El megaoperativo en Río revela más que el enfrentamiento al crimen: expone una estrategia de poder que ignora vidas y alimenta la barbarie
Paulo Cannabrava Filho
Un megaoperativo con 2.500 agentes fue desplegado en las comunidades del Complexo do Alemão y de la Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, bajo el nombre de «Operación Contención». El saldo oficial: cuatro policías muertos y, según denuncias de vecinos y entidades de derechos humanos, más de 130 civiles ejecutados. Una masacre.
El gobernador Cláudio Castro, bolsonarista, declaró que las únicas víctimas fueron los policías fallecidos, negando la existencia de ejecuciones, incluso ante cuerpos abandonados en las calles y denuncias de desaparecidos. El silencio o la complicidad institucional transforma la violencia en política de Estado.
La operación fue inmediatamente apropiada como carta de campaña. Aunque no fue planificada durante un período electoral formal, fue utilizada como vitrina política por sectores ya en plena campaña para las elecciones generales de 2026. Sirvió de tribuna y demostración de fuerza, no contra el narcotráfico, sino contra territorios marginados, con fines electorales.
Los narcotraficantes resistieron con tácticas de guerrilla urbana: incendiaron vehículos, bloquearon avenidas, usaron drones con explosivos. Un escenario de guerra. Más de 45 escuelas cerraron, decenas de líneas de autobús fueron suspendidas. La ciudad vivió días de terror. Y lo más grave: la represión no perdonó a nadie, ni a niños.
Ante la tragedia, el presidente Lula fue enfático: defendió el combate al crimen organizado, pero con inteligencia y preservación de la vida. “No podemos permitir operaciones que pongan en riesgo a inocentes y policías”, dijo. El gobierno federal criticó la estrategia basada en el enfrentamiento y defendió el uso de inteligencia para desarticular la estructura del narcotráfico.
El Supremo Tribunal Federal, a través del ministro Alexandre de Moraes, ordenó que el gobernador rinda explicaciones. El presidente del STF, Edson Fachin, pidió discreción y sobriedad, señalando que el tribunal está atento a la gravedad de los hechos.
La repetición de masacres en las favelas brasileñas no puede seguir siendo naturalizada. Es necesario romper el ciclo de violencia que alimenta la política del miedo y la propaganda electoral. Un Estado que mata no puede llamarse democrático. Justicia para las víctimas. Memoria para los territorios. Y responsabilidad para quienes gobiernan.
