Cuando la investigación se convierte en titular y el titular parece una sentencia, el Estado de derecho cede espacio al espectáculo.
Paulo Cannabrava Filho
La apertura de una investigación no constituye una condena. Es apenas el inicio de un procedimiento destinado a determinar si existen elementos que justifiquen el avance de una investigación. Este principio, tan elemental en un Estado de derecho, parece olvidarse con frecuencia cuando determinados personajes entran en escena.
En los últimos días, la Federación integrada por el PT, el PCdoB y el PV presentó una acción ante el Tribunal Superior Electoral contra el senador Flávio Bolsonaro y otros dirigentes del PL, acusándolos de utilizar de manera irregular la inteligencia artificial durante la campaña electoral. Entre las acusaciones figuran el uso de perfiles falsos, la monetización de contenidos considerados ilícitos y la difusión de material generado por inteligencia artificial sin la debida identificación.
Uno de los episodios señalados fue la presentación, durante una convención del PL, de un video en el que un avatar de Jair Bolsonaro pedía apoyo para la candidatura de su hijo Flávio.
En la misma convención, el presidente argentino Javier Milei lanzó ofensas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y contra el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal. Lula prefirió no alimentar la controversia, preservando la histórica relación entre Brasil y Argentina, dos países unidos por más de dos siglos de convivencia, intereses comunes y amistad.
Al mismo tiempo, recibió enorme destaque la decisión del ministro André Mendonça de autorizar la apertura de una investigación de la Policía Federal sobre Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha. La investigación busca esclarecer si existió tráfico de influencias o favorecimiento de intereses vinculados al sector del cannabis medicinal. El proceso se desarrolla bajo secreto de sumario y, hasta el momento, no existe acusación formal ni juicio.
Ante la apertura de la investigación, el propio presidente Lula declaró que su hijo debe ser investigado como cualquier otro ciudadano. Añadió que, si al final del proceso fuera declarado culpable, deberá responder por sus actos y cumplir la pena correspondiente, sin privilegio alguno derivado de su condición de hijo del presidente de la República.
Es una afirmación que reafirma un principio básico de la República: la ley debe ser igual para todos.
Lo que merece reflexión es el tratamiento dado a los hechos. La simple apertura de una investigación se transforma de inmediato en titulares de primera plana, editoriales y amplia cobertura periodística, como si el inicio de la investigación bastara para anticipar un veredicto ante la opinión pública.
Resulta impresionante la dimensión que una parte de los grandes medios ha dado a la apertura de esta investigación. No hubo juicio. No hubo condena. Ni siquiera existe, hasta ahora, una acusación formal. Existe una investigación, que debe seguir su curso con independencia, seriedad y pleno respeto al debido proceso legal.
No se trata de defender a uno u otro investigado. El principio debe ser el mismo para todos. Toda denuncia merece ser investigada, pero toda investigación debe respetar la presunción de inocencia.
Quien sea declarado culpable, después de ser investigado, acusado y juzgado, debe responder por sus actos. Quien no haya cometido irregularidad alguna merece que su inocencia reciba el mismo destaque que tuvo la sospecha inicial.
Una democracia sólida depende de instituciones independientes, pero también de una prensa comprometida con el equilibrio. Cuando la noticia deja de distinguir entre investigación y condena, se corre el riesgo de transformar el proceso judicial en un espectáculo y de sustituir la justicia por el tribunal de la opinión pública.
Cuando el titular vale más que la sentencia, ¿quién está siendo juzgado: el investigado o la propia democracia?
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
