El Siglo / Santiago de Chile r
El allanamiento a una residencia vinculada al expresidente abrió nuevos interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados para financiarla. La investigación también apunta a operaciones crediticias con empresas relacionadas al grupo propietario de Ueno, mientras el IPS, Itaipú y la empresa eléctrica ANDE buscan recuperar cientos de millones de dólares comprometidos en la entidad intervenida.
Asunción. 09/11/2026. La investigación judicial contra el expresidente paraguayo Santiago Peña sumó nuevos antecedentes este lunes, luego de que fiscales y policías encontraran una bóveda de alta seguridad detrás de una pared falsa durante el allanamiento a una propiedad vinculada al exmandatario en San Bernardino. El procedimiento forma parte de la causa que investiga presuntas irregularidades financieras relacionadas con Ueno Bank.
Según informó ABC Color, el compartimiento cuenta con tecnología de seguridad de procedencia israelí y un sistema que incluiría reconocimiento del iris. Durante la mañana de este lunes los investigadores continuaban las diligencias para intentar abrirlo. Hasta ahora no existe información oficial sobre su contenido ni sobre si se logró acceder a su interior.
La propiedad también está bajo investigación por el origen de los recursos utilizados para su construcción. De acuerdo con los antecedentes publicados por medios paraguayos, la residencia habría tenido un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes y habría sido financiada mediante dos préstamos simultáneos otorgados por Ueno Bank en mayo de 2024, por un total de 3.548 millones de guaraníes. Las cuotas mensuales alcanzarían los 239 millones, una cifra que el medio compara con el sueldo presidencial que percibía Peña.
El financiamiento de la residencia se incorpora a una investigación más amplia sobre los vínculos económicos entre el exmandatario y el grupo empresarial propietario de Ueno. Peña había declarado en 2023 una participación accionaria en Ueno Holding valorizada en 6.144 millones de guaraníes, que posteriormente habría vendido en abril de 2025. También declaró un certificado de depósito de ahorro por 2.400 millones de guaraníes en Ueno y un bono de Itti. Su hermano, por su parte, figura como socio de una sociedad vinculada al grupo.
Las alertas sobre el banco y las operaciones con empresas vinculadas
La investigación fiscal busca establecer si las autoridades financieras conocieron oportunamente los problemas de solvencia de Ueno y si existieron omisiones en la supervisión de sus operaciones.
De acuerdo con los antecedentes de la denuncia ampliada, el Banco Central habría detectado desde abril de 2026 excesos en las operaciones crediticias con empresas vinculadas. Uno de los puntos bajo cuestionamiento es una operación de venta de cartera por 74,4 millones de dólares a Vinanzas S.A., financiada con préstamos del propio Ueno.
Los denunciantes sostienen que durante los meses siguientes se registraron advertencias sobre déficit de solvencia y observaciones técnicas que no habrían sido abordadas oportunamente por las autoridades correspondientes. También cuestionan que el sumario se iniciara recién en septiembre y que el Banco Central comunicara posteriormente al Senado que los excesos estaban subsanados.
Otro antecedente incluido en la denuncia apunta a los estados financieros de empresas del grupo, en los que —según los legisladores denunciantes— aparecerían préstamos y vínculos con al menos 36 sociedades, mientras Ueno habría declarado oficialmente solo cinco empresas relacionadas.
Se trata de hechos que deberán ser acreditados por la investigación judicial. La Fiscalía abrió una causa específica contra Peña por presunta lesión de confianza y otros hechos vinculados al caso. La investigación está a cargo de un equipo de fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción.
Más de US$ 500 millones de entidades públicas comprometidos
Uno de los aspectos de mayor impacto de la crisis es la exposición de instituciones públicas y previsionales a Ueno Bank. Los datos publicados en Paraguay muestran que los recursos comprometidos superan ampliamente la cobertura ordinaria del Fondo de Garantía de Depósitos.
El Instituto de Previsión Social (IPS) informó una exposición cercana a los US$ 355 millones. Según la denuncia que dio origen a la investigación, sus colocaciones en Ueno habrían pasado de 80.000 millones de guaraníes a más de 2 billones de guaraníes, luego de modificaciones a los criterios internos para invertir sus recursos.
La Itaipú Binacional informó que al 3 de noviembre mantenía en Ueno US$ 163,8 millones y 115.200 millones de guaraníes, equivalentes en conjunto a unos US$ 181 millones. La entidad señaló que inició acciones ante la Fiscalía para recuperar esos recursos. Sin embargo, todavía no entregó públicamente información completa sobre las tasas, plazos y resoluciones que autorizaron las colocaciones.
A estos montos se suman los recursos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Su presidente informó que la institución mantenía en Ueno US$ 21 millones, 115.887 millones de guaraníes provenientes de préstamos y otros 37.285 millones de guaraníes de fondos propios. La ANDE también presentó una denuncia penal y solicitó medidas para resguardar los recursos comprometidos.
La magnitud de estas cifras plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para colocar fondos públicos, los mecanismos de control y las responsabilidades de quienes autorizaron las operaciones. También abre una preocupación directa para trabajadores, jubilados y usuarios de servicios públicos, cuyos recursos institucionales quedaron expuestos a la situación del banco.
¿Qué pasará con Ueno Bank y con los ahorros?
El Banco Central del Paraguay inició el 2 de noviembre el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, tras ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
La medida implica la suspensión de las operaciones habituales de la entidad y el trabajo de interventores para revisar sus activos y pasivos. El Banco Central dispone de un plazo máximo de 15 días para elaborar el denominado balance de exclusión, que permitirá determinar la situación patrimonial y las alternativas para continuar con el proceso.
Entre las posibilidades mencionadas por las autoridades figuran la transferencia de activos y pasivos a otras entidades financieras, una eventual venta de cartera o la adquisición de la entidad. Si no se encuentra una alternativa viable, también podría avanzarse hacia su disolución.
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad. El Banco Central ya inició los pagos a determinados grupos de ahorristas, comenzando por quienes mantienen depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, no tienen deudas con el banco y cuentan con una cuenta habilitada en otra entidad financiera.
Sin embargo, esa cobertura no resuelve automáticamente la situación de los grandes depositantes ni la de las instituciones públicas. Los fondos que superan el límite legal dependerán del resultado del balance de exclusión, de la disponibilidad de activos y de las acciones que se adopten en el procedimiento de resolución.
El propio IPS informó que ya presentó documentación ante el Banco Central para acreditar sus créditos y defender su condición de acreedor privilegiado. La institución señaló que la recuperación dependerá de la evaluación patrimonial de Ueno y de los activos disponibles.
