El corralito de Ueno Bank desata movilizaciones ciudadanas, indignación por los ahorros comprometidos y demandas de juicio político contra el mandatario. La controversia también alcanza a fondos públicos y recursos previsionales de miles de trabajadores y jubilados.
«El Siglo». 04/11/2026.
Paraguay enfrenta una creciente crisis social y política que comienza a tomar las características de un estallido ciudadano contra el gobierno del presidente Santiago Peña. La intervención de Ueno Bank, tras detectarse graves problemas de solvencia, desató protestas en Asunción, indignación entre los ahorristas y un profundo cuestionamiento a las responsabilidades políticas e institucionales del Ejecutivo.
Las movilizaciones comenzaron luego de que el Banco Central del Paraguay dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, suspendiendo sus operaciones y dejando a millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas y depósitos. La situación provocó largas filas en las sucursales, manifestaciones en el centro de la capital y concentraciones frente a instituciones públicas.
Pero el conflicto rápidamente superó el ámbito financiero. En las calles comenzaron a escucharse consignas que exigen la devolución de los ahorros y el juicio político al presidente Santiago Peña, transformando la crisis bancaria en una abierta expresión de descontento contra el Gobierno.
El corralito para los jubilados
Uno de los aspectos más graves del escándalo es la exposición de recursos públicos y previsionales. Según antecedentes difundidos por las autoridades y recogidos por agencias internacionales, Ueno Bank administra alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en la entidad.
La preocupación es especialmente significativa porque el IPS administra recursos destinados a las pensiones de miles de trabajadores paraguayos. También existen depósitos de jubilados y pensionados que quedaron afectados por la suspensión de los servicios bancarios.
La crisis ha instalado una pregunta fundamental: ¿cómo fue posible que recursos de tanta importancia para la ciudadanía y el sistema previsional quedaran expuestos a una entidad con problemas de solvencia?
La responsabilidad de Peña
El escándalo también golpea directamente al presidente Santiago Peña debido a sus antiguos vínculos empresariales con el propietario de Grupo Vázquez, conglomerado relacionado con Ueno. Según informó Reuters, Peña mantuvo una relación comercial con el dueño del grupo hasta marzo de 2025.
A esto se suma que el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, había encabezado anteriormente la entidad financiera antes de asumir la conducción del organismo regulador. En medio de la crisis, presentó su renuncia a petición del propio mandatario.
La oposición paraguaya anunció que impulsará un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, además de acciones para investigar las eventuales responsabilidades de las autoridades del Banco Central en la fiscalización y supervisión de la entidad financiera.
La controversia también ha provocado cuestionamientos dentro del propio oficialismo, profundizando las tensiones políticas en el país.
El estallido
Las manifestaciones registradas en Asunción durante el 3 de noviembre continuaron durante la madrugada del miércoles 4, cuando ciudadanos autoconvocados realizaron una vigilia en las inmediaciones del Congreso Nacional, exigiendo la restitución de sus fondos y respaldando las demandas de juicio político contra el presidente.
La movilización expresa un creciente malestar ciudadano frente a la incertidumbre económica, la desprotección de los ahorristas y las dudas sobre la relación entre el poder político, los grandes grupos económicos y las instituciones encargadas de regular el sistema financiero.
Lo que comenzó como una crisis bancaria se está convirtiendo en una crisis de legitimidad política para Santiago Peña. La exigencia de recuperar los ahorros se ha unido a una demanda mucho más profunda: que el Gobierno asuma sus responsabilidades y que se investigue hasta las últimas consecuencias a quienes pudieron haber permitido esta situación.
