Paulo Cannabrava Filho
Auditorías realizadas por tribunales de cuentas identificaron irregularidades o vulnerabilidades en cerca del 90% de los casos analizados relacionados con las llamadas enmiendas PIX, mecanismo que sustituyó al presupuesto secreto, pero preservó su esencia: la transferencia multimillonaria de recursos públicos sin transparencia adecuada y sin una planificación consistente.
Un levantamiento realizado por el diario *O Estado de S. Paulo* examinó 497 millones de reales distribuidos mediante 125 transferencias parlamentarias hacia 42 municipios de 22 estados, entre 2022 y 2024. Los recursos fueron enviados directamente a los alcaldes sin necesidad de proyectos técnicos ni convenios formales, abriendo espacio para sobreprecios, descontrol y dificultades de fiscalización.
El informe del Tribunal de Cuentas será enviado al Supremo Tribunal Federal, correspondiéndole al ministro Flávio Dino la relatoría del caso. Entre las principales fallas señaladas están justamente la dificultad para rastrear el origen y el destino final de los recursos, además de la ausencia de mecanismos efectivos de planificación y control.
Las cifras impresionan. En 2024, las enmiendas PIX sumaron 8,2 mil millones de reales, mientras que el total de las enmiendas individuales alcanzó 25 mil millones. En 2025, las PIX rondaron los 7,3 mil millones y el total de las enmiendas individuales llegó aproximadamente a 50 mil millones de reales. Ya en el presupuesto de 2026 están previstos 7,4 mil millones para las enmiendas PIX y cerca de 50 mil millones para el conjunto de las enmiendas individuales.
Esto revela una profunda distorsión en el funcionamiento del Estado brasileño. El gobierno federal pierde capacidad de planificación y ejecución de políticas públicas porque parcelas crecientes del presupuesto pasan a ser apropiadas por intereses localizados y negociaciones parlamentarias fragmentadas. Queda muy poco espacio para inversiones estructurales, desarrollo nacional o programas sociales de mayor alcance.
La situación se vuelve todavía más grave cuando se considera que más del 40% del presupuesto de la Unión está destinado al pago de intereses y demás costos de la deuda pública interna. Es decir, entre el peso del sistema financiero y la pulverización de recursos a través de las enmiendas parlamentarias, el Poder Ejecutivo queda cada vez más paralizado.
El impacto directo recae sobre la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura y las políticas de combate a la desigualdad. El Estado pierde capacidad de coordinar un proyecto nacional de desarrollo y se transforma en un permanente mostrador de negociaciones políticas.
Este cuadro deja en evidencia la necesidad urgente de una reforma política capaz de devolver transparencia, racionalidad y capacidad de planificación al Estado brasileño.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
