¿Uun paso contra la impunidad o una cortina de humo?
La Justicia impone monitoreo e aislamiento político a Jair Bolsonaro. Una decisión histórica que revela la crisis institucional y el estancamiento en la rendición de cuentas en Brasil.
Paulo Cannabrava Filho*
La imagen de Jair Bolsonaro obligado a usar tobillera electrónica, confinado en su domicilio entre las 17h y las 6h —y de forma integral los fines de semana y feriados—, alejado de autoridades extranjeras, consulados y redes sociales, es sin duda un hito en la historia reciente de Brasil. Un expresidente que desafió la Constitución, incitó al golpismo y conspiró con militares para sabotear el proceso democrático, ahora vigilado como un criminal en libertad restringida. Pero, ¿es esto suficiente?
Las medidas cautelares impuestas por el ministro Alexandre de Moraes incluyen:
- uso obligatorio de tobillera electrónica;
- reclusión domiciliaria nocturna de 17h a 6h, y completa durante fines de semana y feriados;
- prohibición de acercarse a embajadas y consulados extranjeros;
- prohibición de contacto con embajadores, autoridades extranjeras y otros acusados o investigados;
- prohibición de uso de redes sociales, de forma directa o por terceros.
Estas medidas responden a la gravedad de los indicios reunidos: intento de golpe, articulación con generales en activo, falsificación de documentos, incitación a la insubordinación militar y uso criminal de redes para desacreditar las elecciones. Sin embargo, a pesar del gesto firme del Supremo, persiste la sensación de que el tratamiento sigue siendo leve ante la magnitud de los crímenes.
No se trata de un agitador cualquiera. Bolsonaro fue jefe de Estado. Contaba con la maquinaria pública, el respaldo de las Fuerzas Armadas y el financiamiento empresarial —nacional e internacional— para llevar adelante un proyecto autoritario. Aun así, su castigo se va fraccionando en episodios aislados, mientras sus cómplices siguen libres, elegibles y activos.
Lo que salta a la vista es la lentitud —por no decir la complacencia— con que la Justicia brasileña trata a Bolsonaro. Los hechos son públicos y gravísimos. Ya antes de las elecciones de 2022, había señales claras de que tramaba contra la democracia. Una vez electo, utilizó el cargo para instrumentalizar instituciones, sabotear el sistema electoral, fomentar milicias digitales y amenazar a jueces, periodistas y opositores. Tras perder las elecciones, guardó silencio cómplice ante los actos terroristas de sus seguidores, mientras preparaba su huida a Estados Unidos.
Aun así, casi dos años después, Bolsonaro no ha sido encarcelado preventivamente —pese a estar directamente implicado en una trama golpista con pruebas contundentes: reuniones, grabaciones, documentos y articulaciones militares. Por mucho menos, líderes de movimientos sociales ya han sido encarcelados. El mismo Supremo que ahora impone tobillera y reclusión pudo haber decretado su prisión preventiva desde el inicio, para proteger el Estado de Derecho y evitar nuevas conspiraciones.
El resultado de tanta vacilación es evidente: Bolsonaro sigue actuando políticamente. Aunque inhabilitado, continúa movilizando a su base, manipulando a sus seguidores por redes (aunque sea indirectamente), asistiendo a eventos, dando entrevistas y manteniendo viva la llama del autoritarismo. Se ha convertido, en la práctica, en un líder informal de oposición, fuera de la ley y fuera de la cárcel.
La Justicia parece temer un enfrentamiento definitivo. Parece medir cada paso con reglas políticas, temiendo reacciones militares, tensiones institucionales o acusaciones de persecución. Pero al titubear, legitima el discurso bolsonarista de que todo se trata de una “persecución” o una “injusticia”. En lugar de defender con firmeza la democracia, permite que se consolide la narrativa de la víctima —cuando en realidad estamos ante el autor de una de las conspiraciones más graves de la historia republicana.
Ha llegado la hora de que la Justicia brasileña enfrente la verdad con coraje: Bolsonaro no puede seguir libre haciendo política. No puede continuar conspirando, mintiendo, saboteando el país con su retórica incendiaria. El Estado Democrático de Derecho no sobrevive si sus enemigos siguen actuando con impunidad. La tobillera es un comienzo, pero está lejos de ser el final. La democracia exige más.
*Articulo redactado com auxilio del chatgpt
