Guerra
sin tregua contra el Ejecutivo y el Judicial
La oposición transforma la designación para la Corte Suprema y la amnistía del 8 de enero en armas de la disputa electoral
Paulo Cannabrava Filho
La La oposición de derecha y extrema derecha decidió anticipar la campaña electoral de 2026 y abrir una verdadera guerra sin tregua contra el Ejecutivo y el Poder Judicial. En apenas dos días consecutivos, impuso dos derrotas históricas al gobierno de Lula y al Supremo Tribunal Federal, en una ofensiva que revela no solo la radicalización de la disputa política, sino también la crisis estructural de gobernabilidad del sistema brasileño.
El 29 de abril, el Senado rechazó, por 42 votos contra 34, la designación del abogado general de la Unión, Jorge Messias, para el Supremo Tribunal Federal. Según el diario O Estado de S. Paulo, desde 1894, durante el gobierno de Floriano Peixoto, no ocurría un rechazo de ese tipo. En la República Vieja hubo cuatro vetos, pero durante más de 130 años el Senado jamás había rechazado una indicación presidencial para la Corte Suprema.
La desaprobación de Jorge Messias fue una provocación política explícita. Constitucionalmente, corresponde al presidente de la República indicar a los ministros del Supremo. El Senado tiene la prerrogativa de aprobar o rechazar, pero históricamente esa atribución siempre fue ejercida dentro de un entendimiento institucional mínimo. Lo que se vio ahora fue la transformación de una designación calificada en instrumento de disputa política y demostración de fuerza.
La derrota fue articulada principalmente por sectores de la oposición que pretenden conquistar la mayoría en el Senado en las elecciones de octubre del próximo año. No esconden el objetivo: controlar la Cámara Alta para abrir procesos contra ministros del Supremo Tribunal Federal y profundizar el enfrentamiento institucional. La amenaza fue prácticamente explicitada por los propios líderes opositores, en una especie de mensaje para que los ministros de la Corte Suprema “pongan sus barbas en remojo”.
Al día siguiente, 30 de abril, llegó la segunda derrota. El Congreso anuló vetos del presidente Lula al llamado proyecto de ley de la dosimetría, reduciendo penas de los involucrados en los actos golpistas del 8 de enero y abriendo camino para una especie de amnistía parcial a los condenados por crímenes contra la democracia.
La medida fue presentada por sus defensores como una “corrección” de penas consideradas excesivas. Pero, políticamente, representa mucho más: es un movimiento para rehabilitar al campo golpista y consolidar una narrativa según la cual los ataques a las sedes de los Tres Poderes habrían sido apenas “excesos” de manifestantes exaltados. Se trata de una disputa abierta por la memoria política del país y por el sentido histórico de aquellos acontecimientos.
El jurista y magistrado Alfredo Attié, en declaraciones a la revista Fórum, afirmó que la anulación parcial de los vetos es inconstitucional. Según él, las maniobras conducidas por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, al separar las votaciones de los vetos, no tienen base legal, violan el procedimiento legislativo y configuran una usurpación del proceso constitucional. Para Attié, los vetos debían haber sido votados en bloque, como determina el rito legislativo, y no fragmentados según conveniencias políticas. Eso, según su interpretación, vuelve nula la anulación de los vetos.
En ese contexto, el papel de figuras como Davi Alcolumbre, de Unión Brasil, aparece como decisivo en la articulación de las derrotas impuestas al gobierno. El Congreso pasa a actuar no solo como contrapoder, lo que sería legítimo en una democracia, sino como centro permanente de presión y desgaste institucional.
Según Gleisi Hoffmann, ex presidenta del PT y ministra del gobierno, el rechazo de Jorge Messias abre la oportunidad para que Lula designe a una mujer para la Corte Suprema. Pero el problema central permanece: el presidente necesitará encontrar a alguien que reúna no solo “notable saber jurídico”, exigencia constitucional, sino también la confianza política suficiente para enfrentar un ambiente de creciente hostilidad.
El rechazo de la designación revela claramente la intención de sectores del Congreso de debilitar al Poder Judicial y someter las instituciones a una lógica de confrontación permanente. Ya no se trata de divergencias políticas normales entre poderes. Lo que está en curso es un intento de desplazar el eje del poder institucional mediante la presión parlamentaria y la intimidación política.
Estamos, una vez más, ante aquello que analicé en mi libro Gobernabilidad Imposible. El sistema político brasileño se volvió estructuralmente incapaz de producir estabilidad institucional duradera. El presidencialismo de coalición degeneró en un mecanismo de chantaje permanente, donde el Ejecutivo gobierna bajo presión continua de un Congreso cada vez más fragmentado, conservador y capturado por intereses corporativos y electorales.
En un año preelectoral, la tendencia es al agravamiento de este cuadro. La oposición apuesta al desgaste total del gobierno y a la radicalización institucional para conquistar mayoría parlamentaria y redefinir la correlación de fuerzas dentro del Estado brasileño. El riesgo es transformar al país en una arena de confrontación permanente entre poderes, erosionando todavía más la confianza de la población en las instituciones democráticas.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
