Privilegios, sobresueldos y crisis de confianza
Paulo Cannabrava Filho
Brasil convive con una paradoja escandalosa. Mientras millones de trabajadores sobreviven con salarios aplastados, intereses abusivos y servicios públicos precarios, parte del Poder Judicial brasileño sigue acumulando privilegios que ofenden a la población. El techo constitucional del servicio público es hoy de R$ 46.366,19. Pero, gracias a los llamados “penduricalhos” — beneficios y gratificaciones adicionales — magistrados logran elevar sus ingresos a valores cercanos a los R$ 70 mil mensuales.
Antes existían cerca de 15 tipos diferentes de beneficios agregados a los salarios. Ahora serían ocho, pero el mecanismo sigue funcionando como una puerta abierta a los supersalarios. Incluso con la limitación formal de que los adicionales no superen el 35% del sueldo, el resultado final sigue siendo un escándalo frente a la realidad del país.
Y no termina ahí. En algunos tribunales, jueces fueron transformados administrativamente en “profesores”, incorporando cerca de R$ 14 mil más a sus ingresos. Todo dentro de una ingeniería burocrática creada para burlar el espíritu de la Constitución y preservar privilegios incompatibles con una República.
No por casualidad, crece la crisis de confianza en las instituciones. La población mira al Poder Judicial y ve un sistema distante del pueblo, blindado por beneficios y marcado por una cultura corporativa que resiste cualquier intento serio de moralización.
En este escenario, el presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, parece casi aislado al defender la creación de un código de ética para la Corte. La propuesta gana todavía más relevancia en un momento en que el país entra en año electoral y las instituciones son sometidas a un creciente desgaste ante la opinión pública.
Al mismo tiempo, otro episodio amplía la sensación de inseguridad jurídica y descrédito institucional. La llamada ley de dosimetría, vetada inicialmente por el presidente Lula, terminó siendo promulgada por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, después de que la Cámara y el Senado rechazaran el veto presidencial y transcurrieran los plazos reglamentarios durante el viaje del presidente de la República.
La nueva legislación abre espacio para la reducción de penas en determinados casos, incluso en procesos relacionados con los involucrados en los actos golpistas. Un ejemplo emblemático sería el del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y 3 meses por participación en intento de golpe de Estado, siendo seis años en régimen cerrado. Según la nueva regla de dosimetría, su condena podría reducirse a cerca de 20 años, con apenas dos años y cuatro meses en régimen cerrado. Actualmente, el capitán se encuentra bajo prisión domiciliaria por motivos de salud. Sin embargo, la eventual reducción no sería automática: la defensa tendría que presentar una solicitud formal ante el STF, que analizaría la aplicación de la nueva legislación al caso concreto.
El simple hecho de que esa posibilidad exista ya provoca enorme repercusión política y profundiza el debate sobre selectividad penal, coherencia jurídica y presión política sobre los tribunales.
El problema central es que el país va consolidando la percepción de que existen diferentes sistemas de justicia: uno duro para la población común y otro flexible para sectores privilegiados de la política y de las élites estatales. Sin transparencia, sin límites claros y sin una ética institucional efectiva, el Poder Judicial corre el riesgo de profundizar todavía más la distancia entre las instituciones y la sociedad.
Brasil necesita urgentemente recuperar el sentido republicano del servicio público. Ninguna democracia soporta indefinidamente privilegios excesivos, supersalarios y mecanismos que corroen la confianza popular en las instituciones.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
