INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CRISIS DE INSEGURIDAD CIUDADANA
Son diversas las fuentes de inseguridad en el país, pero la que en el último mes ha concentrado la atención y la protesta de la ciudadanía es la vinculada a la extorsión que hoy afecta sobre todo a transportistas, bodegueros, construcción civil, vendedores ambulantes, comedores populares, restaurantes, mercados y peluquerías.
Sobre los hechos en sí y sobre las contundentes protestas ciudadanas habidas en octubre exigiendo seguridad se ha escrito mucho, por lo que preferimos centrarnos en algunas de las causas y en qué hacer.
LAS CAUSAS
Debido al tipo de cobertura de los medios de comunicación y a reiteradas declaraciones gubernamentales, la población crecientemente tiende a vincular el origen de las extorsiones a la población migrante venezolana.
Como hemos comentado en anteriores entregas, este delito comienza con fuerza en el 2007 en la ciudad de Trujillo (La Libertad). En el 2012 ya ha logrado extenderse por toda la costa.
Pero la gran migración venezolana que hoy tenemos (1’543,000) recién comienza a fines del 2017, por lo que esa afirmación no se ajusta a los hechos.
En lo que sí coinciden casi todos los analistas es que las normas dadas por los actuales congresistas para protegerse y avaladas por el Ejecutivo (que también buscaba protegerse) exacerbaron el problema.
Es por eso que en las diversas protestas de la población reclamando seguridad hay una unánime demanda de derogatoria de la ley 32108, hoy más conocida como la ley pro delincuencia.
Ante esa demanda, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, dijo “La 32108 es una Ley cuya finalidad es que no se politice la justicia y que a quienes persiga la Fiscalía sean a las verdaderas organizaciones criminales y no a los enemigos políticos -los invito a leerla-.
Es así de simple. Por eso la fuerte arremetida 2 en contra de esta ley, ténganlo claro para no dejarse manipular”1 .
Una respuesta parecida dio el congresista Montoya diciendo que era imposible modificarla e incluso tildando de delincuentes a quienes lo pedían.
Ambos dejaron en evidencia que había sido dada la ley para protegerse ellos, sin importarles para nada las trágicas consecuencias para el país.
El gobierno, por su parte, tildó de terrucos a los organizadores de los paros de octubre que buscaban la derogatoria. Pero ya esa monserga no se la cree casi nadie.
Lo evidencia un editorial de Semana Económica, revista empresarial que editorializó diciendo: “La presidenta Dina Boluarte parece creer que hablar de ‘terrorismo’ le va a permitir obtener el respaldo de quienes reclamamos más seguridad en el país. De lo que no se da cuenta es de que esa estrategia sólo desnuda la incapacidad y la precariedad de su posición como gobernante”2
La coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna ha querido responsabilizar de la grave situación que afrontamos a la Fiscalía y al Poder Judicial, acusándolos de liberar a los delincuentes. Ocultan que las normas dadas por el Congreso y el Ejecutivo ponen a jueces y fiscales más obstáculos para poner a los sospechosos en prisión preventiva, les dan menos tiempo para investigar los casos, han acabado con el factor sorpresa en los allanamientos, prohíben decomisar explosivos (que se usan para extorsionar), etc.
En efecto, Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, ha declarado que los fiscales se ven obligados a soltar delincuentes por leyes dadas por la coalición, que, entre otros, elevan la valla para la prisión preventiva de cuatro a cinco años, y que una ley dada el año 2023 establece que, si un ciudadano de entre 18 a 25 años es condenado a prisión, la pena será suspendida3 .
También influye el hecho de que las cárceles peruanas operan actualmente al 240% de su capacidad, debido a que no se construyeron nuevos penales en la última década. La población penitenciaria, a julio del 2024, asciende a 98,035 internos.
Comex nos dice que el delito más común entre los reclusos es el robo agravado (22.8% de la población penitenciaria), mientras que el de mayor crecimiento es el de organización criminal.
A julio de 2024, un 89.1% de los internos vinculados a este último delito aún no ha recibido sentencia4 . Asimismo, influye la inoperatividad policial y su casi resignación a que han sido desbordados por la situación.
Hay numerosos testimonios de personas, en diversas partes del país, que señalan que cuando han ido a la comisaría a comunicar que son extorsionados han recibido como respuesta la que Rosa María Palacios señala en su programa de La República del 29 de octubre “Paguen nomas porque la policía no puede hacer nada”5 .
Y lo que es más grave aún, otros indican que luego de sentar la denuncia los extorsionadores han sido informados de ello y les han aumentado el pago. Se ha señalado que “cuando denuncian estos delitos en las comisarías, los criminales regresan con mayor agresividad y les aumentan el monto del cupo.
Por ello han perdido la confianza en las autoridades, ya que no saben cómo los delincuentes se enteran cuando alguno presenta una denuncia”6 . Por lo que a la inoperancia hay que sumar la corrupción que plaga el cuerpo policial.
De los 142,000 efectivos policiales que hay en el país, el abogado José Ugaz señaló que 27,000 han sido sometidos a procesos administrativos y/o penales por incurrir en diversos delitos. Rosa María Palacios dio una cifra parecida: 25,000. Y el diario El Comercio señala que “Entre el 2018 y el 2023, alrededor de 23,800 efectivos fueron pasados al retiro por haber cometido faltas muy graves7 .
Es más, hay casos probados en que los extorsionadores eran miembros de la policía, como se lo recordó una pobladora del norte del país durante el paro del 23 de octubre al Jefe Policial de la Región Piura,
Manuel Farías, quien los acusaba a ellos de extorsionadores por bloquear la carretera durante el paro. El Jefe policial no pudo negarlo y se limitó a decirle “algunos, algunos” 8 . La falta de especialización al interior del cuerpo policial también nos está pasando factura así como también la casi ausencia de políticas de prevención y de articulación de la labor policial con los esfuerzos de otras instituciones de la sociedad civil
Jorge Sahd K., Daniel Zovatto y Diego Rojas señalan que “El crimen organizado sigue creciendo donde el Estado es relativamente débil, los niveles de corrupción altos y predominan economías informales con altas tasas de desigualdad y pobreza.
Por su parte, sistemas judiciales sin independencia e instituciones públicas con altos índices de corrupción contribuyen a una cada vez mayor percepción de inseguridad e impunidad”9
. QUÉ HACER
En ese contexto, es preocupante que la mayoría de la Opinión Pública estaría de acuerdo en apoyar a un líder que acabe con la inseguridad, aunque para hacerlo no respete los derechos de las personas.
Y que la mayoría de propuestas se enfoquen en la construcción de más cárceles, en hacer que las Fuerzas Armadas patrullen las calles, en aumentar las penas, declarar estados de emergencia y botar a los venezolanos del país. Propuestas que ya han demostrado que no resuelven el problema.
Esta perspectiva es compartida por muchos jefes policiales. Por ejemplo, el ex jefe policial de La Libertad, Roger Torres, hablando de la posibilidad de aplicar un “Plan Bukele”10 declaró en Radio RPP que “Debemos alejarnos o renunciar a los derechos humanos para poder enfrentar a la delincuencia”.
Pocas propuestas se enfocan en tareas preventivas que sí han demostrado funcionar, pero requieren de continuidad. Sin ánimo de exhaustividad, mencionamos algunas de ellas: + Fiscalizar los puntos de venta de celulares robados ya que el 70% de las extorsiones son por esa vía.
En el 2023 se robaron 1´700,000 celulares, es decir, 4,644 diarios; que luego de aprovechar toda la información que contienen son comercializados en diversas galerías del país. Si nosotros conocemos esos puntos de venta, es evidente que la policía también conoce en cada ciudad los principales puntos de venta de celulares robados.
Hay que apuntar a los financiadores de esos stands en las galerías, ya que son ellos los que tienen contacto con toda la cadena delictiva. Pero también es importante dar normas para acabar con la lentitud de las operadoras telefónicas en dar la información sobre los números robados que la Policía requiere. Recordemos que los extorsionadores se dan el lujo de dejar
La revista británica The Economist señalaba que “El enfoque de Bukele probablemente fracasará en otros lugares. Los grupos criminales de la región son más ricos, mejor armados y más transnacionales que los extorsionadores pobres e impopulares de El Salvador” (Mayo 2024). La traducción es nuestra. 5 números telefónicos para que les yapeen el monto de la extorsión. Los operadores telefónicos privados también tienen una gran responsabilidad al respecto. + Estrecha coordinación con el sistema bancario. Ya que los pagos por extorsión se hacen a través del sistema bancario.
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Asociación de Bancos (Asbanc) debe actuar también al respecto y no eludir sus responsabilidades. Como bien señala Rosa María Palacios “las pistas están allí, regadas”11 + Reformar y reforzar la Policía, sobre todo sus labores de inteligencia, que dieron buen resultado en la lucha contra el terrorismo. Hay que dotarla de personal idóneo y de recursos adecuados a todo nivel.
No puede ser posible que no haya recursos para fortalecer la labor policial contra la delincuencia organizada y si la haya para gastarse US$ 3,500 para comprar aviones.
Al respecto nos parece importante lo que señaló Gian Franco Castagnola, presidente de Apoyo Consultoría: “El ministro de Defensa ha dicho que quienes critiquemos esto somos traidores a la patria. Estoy dando mi opinión de economista y diría que, para mí, es traición a la patria gastar US$3,500 millones en algo que el Perú no necesita cuando tenemos necesidades de la población absolutamente insatisfechas, como gente que se muere porque no puede ser atendida a tiempo por el Ministerio de Salud o Essalud. Vimos el mal manejo de los incendios forestales en la selva por falta no solo de gestión, sino también de recursos. Y con toda esa falta de recursos y la pobreza que tenemos, gastarnos US$3,500 millones en comprar aviones de guerra, cuando tenemos todas nuestras fronteras tranquilísimas, es sumamente preocupante”12 .
Nos parece que esos US$ 3,500 millones (que incluyen la compra de otro avión presidencial) podrían mejor dedicarse para solucionar las siguientes carencias logísticas de la Policía, a agosto 2024, dadas a conocer por Ojo Público: +de los 17,940 vehículos de la Policía Nacional, Solo 9,925 están operativos y 8,015, inoperativos. + De las 1,406 comisarías 71% (998) tenían una infraestructura en mal estado y 44% (624) no contaban siquiera con servicios básicos adecuados13 .
6 Pero, también hay que cambiar las prioridades del presupuesto policial. Por ejemplo, no puede ser que La PNP reciba 13 veces más presupuesto para enfrentar los conflictos sociales y las protestas, que para enfrentar a la minería ilegal.
En el caso del presupuesto del combate al narcotráfico, este es superado en un 300% por el destinado a controlar las protestas. + Dar continuidad a las políticas públicas de combate a la delincuencia, lo que es imposible si cada tres meses en promedio se cambia a los ministros del sector, como ha venido sucediendo. La inestabilidad política que padecemos desde el 2016 es también uno de los factores que explican la situación actual.
+ Atender a la Juventud, creando oportunidades de estudio y trabajo de calidad para ella. Recordemos que en nuestro país el 18,2% (millón y medio) de ellos ni estudia ni trabaja. Por otro lado, solo 22,6% de jóvenes trabaja en algo que estudió y sus trabajos son precarios, con remuneraciones promedio mensual de 1,133 soles; y el 85,4% de ellos son trabajadores informales.
En la región latinoamericana se destaca que en Guatemala, São Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia), una combinación de investigación y castigo efectivos con políticas sociales orientadas a la inclusión social ha producido resultados tangibles sin comprometer el Estado de derecho14 .
El gran desafío que hoy tenemos es que la cólera, angustia y hartazgo social producida por el desborde de la inseguridad en nuestro país no sea canalizada por otra opción autoritaria; sino por una representación política democrática, que plantee un programa donde se logre integrar la actual demanda de la población en defensa de la vida, amenazada por la delincuencia extorsionadora, con la angustia por las difíciles condiciones económicas que han hecho que el 51% de la población no tenga lo necesario para comer.
Y que a eso sume el reconocimiento de las demandas de los pobladores amazónicos, de las mujeres y de los demás sectores relegados de nuestra sociedad.
Lima, 30 de octubre 2024 14 )
Tamara Taraciuk Broner “Is There a Real-World Alternative to Bukele on Crime?” October 9, 2024 https://www.americasquarterly.org/article/is-there-a-real-world-alternative-to-bukele-on-crime/
