El lanzamiento de las bombas atómicas inauguró la era nuclear y dejó una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué uno de los mayores actos de terrorismo de Estado de la historia continúa protegido por la justicia de los vencedores?
Paulo Cannabrava Filho
El 6 de agosto, Hiroshima. Tres días después, Nagasaki. En cuestión de segundos, cientos de miles de civiles murieron o quedaron condenados a una lenta agonía por los efectos de la radiación. Mujeres, niños, ancianos, trabajadores. Gente común. No eran soldados en combate. Eran poblaciones civiles. Total de más de 100 mil muertos.
Han pasado más de ochenta años y permanece una pregunta incómoda: ¿no fue este uno de los mayores actos de terrorismo de Estado de la historia de la humanidad?
La justificación oficial de Estados Unidos fue que las bombas atómicas eran necesarias para forzar la rendición de Japón y poner fin a la guerra. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada por numerosos historiadores. Japón se encontraba militarmente derrotado y con su capacidad de combate profundamente debilitada. La necesidad militar de aquel ataque sigue siendo objeto de intenso debate.
Otra interpretación sostiene que el verdadero destinatario de las bombas no era solamente Japón, sino también la Unión Soviética. Su lanzamiento habría constituido una demostración de fuerza destinada a inaugurar el nuevo orden mundial de la posguerra, dejando en claro quién poseía el arma más devastadora jamás creada.
La ironía de la historia es que la Unión Soviética, aunque desarrolló posteriormente armas nucleares, jamás las utilizó en combate. Fue la nación que soportó el mayor peso de la guerra contra el nazismo, perdió millones de vidas, expulsó al ejército alemán de su territorio y avanzó hasta Berlín. Aun así, nunca lanzó una bomba atómica contra otro pueblo.
Más allá de las interpretaciones estratégicas, un hecho permanece incuestionable: la decisión de lanzar bombas atómicas sobre ciudades densamente pobladas significó la muerte deliberada de cientos de miles de civiles. El sufrimiento no terminó con las explosiones. Durante décadas, miles de personas siguieron muriendo o padeciendo enfermedades causadas por la radiación. Las víctimas no fueron únicamente quienes murieron en agosto de 1945, sino también generaciones enteras marcadas por la contaminación nuclear.
Hiroshima y Nagasaki siguen siendo una advertencia permanente sobre los límites de la guerra y los peligros de justificar cualquier acción en nombre de la victoria militar. La memoria de esas víctimas exige algo más que ceremonias conmemorativas. Exige que la humanidad reconozca que ninguna razón de Estado puede legitimar el exterminio indiscriminado de poblaciones civiles.
Los Juicios de Núremberg establecieron un principio que marcó la historia del derecho internacional: los gobernantes y los jefes militares pueden ser responsabilizados personalmente por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sin embargo, ese principio se aplicó a los vencidos, nunca a los vencedores. La universalidad de la justicia cedió su lugar a la justicia de los vencedores.
Si ese principio se hubiera aplicado con el mismo rigor a todas las partes del conflicto, Harry S. Truman debería responder, al menos ante el juicio de la historia. Su muerte no extingue la responsabilidad moral por una decisión que abrió las puertas a la era del terror nuclear.
El lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki constituyó, a mi juicio, uno de los mayores actos de terrorismo de Estado de la historia. Su principal responsable nunca fue juzgado ni siquiera condenado simbólicamente. La impunidad de Truman revela una verdad incómoda: la justicia internacional suele ser severa con los derrotados, pero indulgente con los vencedores.
Mientras esta lógica prevalezca, Hiroshima y Nagasaki seguirán denunciando no solo la barbarie de la guerra, sino también la selectividad de la memoria y de la justicia. Sin una condena moral inequívoca de aquel crimen contra la humanidad, el mundo continuará conviviendo con la peligrosa ilusión de que la fuerza puede sustituir al derecho y de que los vencedores están por encima de la propia historia.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
