El mal no
se deshace con la CPI
es necesario punir a los responsables
Paulo Cannabrava Filho
Esa es la cuestión: el mal ya está hecho.
El mal son las 450 mil muertes que podrían haber sido evitadas.
No porque las cosas ahora están a funcionar que el mal se deshace, que se va a poner paños calientes sobre la herida. Pues no se trata de herida sino de muertes: 450 mil personas que perdieron la vida. ¿Cuántos millones de familiares a llorar por sus muertos?
De los 400 mil muertos, tres cuartos, 300 mil tenían más de 60 años. Es un tremendo impacto en la economía, pues la mayoría de ellos era sostén de familia. Con el desempleo en masa, los jubilados con sus pensiones sustentan la familia; en algunos casos, aun la economía de pequeños municipios depende de los ingresos de los jubilados y los que reciben pensión. Según la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares (Pnad por su sigla en portugués), considerando que esas personas tuviesen una renta promedio de R$ 2.249, la economía ha perdido R$ 38 mil millones.
CPI del genocidio
Las transmisiones por TV de las sesiones de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del genocidio, instalada en el Senado para averiguar las responsabilidades del gobierno por el descaso en el manejo de la pandemia, están superando los récords de audiencia. La cuestión es delicada. La Inteligencia del gobierno es muy lista y sabe cómo sacar provecho de los medios. Todo es ensayado para eludir la culpa de los responsables.
Los responsables son el gobierno y las fuerzas armadas que ocupan el gobierno. Más de seis mil militares en el Executivo, empresas y autarquías. En todo el gobierno, son más de nueve mil, según el profesor Piero Leiner, especialista de la Universidad de São Carlos. Él concuerda que la toma de posesión del gobierno ha sido planificada y ejecutada durante un largo tiempo.
El general Pazuello, exministro de Salud, respondiendo a las preguntas de los senadores, dijo que las decisiones en el Ministerio de Salud eran tomadas colectivamente por su equipo. Él, un general en servicio activo tenía en su equipo 28 oficiales militares. Es hoy un general millonario. Yo solo he visto generales millonarios en el Imperio de los Bragança, cuando el sujeto ganaba una guerra y recibía títulos de nobleza y sesmarías (grandes extensiones de tierra).
Pazuello parecía estar a gusto en la CPI. Se ve que pasó por un entrenamiento intensivo de más de una semana en que dejó de comparecer diciendo estar contaminado. Esa fue su primera mentira. Según los periódicos, fueran por lo menos 14 afirmaciones engañosas. Su declaración ha sido una sucesión de mentiras y citaciones de hechos concretos que están ocurriendo, pero con un año de retraso y 450 mil muertos.
Cuando el relator de la CPI, senador Renan Calheiros, le preguntó sobre quién lo indicó para el puesto de ministro, el general Pazuello respondió: yo creo que las indicaciones vinieron de los oficiales generales… creo que vino del grupo de oficiales que trabajan con el presidente, declaró. ¿Más claro que eso? ¿Quién está verdaderamente en el comando sino las fuerzas armadas?
Es muy descarado ese general. Pazuello, un general en servicio activo participó de un mitin en favor del presidente Bolsonaro que está en campaña para reelegirse en 2022. No hay como esconder la infracción de las más graves a los reglamentos y a la ética castrense. El militar retirado puede manifestarse, el que está en servicio no. El comandante del Ejército, general Paulo Sérgio de Oliveira decidió abrir un procedimiento administrativo contra Pazuello.
Si se comprueba la obvia transgresión, él puede ser advertido o reprendido, o ser preso por indisciplina. Para liberar al general de ser punido han publicado su jubilación con fecha retroactiva, anterior al mitin. Así son las cosas.
El gobierno es de las fuerzas armadas. ¿Cómo dudar de eso?
Según el científico Miguel Nicolelis, estamos al borde de una tercera ola de la pandemia y no estamos preparados para eso. Esclarece que por haber renunciado hacer monitoreo y rastreo de los casos por pruebas, no es posible saber si ya hay otros casos de contaminación por la nueva cepa indiana que llegó al país.
Eso significa que se puede llegar a 800 mil muertos o más y el responsable será el gobierno de ocupación.
Frente a los avanzos en la CPI de la Covid evidenciando responsabilidades, el gobierno reaccionó movilizando las milicias para amenazar a los senadores, incluso de muerte, obligándolos a pedir protección.
Será necesario una gran movilización popular, acompañada de una campaña internacional de apoyo para obligar a esos militares a abandonar el gobierno y volver a sus cuarteles.
Algunos indicios de la responsabilidad
El ministro de Defensa, general Braga Neto, en el sábado 15 de mayo, participó de una manifestación en apoyo a Bolsonaro. Con el mayor descaro, en un carro con equipos de sonido, un mitin promovido por gente del agronegocio dijo que las fuerzas armadas están listas para garantizar que todos tengan derecho a trabajar. Una alusión contraria a las medidas de protección (aislamiento y uso de máscara) adoptada por una mayoría de gobernadores y alcaldes.
Los gobernadores están dentro de la Ley, protegidos por la Suprema Corte de Justicia. Los militares del gobierno es los que están fuera de la Ley y acusan la Corte diciendo que sacó de la cárcel el mayor canalla de la historia del país (alusión directa a Lula). Este es el nivel en que ellos colocan la disputa electoral que siquiera comenzó. Imagínese como será en el próximo año: miedo y violencia.
El general Luiz Eduardo Ramos, ministro jefe de la Casa Civil de la presidencia, articulador político del gobierno, es quien cuida de la distribución de los R$ 3 mil millones de un presupuesto secreto para la fiesta de una pocos apoyadores y allegados. Un agrado sustancioso para el “bajo clero”, la lumpen plutocracia del Congreso.
En todo hay irregularidades
“Son todos bandidos”, dijo el general Hamilton Mourão, que ocupa la vicepresidencia, al referirse a las 28 personas ejecutadas por la policía en la Favela del Jacarezinho, en Rio de Janeiro.
Es la típica reacción de ese tipo de gente, poner la culpa en los otros de sus propios malhechos y calificar a las personas de acuerdo con su moral. Impresionante la cantidad de personas con procesos judiciales ocupando puestos en el gobierno.
Los bandidos están el Palacio del Planalto, por eso los que están fuera son llamados de bandidos. Puro diversionismo. De la misma forma que el capitán que ocupa la Presidencia llama el ciudadano Lula de canalla, es por ser él mismo un canalla. Es así como funciona. Freud explica.
- El
gobierno ha dado una cartera del Banco de Brasil de R$ 3 mil millones, por R$
300 millones para el BTG Pactual, banco que tiene entre sus fundadores el
ministro de Economía, el banquero Paulo Guedes, que en el pasado sirvió a
Pinochet.
- El
Funcep, millonario fondo de los empleados de la Caja de Ahorro entró en choque
con la dirección de la institución que quiere meter las manos en los R$ 80 mil
millones disponibles. Para lograrlo, están cambiando la dirección del fondo.
Está todo dominado.
- Testes
para Covid, comprados por el gobierno, tuvieran que ser tirados a la basura por
no haber sido utilizados. ¡Perdieron la validad!
- El
Ejército fabricó millones de dosis de cloroquina, una medicina que solo sirve
para malaria, para según ellos, combatir el virus de la Covid.
- La
Abogacía General de La Unión, un órgano de asesoramiento de la Presidencia,
transformado en oficina particular para asesorar miembros del gobierno
involucrados en investigaciones.
- El atraso en la vacunación afecta a cinco millones de personas. Faltan vacunas porque utilizaron en nuevas inmunizaciones las que debían ser preservadas para la segunda dosis. Independiente de ese problema, la producción de vacuna, tanto la del Butantã como la de Fiocruz está atrasada por falta de insumos.
Un gobierno que actuase con seriedad, en lugar de ofender al gobierno de China, hubiera mandado los aviones de la Fuerza Aérea a buscar los insumos y las vacunas y tendría resuelto el asunto en 48 horas.
- Mientras los militares dueños del poder anulan a la Ley del Techo (que limita los sueldos en la administración federal en R$ 39 mil), llegan a doblar sus sueldos. El general Hamilton Mourão, por ejemplo, acumulando el sueldo de general con lo que gana como vicepresidente está recibiendo R$ 63 mil. En la otra punta, 14,5 millones de personas están en situación de extrema miseria, es decir, tienen ingresos mensuales de menos de R$ 84 y otros 40 millones viven en la miseria absoluta, según el Catastro Único de la Unión.
El desmonte del conocimiento
El desmonte del conocimiento también es atribuido al gobierno de ocupación. Son muchos los indicios. Universidades Federales sin recursos, con destaque para la federal de Rio de Janeiro amenazada de tener que cerrar sus puertas. Fondos para educación, becas, financiamiento a la investigación científica, todo paralizado.
Extinguieron prácticamente el Ministerio de Cultura. No solo lo rebajaron a nivel de Secretaria, como entregaron la gestión a incompetentes negacionistas. Dejan claro que no soportan la cultura.
El gobierno alega falta de recursos cuando, en verdad, lo que falta es competencia y voluntad política. La educación sin recursos es proyecto, decía el maestro antropólogo y político Darcy Ribeiro.
Presupuesto inexequible y Estado desestatizado
Presupuesto de la nación es cosa seria, tiene carácter público. Los militares capturaran el Estado y, con él, el presupuesto, lo que beneficia a las fuerzas armadas (los únicos a tener aumento) y a los aliados, en detrimento de las cuestiones esenciales como seguridad, educación, salud, saneamiento básico.
No hay dinero para la emergencia de la crisis sanitaria, compra de vacunas y fármacos, pero hay dinero para el presupuesto secreto en beneficio de empresas relacionadas con políticos y con el personal más cercano a la familia Bolsonaro.
Un proyecto de ley en la Cámara Federal pretende quitar de los estados inclusive el comando de las policías militar y civil. Dice el texto que el comando debe ser escogido en lista hecha por la propia corporación y presentadas a los gobernadores. Ya hay un dispositivo legal que considera las policías militares como reservas de las fuerzas armadas.
Es un peligro. Pérdida total de la autonomía de los gobernadores sobre las fuerzas policiales.
En el proyecto de perpetuación en el poder, las fuerzas armadas pasan a contar con las PM. Ya cuentan con las milicias y están armando los ruralistas, es decir, el agronegocio. Más de 15 actos del gobierno fueron promulgados para facilitar la compra de armas y armar a la población. Nunca hubo tanta gente comprando armas en la historia del país.
Pregunta que todos deberían hacer: ¿Cómo recuperar el Estado? O ¿cómo reestatizar, volver a tener el control sobre las políticas públicas? Reestatizar. Una buena palabra que he leído en algún periódico.
Energía más cara genera inflación
Eletrobrás está con la venta programada en el Congreso. Los diputados aprobaron, el miércoles 19, la privatización de la empresa. El proyecto ahora sigue para el Senado.
En la Cámara la votación fue de 313 votos favorables y 166 contra. Un rollo compresor para aprobar todas las maldades del neoliberalismo.
Responsable por el 50% de la transmisión y el 33% de la generación de energía en el país, sus ganancias en 2020 fueron de R$ 5,4 mil millones. Es una de las empresas más lucrativas de América Latina y será vendida a precio de banana, tal como lo hicieron con la Vale do Rio Doce, hoy Vale, la mayor empresa minera del mundo.
En São Paulo, con la privatización de la Eletropaulo, la primera medida adoptada por la estatal italiana Enel que la asumió, fue aumentar la tarifa. Se paga un absurdo por la energía eléctrica. También el gas privatizado está con precio en las nubes. Nunca ha sido tan caro. Electricidad y gas caros inciden en cadena de producción, generando inflación.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, dijo que caso el partido gane las elecciones de 2022, reestatizará a la Eletrobrás. La cuestión es si habrá país hasta la fecha.
Las carreteras cada vez peores
Cuando se habla que el costo Brasil es muy poco competitivo, una de las incidencias es la pésima infraestructura de transporte. Se ha privilegiado carreteras y camiones, dejando de lado las hidrovías y transformando en chatarras los ferrocarriles. Toda, o casi toda esa inmensa cosecha de granos, podría ser transportada sobre carriles o por ríos y mares. Es cierto que ya se están utilizando trenes y hidrovías, pero todavía eso es incipiente.
Cerca de 80% del transporte de cargas en Brasil se hace sobre ruedas. Los camioneros viven a quejarse de la mala calidad de las carreteras, lo que les exige grande gasto con mantenimiento de los camiones. Las carreteras son realmente malas.
El gobierno acaba de editar el decreto 1050 que aumentó del 10% al 12,5% el límite para exceso de peso permitido para camiones con más de 50 toneladas. Para los vehículos con peso hasta 50 T, el margen de tolerancia fue extinguido.
Según las empresas concesionarias de las carreteras, el efecto del sobrepeso destruirá más rápidamente las vías. Para dar oportunidad a los camioneros a que ganen un poco más, con el sobrepeso, perjudican a todo el mundo con el mal estado de las carreteras.
Licenciamiento ambiental
Otro desmonte.
El Proyecto de Ley 3729, del 12 de mayo, modifica las reglas para otorga de licencia ambiental. Favorece la extracción mineral ilegal y facilita proyectos como aquellos que provocaron los desastres ambientales provocados por la empresa Vale en Mariana y Brumadinho, en Minas Gerais.
Peor es el abandono total del cuidado con las áreas de los pueblos originarios. En la mente de ese gobierno de ocupación, el indígena debe ser considerado propietario de la tierra, como los demás hacendados, poder vender o rentar el suelo para empresas. Un incentivo más para el derrumbe de la floresta.
La revista Carta Capital revela que la Operación Verde Brasil 2, comandada por el general Hamilton Mourão, que ocupa la vicepresidencia, ha torrado R$ 400 millones por nada, es decir, para empeorar la situación que ya era calamitosa. Según el Immazon, satélite que mide el derrumbe de la floresta, en abril de este año han sido devastados 748 Km2, 45% más que en mismo período del año pasado.
Interferencia yanqui
El jefe del gobierno de ocupación dijo recién que Ricardo Salles, del Medio Ambiente, es un ministro ejemplar. Sin embargo, los Estados Unidos quieren su cabeza.
La información es de la CNN, la mayor red de TV del mundo, y la fuente es la embajada de Estados Unidos, es decir, los servicios de inteligencia yanquis. Salles está involucrado en el contrabando de madera extraída ilegalmente.
Sabemos que los vínculos de la Policía Federal con los yanquis son muy antiguos y promiscuos. Acto seguido, el oficial Alexandre Saraiva, jefe de la PF en Amazonas, envió al Supremo Tribunal Federal noticia crimen contra Ricardo Salles. En el mismo día, Saraiva fue demitido y Salles sigue ministro.
La operación Advanduba contra la mafia maderera solo ha sido posible por la interferencia de la embajada de EUA. La operación ya demitió diez funcionarios de la confianza de Salles, entre ellos el presidente del Ibama, Eduardo Bim. Pero Salles sigue ministro.
Hay una ley que prohíbe la venta de madera nativa. Anularon el dispositivo. Aunque realizada por empresa del estado de Pará, la venta es ilegal porque la madera fue extraída ilegalmente por los madereros que ponen fuego en la floresta y matan a los indígenas.
El Ministerio del Medio Ambiente y los órganos vinculados, como el Ibama, Instituto Chico Mendes, Funai y la Secretaria de Salud Indígena, están en manos de militares y actuando en la desregulación y abandono. El cuidado con la salud indígena fue abandonado con la demisión del personal técnico.
Etnocidio
Desde tiempos inmemoriales se vive en el país un verdadero etnocidio de las poblaciones originarias. El Proyecto de Ley 177 pretende anular la Convención 169 de la OIT que asegura el reconocimiento de la población indígena como ente de derecho. Es pretender igualar el indígena a los demás trabajadores. Un crimen de lesa humanidad.
En esa línea de la necropolítica, el gobierno también destituyó el Consejo de Seguridad Alimentar y Nutricional y extinguió el Ministerio de Desarrollo Agrario. Brasil volvió a figurar en el mapa de la miseria absoluta y del hambre.
En búsqueda de un partido
Bolsonaro tiene hasta abril del 2022 para tener un partido que pueda servir para disputar la reelección. Parece que nadie lo quiere.
Lo normal sería el PSL que lo eligió en 2018, pero al elegirlo, el partido creció mucho, eligió el segundo mayor número de diputados, tiene acceso a vultuosas sumas de los Fondos Partidario y Electoral, no quiere, ciertamente, abrir mano de ese poder para la truculencia del capitán Bolsonaro. Otros partidos menores fueron abordados y recusaron recibirlo.
Urna Electrónica
Deliberadamente el gobierno está creando confusión con relación a la confiabilidad de las urnas electrónicas. Quieren la confirmación del voto impreso, lo que exigiría acoplar una impresora a los millones de urnas. Este año el Tribunal Electoral compró más 32 mil urnas por R$ 137.997,653. Como se ve es un producto caro de alta tecnología.
Bolsonaro argumenta que ha sido elegido en la primera vuelta y que hubo fraude, por eso fue para la segunda vuelta. El Tribunal Electoral se enorgullece de haber realizado elecciones con las urnas electrónicas en los últimos 25 años sin haber fraude. ¿Qué es lo que ocurre caso se imprima el voto? Ese papel anula el voto secreto. Sencillamente, la impresión es retroceso.
En el tiempo en que el voto venía en papel impreso, el gamonal ponía en las manos de sus peones el voto y ellos lo depositaban en la urna. En elecciones más recientes, los milicianos pedían para el elector fotografiar la urna con el registro del voto. Por eso ha sido prohibido adentrar al recinto electoral con cámaras o celulares. Con el voto impreso quedará más fácil ejercer ese control.
Con el voto impreso, en las áreas controladas por caciques electorales o por milicianos, el elector será forzado a comprobar si cumplió con la orden de votar en el indicado. En ese sentido, la propuesta de Bolsonaro es un atentado más a la democracia
Inteligencia privada
El concejal Carlos Bolsonaro, que actúa como jefe del Gabinete del Odio en el Palacio del Planalto y cuida también de la comunicación del capitán Bolsonaro, su padre, publicó licitación de R$ 25.4 millones para la compra del Pegassus, un programa de espionaje, creado en Israel, capaz de violar cualquier tipo de teléfono y controlar las escuchas.
Y no es para utilización del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, ni para los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas. Es un arreglo con el delegado de la Policía Federal que ocupa el Ministerio de Justicia. Un peligro eso en manos de esos tipos que con mucho menos manipularon las redes y ejercieron control social en la campaña electoral de 2018.
Medios cómplices
Los medios de comunicación siguen cómplices del modelo. Para los editores el capitán Bolsonaro es la barbarie, por encima de la Ley y de la Constitución, arremete contra los estados, falla en la vacunación…. pero no piden su cabeza. Mueren de miedo de que junto con el gobierno se derrumbe el proyecto neoliberal que mantiene la dictadura del capital financiero y del pensamiento único. Vale todo, incluso mantener como sea y a cualquier costa ese gobierno de ocupación, desde que mantenga el estatus de la gestión económica.
Liberación Nacional
Todo eso son hechos. Contra hechos no hay argumentos, decía mi viejo abuelo. Hay que movilizar toda la sociedad civil para la reconquista del Estado: sindicatos y federaciones, colegios profesionales, asociaciones, todas las organizaciones relacionadas con Derechos Humanos, con Medio Ambiente y Ecología, con Salud y Educación Públicas, con Seguridad y con Soberanía.
Ante el expuesto, y del hecho de que las fuerzas armadas ocuparon el poder para quedarse, lo que se plantea como prioridad nacional es un proceso de liberación nacional, a través de un amplio frente con las banderas de la democracia y la soberanía. Lo demás se resuelve después.
