PERÚ. LOS 4 EJES DE LA CONFRONTACIÓN

Por Gustavo Espinoza M.

El desarrollo de los acontecimientos y el debate político generado en el país, han puesto en evidencia lo que hoy constituyen los 4 ejes de la confrontación entre el pueblo y la clase dominante. Veamos:

LA LEGITIMIDAD DE PEDRO CASTILLO

Pedro Castillo Terrones fue electo en junio del 2021 y de una manera enteramente democrática como Jefe del Estado y asumió su función el 28 de julio del mismo año. Virtualmente desde el primer día, afrontó los ataques de la reacción que implementó contra él, la más feroz ofensiva que se conoce en la historia del Perú Republicano. La campaña desatada por la clase dominante, cada día desde entonces fue ejecutada por el Congreso de la República, los parlamentarios de la ultra derecha, los colectivos que los representan, los medios de comunicación, los núcleos empresariales y los resortes del Poder en manos de la clase dominante. En el Legislativo, finalmente se trataron hasta 4 propuestas de Vacancia. Dos de ellas no fueron aprobadas, Una quedo en el tintero y la cuarta –presentada y aprobada el 7 de diciembre- se resolvió en seis minutos en un trámite inédito y absolutamente ilegal.

Formalmente, para que el trámite impuesto por la Mesa Directiva prosperara en la discutida sesión del 7 de diciembre,  se requería el voto favorable de 104 parlamentarios, pero sólo obtuvo 101, hecho que lo torna simplemente ilegal.

Cuando Pedro Castillo fue detenido, ostentaba el cargo de Presidente de la República y gozaba de la inmunidad correspondiente. Su detención,  también fue ilegal. Y hoy se le mantiene detenido, habiéndose desestimado arbitrariamente los recursos de Habeas Corpus presentados por su defensa.

La farsa de la reacción se ha orientado a calificar a Castillo como “dictador”. No obstante, los hechos han demostrado que Castillo nunca tuvo apoyo del Congreso, de los Medios de Comunicación, de la cúpula militar, los empresarios ni los otros entes reguladores del Estado ¿Cómo podría haber sido dictador?. En todo caso, buscó promover una Asamblea Constituyente, y eso no implica dictadura alguna sino consulta democrática a la ciudadanía.

En la situación actual, las movilizaciones que se registran a lo largo y ancho del país, demandan la libertad de Castillo y la ilegalización de las acciones consumadas contra él. Y eso, se ajusta enteramente a la Ley.

LA DISOLUCIÓN DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Siendo el instrumento político más caracterizado de la ultra derecha en la campaña desplegada por la Clase Dominante contra el gobierno de Pedro Castillo, el Congreso de la República cayó logrando el inédito porcentaje de 92% de rechazo ciudadano. La inmensa campaña desplegada por la “Prensa Grande” apoyando su ofensiva, no pudo nunca revertir el desprecio ciudadano por el Congreso y la prensa corrupta.

El Congreso, de manera ilegal encarpetó los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo e impuso su propia agenda. En el extremo, aprobó sus decisiones y las convirtió en Ley pese a haber sido observadas por el Ejecutivo de acuerdo al procedimiento vigente.

En la actividad del Congreso prosperó siempre la tarea de obstruir el trabajo del Poder Ejecutivo. Por eso censuró ministros, pero además creó “Comisiones investigadoras” acosando a todos los altos funcionarios del Gobierno, citó reiteradamente a los titulares de los distintos portafolios para “exigirles cuentas” de sus acciones; en tanto que los voceros de los grupos parlamentarios de modo cotidiano atacaban al Jefe del Estado.

Eso, unido a los beneficios y privilegios que se adjudicaran los Parlamentarios, hizo que la estima del Congreso ante la opinión ciudadana, cayera estrepitosamente. Y explica que todas las demandas populares incluya siempre una clara consigna: ¡Cierren el Congreso!

LA CONVOCATORIA A NUEVAS ELECCIONES

Ante la consigna de “Cierren el Congreso” se ha planteado la posibilidad de realizar comicios para elegir un nuevo Congreso. En el debate de este tema se ha sostenido la necesidad de modificar algunas normas para hacer más “democrática” la elección parlamentaria.

En las condiciones de hoy, no existe ninguna garantía que éste Congreso apruebe reformas que hagan más democrático el próximo proceso electoral. Los voceros de la “mayoría parlamentaria” se han esmerado en decir que la crisis política deriva de la existencia de “corrientes comunistas y terroristas”  en la vida del país. Y han considerado a Pedro Castillo y a las fuerzas que lo apoyan, de ser “terroristas y comunistas”. Hoy aseguran que reformarán la legislación electoral para impedir que sean elegidos, o desempeñar funciones públicas en cualquier nivel del Estado, ciudadanos   considerados comunistas o terroristas, lo que atribuyen a todos los que no comparten sus puntos de vista.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La actual Constitución, es producto de la dictadura de Alberto Fujimori. Fue creada con el propósito de imponer en el país el modelo Neo Liberal que dio absoluta predominancia a la inversión privada y relegó al Estado a una función   subsidiaria.

Esa Carta hizo crisis con el fracaso del régimen fujimorista, pero las administraciones posteriores, también de corte Neo Liberal, la mantuvieron prácticamente sin modificaciones. La Pandemia registrada a partir del 2019   permitió que la Constitución del 93 hiciera crisis.  Puso en evidencia la incapacidad absoluta del Estado para atender las necesidades de la población en la economía, el empleo, la salud, la educación y otros rubros. Por eso creció en la ciudadanía la idea de una Nueva Constitución, y se afirmó como vía más correcta para lograrlo, una Asamblea Constituyente.  El Gobierno de Pedro Castillo asumió el compromiso de abordar el tema, lo que fue duramente cuestionado por la Clase Dominante.

Uno de los rasgos distintivos de la Constitución del 93 fue su sesgo Presidencialista. Por eso la mayoría parlamentaria opositora al gobierno de Castillo, que se opuso tercamente al cambio de Constitución, se empeñó más bien en modificar el texto constitucional quitándole funciones al Poder Ejecutivo y otorgándolas al Congreso. Así modificó, o derogó, más de 53 disposiciones constitucionales.

Lo que sí no permitió en ningún caso esa mayoría parlamentaria fue la convocatoria a un Referéndum para que la ciudadanía opinara en torno al cambio de Constitución. Al contrario, cerró completamente la posibilidad de cualquier consulta cívica en torno a la materia.

Hoy la ciudadanía se moviliza activamente exigiendo la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la creación y aprobación de un nuevo texto constitucional.

LA SALIDA A LA CRISIS

Es claro que ninguna salida a la crisis habrá de producirse en el país si no se atienden lo cuatro ejes que hoy concitan el interés ciudadano.

La lucha de las poblaciones es firme y tiene múltiples expresiones. Por parte de la Clase Dominante se muestra sin embargo, una sola voluntad: “recuperar el orden público”. Para tal efecto, recurrirá a la violencia. Ella podría ser la antesala de un régimen de fuerza inédito en la historia peruana. (fin)

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