatir el crimen es una necesidad común; poner en tela de juicio la soberanía de otro país es una cuestión completamente distinta.
En Brasil, quienes con frecuencia imponen el terror cotidiano sobre comunidades enteras son las milicias, organizaciones que ejercen control territorial armado y someten a la población a una violencia permanente. Aun así, se trata de un problema cuya solución corresponde a las instituciones brasileñas.
Quizás el aspecto más importante de esta controversia sea otro. Ha vuelto a colocar en la agenda nacional una discusión que hace mucho tiempo dejó de ocupar un lugar central en el debate público: la soberanía.
La soberanía no es un concepto abstracto ni una palabra vacía utilizada en discursos oficiales. Aparece innumerables veces en la Constitución y se manifiesta en la capacidad del Estado para proteger su territorio, sus riquezas y su población. Se expresa en la soberanía alimentaria, energética, cultural, científica y tecnológica. Se expresa, sobre todo, en la capacidad de decidir de manera autónoma los rumbos de la política económica nacional.
Hablar de soberanía también significa discutir la capacidad de un país para definir su propio proyecto de desarrollo sin subordinación a intereses externos ni a la dictadura del pensamiento único impuesta por el capital financiero globalizado.
Al comentar el episodio, Lula afirmó: “No tiene vergüenza de traicionar a nuestra patria e ir a Estados Unidos a pedir una intervención estadounidense en Brasil”.
La referencia histórica es inevitable. Joaquim Silvério dos Reis pasó a la historia por denunciar a los participantes de la Inconfidencia Mineira, movimiento independentista de finales del siglo XVIII. Su nombre atravesó los siglos como símbolo de la traición a los ideales de autonomía nacional. La comparación forma parte de la disputa política contemporánea, pero demuestra la fuerza simbólica que el tema de la soberanía todavía conserva en el imaginario brasileño.
Lula también destacó la aprobación de la ley de combate a las facciones criminales y defendió la aprobación de la PEC de Seguridad Pública como instrumento para fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
Por el contrario, los gobernadores y precandidatos presidenciales Ronaldo Caiado y Romeu Zema manifestaron su apoyo a la posición de Trump, evidenciando que el tema ocupará un lugar relevante en la disputa electoral.
El debate está abierto. Y eso es positivo. Independientemente de las posiciones partidarias, el país necesita volver a discutir seriamente el significado de la soberanía nacional.
Pero la soberanía no se limita a la defensa de las fronteras o al rechazo de injerencias extranjeras. Una nación soberana es aquella que tiene capacidad para decidir su propio destino económico, controlar sus recursos estratégicos, desarrollar su ciencia y tecnología, garantizar la seguridad alimentaria de su pueblo y definir, sin tutela externa, los rumbos de su desarrollo.
El verdadero desafío brasileño va más allá de la disputa electoral del momento. Se trata de construir un proyecto nacional capaz de liberar al país de la dependencia financiera, reducir las desigualdades, fortalecer la producción, generar empleos de calidad y asegurar la autonomía frente a las presiones de las grandes potencias y de los intereses del capital financiero internacional.
La soberanía, en última instancia, es el derecho de un pueblo a elegir su propio camino. Y esa es una discusión que Brasil ha postergado durante demasiado tiempo.
