Condenados por el Supremo: un avance
de la Justicia contra el intento de golpe
Paulo Cannabrava Filho*
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal formó mayoría para condenar a siete implicados en el intento de golpe de Estado articulado por el núcleo duro del bolsonarismo. La votación terminó con cuatro votos a favor y solo uno en contra, en un juicio simbólico para la democracia brasileña.
Entre los condenados están militares de la reserva y un agente de la Policía Federal:
- Mayor del Ejército Ailton Barros: 17 años de prisión
- Coronel del Ejército Bernardo Romão Corrêa Netto: 16 años de prisión
- Coronel del Ejército Marcelo Câmara: 16 años de prisión
- Coronel del Ejército Régis Wallace: 15 años y 6 meses de prisión
- Teniente coronel del Ejército Rafael Martins: 14 años y 9 meses de prisión
- Agente de la Policía Federal Abilio Carias Neto: 14 años y 9 meses de prisión
- Carlos César de Carvalho Morato Rocha, presidente del Instituto Voto Legal: 7 años y 6 meses de prisión
Todos fueron condenados por asociación criminal armada e intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. Las penas deberán ser cumplidas inicialmente en régimen cerrado.
El Supremo también reconoció que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) fue instrumentalizada para producir desinformación y realizar monitoreo ilegal de adversarios políticos, revelando el uso del aparato estatal con fines golpistas.
Además de las penas de prisión, el grupo fue condenado a pagar, de forma solidaria, R$ 30 millones por los daños causados a la Plaza de los Tres Poderes durante los actos vandálicos del 8 de enero.
Los condenados perderán sus cargos públicos y derechos políticos, quedando inhabilitados por 8 años. En caso de ser también juzgados y condenados por el Tribunal Superior Militar, perderán sus rangos y serán expulsados de las Fuerzas Armadas por indignidad.
Este juicio marca el inicio de una aplicación rigurosa de la ley por parte del Estado brasileño para responsabilizar a militares y civiles involucrados en el atentado contra el orden democrático. Es una victoria institucional contra la impunidad y un hito en la lucha contra el golpismo.
Juzgar a los militares que atentaron contra la democracia es fundamental para reconstruir la autoridad civil sobre las instituciones armadas. Se rompe, así, con décadas de silencio y connivencia. La sociedad brasileña puede ir más allá: exigir también el juicio de los militares que protagonizaron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1964 a 1985. Torturas, asesinatos y desapariciones forzadas son crímenes imprescriptibles, y la Justicia tiene el deber de hacer valer los derechos de las víctimas y de la memoria nacional.
*Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
