Paulo Cannabrava Filho*
Los bolsonaristas siguen en rebelión contra el orden institucional. El episodio más reciente, el martes 5 de agosto, fue la ocupación de las mesas directoras de la Cámara y del Senado por diputados y senadores de la oposición, en un acto coordinado que paralizó los trabajos legislativos por más de 30 horas.
El objetivo: imponer, por la fuerza, una amnistía para los involucrados en los actos golpistas del 8 de enero. Pretenden borrar los crímenes cometidos contra la democracia, como si todo no hubiera sido más que una manifestación legítima. Pero no lo fue. Fue un atentado. Y ahora quieren transformar a los criminales en mártires.
La ofensiva de la oposición bolsonarista dejó en evidencia, una vez más, la fragilidad de la gobernabilidad. Con una base minoritaria y acorralada, el gobierno de Lula no tiene fuerza en el Congreso ni siquiera para hacer avanzar las medidas más elementales. La llamada “dictadura de la mayoría” se impone con brutalidad: de un lado, el Centrão y los bolsonaristas con más de 300 votos; del otro, una situación que no llega ni a 100. Esto hace que el país sea ingobernable.
Hubo reacción por parte del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y del presidente interino de la Cámara, Hugo Motta. Pero fue una reacción tímida, protocolaria, con promesas de investigación y discursos en defensa de la democracia. La verdad es que muchos de los que hoy se presentan como defensores del orden constitucional fueron cómplices del desmantelamiento democrático que nos ha traído hasta aquí.
Lo que está en juego es mucho más que una agenda legislativa. Es el futuro de la democracia. Y no se puede ceder ante el chantaje de quienes hacen política basándose en la fuerza, la mentira y la impunidad.
La complicidad de sectores del poder judicial también llama la atención. El Supremo Tribunal Federal, que tuvo un papel decisivo al frenar el golpe en 2023, hoy se muestra pasivo frente a la ofensiva golpista que se disfraza de acción parlamentaria. No hay órdenes de desalojo, ni imputaciones formales, ni señales claras de que la democracia será protegida con firmeza.
La prensa hegemónica, por su parte, relativiza los hechos. Se habla de «protestas» o de «acciones simbólicas», como si invadir la mesa del Senado fuera una expresión normal de la vida democrática. Esa normalización del absurdo es peligrosa: legitima el golpismo y confunde a la opinión pública.
La sociedad no puede permitir que se repita el silencio cómplice de otros tiempos. Es hora de levantar la voz y exigir responsabilidad institucional. No se trata solo de castigar a los golpistas, sino de restaurar la dignidad del Parlamento y afirmar que la democracia no se negocia.
*Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista Diálogos do Sul Maior. Texto elaborado com auxilio del chatgpt
