Las ambiciones personales y las negociaciones en torno a una posible amnistía a Jair Bolsonaro amenazan con convertir la presidencia del Senado en instrumento de negociación política.
Paulo Cannabrava Filho
La disputa por la presidencia del Senado Federal, que debería representar un ejercicio legítimo de la democracia parlamentaria, se está transformando en una peligrosa negociación política. Las ambiciones personales y los intereses partidarios amenazan con poner en riesgo conquistas fundamentales del Estado democrático de derecho.
Tres nombres se destacan en esta disputa: Davi Alcolumbre, de União Brasil, que pretende mantenerse en la presidencia; Rogério Marinho, del Partido Liberal (PL); y Tereza Cristina, del Partido Progresistas (PP). Todos vinculados al campo conservador, disputan el control de una institución fundamental para el equilibrio entre los poderes de la República.
El PL, que eligió la mayor bancada de la Cámara de Diputados, con 121 parlamentarios, y una de las mayores del Senado, con 28 senadores, pretende transformar su fuerza electoral en poder institucional. El llamado Centrão, por su parte, se encuentra dividido entre diferentes candidaturas e intereses.
El problema más grave no está en la disputa entre estos nombres, sino en la posibilidad de que el apoyo de la derecha más reaccionaria sea conquistado mediante compromisos en torno a un indulto o una amnistía a Jair Bolsonaro y a los demás condenados por el intento de golpe de Estado.
La información es grave. Según un reportaje del diario Folha de S.Paulo, Alcolumbre llegó a articular la posibilidad de un perdón a Bolsonaro a cambio de apoyo a su reelección. La propuesta, sin embargo, encontró resistencia entre los propios bolsonaristas.
No se puede admitir que la libertad de un condenado por atentar contra la democracia sea utilizada como moneda de cambio en una elección parlamentaria.
Jair Bolsonaro fue sometido a juicio, con derecho a la defensa, al debido proceso y a los recursos previstos en la legislación. La condena no puede ser simplemente anulada para satisfacer las conveniencias de grupos políticos.
Hay otro elemento preocupante. El Senado que asumirá sus funciones en febrero de 2027 tendrá una mayoría conservadora, y el PL contará con 29 de los 81 escaños. Para elegir al presidente de la Cámara Alta se necesitan 41 votos. Por lo tanto, la derecha dispone de fuerza suficiente para disputar el control del Senado e influir decisivamente en su agenda.
Y esa agenda no se limita a la amnistía. Incluye también iniciativas para destituir a ministros del Supremo Tribunal Federal, sometiendo a presiones a la institución responsable de velar por el cumplimiento de la Constitución.
La victoria de Lula en las elecciones presidenciales representó una importante afirmación de la soberanía popular. Pero no eliminó el peligro representado por las fuerzas que continúan cuestionando las instituciones democráticas.
El presidente reelegido tendrá por delante un Congreso mayoritariamente conservador. Su gobernabilidad dependerá no solamente de la capacidad de negociación, sino también de la participación organizada de la sociedad.
La democracia no puede quedar rehén de las ambiciones personales de los parlamentarios ni de los intereses de grupos que pretenden garantizar la impunidad de los responsables del intento de golpe de Estado.
Es necesario que la población siga atentamente las articulaciones en el Congreso y se movilice contra cualquier intento de transformar la amnistía en instrumento de negociación política.
La movilización popular que resultó decisiva en la segunda vuelta de las elecciones no puede desaparecer después de la victoria. Debe continuar presente, en las calles y en la vida política nacional.
Solo la fuerza del pueblo movilizado podrá impedir que la mayoría conservadora del Congreso transforme la impunidad en ley y ponga nuevamente en riesgo la democracia brasileña.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
