Mientras se exige austeridad al Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial amplían privilegios, aumentan el gasto sin indicar las fuentes de financiamiento y profundizan el desequilibrio de las cuentas públicas.

Paulo Cannabrava Filho

Brasil vive una contradicción cada vez más evidente. Por un lado, se exige al gobierno el cumplimiento estricto de las metas fiscales, recortes del gasto y contención de la inversión pública. Por otro, el Congreso Nacional aprueba sucesivas iniciativas que generan gastos permanentes sin indicar de dónde saldrán los recursos, mientras los demás poderes preservan y amplían privilegios incompatibles con la realidad de la inmensa mayoría de la población. El resultado es un presupuesto cada vez más comprimido, incapaz de responder a las necesidades del desarrollo nacional.

Uno de los ejemplos más recientes es la Propuesta de Enmienda Constitucional que establece reglas especiales de jubilación para los agentes comunitarios de salud y los agentes de combate a las endemias. Independientemente del mérito de la labor que desempeñan estos profesionales, la propuesta fue aprobada sin una estimación consistente de su impacto fiscal ni la indicación de las fuentes de financiamiento, en abierta desobediencia a las normas de responsabilidad fiscal. Se trata de una nueva ampliación de beneficios previsionales en un sistema que ya registró un déficit aproximado de 321 mil millones de reales en 2025 y cuya tendencia es seguir creciendo.

La enmienda crea un nuevo régimen de excepción al permitir la jubilación con una edad mínima de 57 años para las mujeres y 60 para los hombres, además de restablecer los derechos de paridad e integralidad entre trabajadores activos y jubilados. Estos beneficios fueron eliminados para la mayoría de los servidores públicos hace más de veinte años y nunca existieron para los trabajadores afiliados al INSS. Aun así, la propuesta fue aprobada por una mayoría aplastante: en la Cámara de Diputados obtuvo 446 votos a favor y 20 en contra en la primera vuelta, y 426 contra apenas 10 en la segunda. En el Senado fue aprobada el 7 de julio por 73 votos favorables y solamente uno en contra.

Al mismo tiempo, iniciativas de gran interés social permanecen paralizadas. El presidente del Senado, David Alcolumbre, continúa reteniendo propuestas que enfrentan resistencia política, como la enmienda que elimina la jornada laboral de seis días de trabajo por uno de descanso y reduce la carga semanal a 40 horas. Mientras los derechos que beneficiarían a millones de trabajadores permanecen congelados, las propuestas que amplían privilegios avanzan con rapidez. Se estima que esta nueva modificación del sistema previsional podrá representar un costo cercano a los 30 mil millones de reales en diez años.

Por otra parte, el día 15, el Tribunal de Cuentas de la Unión, por ocho votos contra uno, autorizó un techo salarial adicional para eludir el límite constitucional de 46,3 mil reales destinado a los cargos de confianza de la Cámara de Diputados, del Senado Federal y del propio TCU. El pago de estas ventajas extratecho beneficiará a cerca de 25.700 servidores y añadirá aproximadamente 211 millones de reales al año al gasto público.

La medida contradice el espíritu de la Constitución de 1988, según la cual ningún servidor público puede percibir una remuneración superior a la de los ministros del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, en la práctica se multiplican los llamados complementos salariales, indemnizaciones y beneficios personales que convierten el techo constitucional en un piso para una parte del alto funcionariado. El propio Supremo Tribunal Federal, guardián de la Constitución, convive con esta distorsión, que también alcanza a magistrados, fiscales, ministros de los tribunales de cuentas y otras carreras privilegiadas del Estado.

Mientras tanto, millones de brasileños viven una realidad completamente distinta. La mayoría de los jubilados del INSS recibe apenas un salario mínimo o poco más, y la inmensa mayoría de las prestaciones previsionales no supera los cinco salarios mínimos. Sin paridad, sin integralidad y sometidos a las reglas generales de la seguridad social, estos trabajadores son siempre los primeros llamados a hacer sacrificios cuando se habla del equilibrio de las cuentas públicas.

Una vez más queda claro que no basta con que Brasil construya un proyecto nacional de desarrollo capaz de promover el crecimiento económico, la justicia social y la soberanía. También es indispensable llevar a cabo una profunda reforma política que redefina el papel de los partidos.

El país no puede seguir conviviendo con partidos sin identidad programática, creados únicamente para negociar tiempo de televisión, recursos públicos y alianzas electorales circunstanciales. Brasil necesita partidos comprometidos con proyectos nacionales de largo plazo, capaces de ofrecer a la sociedad propuestas claras para el futuro. Sin esa transformación política, seguiremos asistiendo a la reproducción de privilegios, a la aprobación de bombas fiscales y al permanente estrangulamiento del presupuesto público, en perjuicio del desarrollo nacional.

Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global