Instituto Bartolomé de las Casas
Desde nuestra última entrega la coyuntura ha estado sumamente movida, no alcanzan estas líneas para resumirla toda, pero si queremos destacar algunos aspectos de la misma que nos preocupan:
LA COALICIÓN MAFIOSA PISA EL ACELERADOR
Como señalamos en nuestra entrega de enero de este año, en las elecciones generales del 2026 la línea divisoria era entre los que respaldaban a la coalición autoritaria, corrupta y mafiosa que nos gobierna, que viola los derechos humanos y demuestra cero capacidad de gestión de los asuntos públicos en función del bien común, y quienes querían recuperar la honestidad e integridad en el ejercicio de la política, la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos y la capacidad de gestión.
Esta coalición de facto desde el Congreso había logrado controlar a los otros poderes e instituciones estatales como la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional: y poner presidentes títeres como Boluarte, Jerí y Balcázar. Hace tiempo que tenían en la mira a los fiscales anticorrupción y al sector del Poder Judicial que sistemáticamente, apelando al control difuso (poniendo primero la Constitución) y el control de convencionalidad (priorizando el cumplimiento de los convenios internacionales firmados por el Perú), venían impidiendo la vigencia de las leyes de impunidad que habían dado.
Desde la Junta Nacional de Justicia Aprovechando que la atención pública estaba puesta en el proceso electoral digitaron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para deshacerse de fiscales incómodos como, por ejemplo: + José Domingo Pérez, quien no fue ratificado como fiscal provincial, dejando 14 procesos de investigación sobre corrupción en trámite. + Rafael Vela Barba, excoordinador del Equipo Especial Lava Jato, con 24 años de carrera como juez y fiscal.
En entrevista con Rosa María Palacios 1 afirmó: «Tengo dos pedidos de destitución más nueve meses de suspensión; es como decir dos sillas eléctricas más cadena perpetua”1. Hay que recordar que hace pocos meses (en enero) habían hecho lo mismo con el digno exfiscal de la nación y fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, a quién la JNJ tampoco ratificó. La ofensiva de la JNJ también ha buscado implementar la “barrida” del Poder Judicial, reclamada por el encargado de la presidencia del Congreso y connotado líder del fujimorismo Fernando Rospigliosi.
Se han vuelto arbitrarios y antojadizos contra: + El juez superior Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, presidente de la Sala Primera de lo Constitucional de Lima. Fue destituido de su cargo tras sus críticas al Congreso en una audiencia titulada “Situación de la independencia judicial en las Américas”, celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2024. Ordóñez intervino como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú (ANMP) y de miembro del Consejo Asesor de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), abordando el estado de independencia de los órganos del sistema judicial en Perú. +
El juez Jorge Chávez Tamariz, por inaplicar la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad. + El juez Richard Concepción Carhuancho, suspendido por seis meses de la Corte Penal Nacional “por el uso irregular de una imagen de Nicanor Boluarte en una disertación académica”. + El juez Juan Torres Tasso, suspendido seis meses por aceptar medida cautelar a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza + Los cinco magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que en el 2025 declararon inaplicable la ley de impunidad 32107 en un proceso vinculado a las esterilizaciones forzadas. Ellos son: Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez. El mensaje mafioso es claro: o jueces y fiscales se someten, o el pacto mafioso destruye sus carreras2. Desde el Congreso Por su parte el actual Congreso (manejado por la mafia) se apresuró a dar varias preocupantes leyes:
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Gustavo Gorriti tiene un interesante podcast sobre “Cómo la mafia reconquistó el sistema de Justicia”.
La ley del artista: que ha sido ampliamente rechazada por tener un claro objetivo de control de la expresión cultural, que todos estos años se ha manifestado mayormente en contra de la coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna. En dicha ley, el fujimorista Fernando Rospigliosi ha insertado, de contrabando, una disposición complementaria para lograr sacar a su archienemiga, la exfiscal de la nación, Delia Espinoza, como decana del Colegio de Abogados de Lima. + La ley que consagra la impunidad de militares y policías que asesinen ciudadanos a mansalva.
Dicha ley considera cualquier delito penal cometido por policías y militares como “delito de función”, pasando al fuero militar-policial su juzgamiento. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha emitido un comunicado instando a Balcázar a no promulgarla. En comunicado también mencionan otra ley que buscan aprobar (Proyecto de Ley 14337) que restringe los alcances para el procesamiento de delitos de lesa humanidad.
Según la CNDDHH ambas leyes “pretenden aplicarse a procesos en trámite”3. Es importante recordar a los partidos que han votado a favor de esta ley de impunidad y que están pidiendo nuestro voto en las elecciones regionales y municipales: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú, Avanza País. Felizmente este Congreso ya se va, aunque está causando mucho daño antes de irse. Este mes, el JNE proclamó a los nuevos congresistas.
Como dijimos en anteriores entregas, la nueva composición nos da algo de esperanza, pues los partidos mafiosos no tienen mayoría-
3 EL DOBLE RASERO EN TODA SU EXPRESIÓN
Algo que siempre ha envenenado las relaciones en nuestra nación y que explica en gran parte por qué, a diferencia de otras sociedades, la ley (la norma) en general no puede ordenar nuestra vida en común, pues carece de legitimidad, es el descaro con que las autoridades aplican la ley en función de quién tienen enfrente. Ya lo decía el expresidente Oscar R. Benavides: “para mis amigos todos, para mis enemigos la ley”.
Dos recientes ejemplos:
- Luego de la primera vuelta el candidato perdedor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, alegando fraude en su contra, se dedicó a promover movilizaciones en el centro histórico y en ellas llamaba a la sedición, a la vez que profería insultos y amenazas a las máximas autoridades electorales, llegando incluso en amenazar de muerte al señor Corvetto (entonces jefe de la ONPE) y amenazar con violar (sodomizar) al señor Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
A pesar que dicho comportamiento constituye delito, cometido públicamente y en flagrancia, los medios de comunicación tradicionales le dieron amplia cobertura y ninguna autoridad inició proceso legal en su contra, no lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. En cambio, cuando los partidarios de Juntos por el Perú convocaron a una movilización para llamar la atención sobre las supuestas irregularidades en la segunda vuelta, no solo se les prohibió el acceso al centro histórico y se hostigó en el peaje de Pucusana a los que venían del sur; de inmediato la Procuraduría Pública especializada en delitos de orden público (que debió denunciar a López Aliaga) los denunció por “grave perturbación a la tranquilidad pública”, a pesar que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta pacífica, reconocida por diversos artículos de la Constitución de 1993: ➢
Libertad de expresión (art. 2.4) ➢ Libertad de reunión pacífica (art. 2.12) ➢ Derecho de participación política (art 2.17). Como bien señala en un comunicado del 23 de junio la CNDDHH: “Esta diferencia de trato genera serias preocupaciones sobre el uso selectivo de mecanismos legales para restringir voces críticas, desalentar el debate público, y limitar el ejercicio de derechos fundamentales, afectando principios esenciales como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y el pluralismo democrático”4.
- Nuestro ordenamiento legal señala claramente que las normas electorales no se pueden modificar sino un año antes de los procesos electorales. Para el caso de las Elecciones Municipales y Regionales (EMR), actualmente en curso, la norma señalaba que si los partidos nacionales no presentaban
- candidaturas en el 50% de las regiones (13) perdían la inscripción. Como Fuerza Popular (que dirige la coalición mafiosa) iba a perder la inscripción, pues solo había presentado candidatos en 8 regiones, entre el viernes 12 y el lunes 15 de junio el Congreso aprobó una ley y Balcázar la promulgó, rebajando el requisito al 30% de regiones. Esto es abiertamente inconstitucional, pero como saben que controlan el Tribunal Constitucional, no les importó.
EL SILENCIO DE LA CANCILLERIA FRENTE A LA INTROMISIÓN DEL EMBAJADOR NORTEAMERICANO EN NUESTROS ASUNTOS INTERNOS
Hace muchos años, en nuestra región, se decía que las dos mejores cancillerías, por su eficiencia, calidad e integridad eran Itamaraty (Brasil) y Torre Tagle (Perú). Hoy, lamentablemente no podemos decir lo mismo. La escuela del embajador García Bedoya ha sido echada por la borda y hoy nuestra cancillería no dice nada frente a flagrantes intromisiones en nuestra política interna por parte de naciones extranjeras. Nos preguntamos dónde quedó la defensa de nuestra dignidad y soberanía.
Desde que llegó al Perú el embajador norteamericano, Bernie Navarro, ha mostrado que no nos tiene ningún respeto. No solo opinó desaforadamente sobre la presencia China en el puerto de Chancay, diciendo que no nos convenía y había que terminar con ella, sino que también tuvo activa participación, incluso amenazándonos descaradamente5, en la forzada compra de los aviones F-16 a Estados Unidos; compra digitada directamente por Fuerza Popular a través de Rospigliosi. Y en este proceso electoral no ha sido la excepción.
Coincidimos plenamente con el internacionalista Oscar Vidarte cuando afirma: “Al margen del resultado electoral y de los chismes que comienzan a darse respecto al papel de los Estados Unidos en las recientes elecciones peruanas, la participación de la Embajada de EE.UU. en el proceso electoral resulta preocupante. La presencia del embajador estadounidense en el debate electoral, su reunión con la gente de la ONPE y el JNE, y finalmente jugando a “observador” durante el proceso sin ser necesariamente muy imparcial ni conocedor del tema denotan algo como mínimo extraño.
En otro contexto (o si fuera el embajador de otro país) sería un escándalo. Un poco más de autonomía no nos haría nada mal”.
LOS ALEGATOS DE FRAUDE
Aunque los datos oficiales no los tendremos, según el JNE, hasta el 15 de julio, a la fecha, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, había ganado en 1,479 5En X posteó luego de que Balcázar anunciara que dejaría la decisión de compra al siguiente gobierno: “Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.
- 6 distritos; mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lo había hecho en 411 (22% del total). Sánchez ganó en el territorio nacional, pero los votos del extranjero han definido la elección a favor de Keiko, aproximadamente 42,000 votos. Esto ha dado origen a cuestionamientos por parte de Juntos por el Perú, que primero habló de serias irregularidades en el mecanismo de cómputo del voto extranjero y finalmente de fraude (conferencia de prensa de Roberto Sánchez del 23 de junio), anunciando que no reconocerán el triunfo de Keiko.
- En su Facebook, el sociólogo Sinesio López resume bien esta posición, con el título “Breve historia de una Infamia” nos dice lo siguiente: “Breve historia del fraude electoral en la votación de los PEX (peruanos en el exterior) 1. La preparación: –
- Nombramiento del canciller naranja inmediatamente después de la primera vuelta. – Cambio de embajadores poco confiables en algunos países de alta votación de los PEX.
- La ejecución – Cambio de las reglas de juego electoral en la segunda vuelta (no escaneo sino envío en físico de las actas electorales) por orden del canciller naranja –
- Demora escandalosa en la llegada al Perú de las actas de votación de los PEX (sobre todo de las de Buenos Aires). 3. El anuncio del fraude. – Luego de conteo rápido de IPSOS que incluía el voto de los PEX anunciado y confirmado por Transparencia que afirmaba el empate técnico con ligera ventaja en favor de Sánchez, el fujimorismo entró en pánico. – Chlimper hace circular un audio el lunes 8 desde muy temprano en que anuncia que el empate técnico puede cambiar en favor de KF si se toman en cuenta otros escenarios: el voto de los PEX y las actas observadas mayoritariamente de Lima.
- Ese mismo día Torres de Ipsos repite el cuento de Chlimper en Latina TV. Transparencia lo desmiente. Los medios y la Prensa concentrada repiten como loros el cuento de Chlimper y de Torres de IPSOS. 4. JP denuncia y presenta evidencias de las “irregularidades” electorales – Denuncia cambios de las reglas de juego en la segunda vuelta electoral. – Muestra una serie de evidencias de sustitución de votos, de votantes que dicen que no votaron, etc., etc. 5. Consumación – El JEE rechaza el pedido de anulación de las mesas donde ha habido fraude. 6. Epílogo – JP y todos los partidos de oposición tienen el deber y el derecho de no reconocer a una “presidente” elegida por fraude. – KF, en cambio, no reconoció a dos presidentes legítimamente elegidos: PPK y Pedro Castillo”.
Esta narrativa parece lógica, pero al igual que Keiko Fujimori en las elecciones del 2016, 2021 y López Aliaga en el 2026, no han podido presentar pruebas fehacientes que la avalen. Sin embargo, en entrevista en No hay Derecho, la decana del CAL, basada en su experiencia como miembro del JNE, piensa que sí podría haber causal de nulidad de aquellas actas que no se hayan digitalizado en el lugar de origen y que esos votos no se pueden contar6. Y Roberto Sánchez avala su exigencia de anulación de las actas de los votos del extranjero cuestionando: “la Resolución Jefatural Nro. 000090-2026-JN/ONPE, de fecha 29 de mayo de 2026, que eliminó la remisión de actas escaneadas y digitalizadas como parte de los procedimientos del repliegue del material electoral de las oficinas consulares, tal como disponía la Resolución Jefatural Nro. 000021-2026-JN/ONPE de fecha 6 de febrero de 2026”7. Lima, 25 de junio 2026 6 Cf. Entrevista de Glatzer Tuesta, el 23 de junio, a partir del 7
