El Congreso amplía gastos, concentra recursos y reduce la capacidad de acción del Poder Ejecutivo
Paulo Cannabrava Filho
“Brasilia se volvió loca”, afirma el diario Estado de São Paulo en un editorial publicado el 12 de junio. En efecto, las llamadas bombas fiscales que avanzan en el Congreso Nacional parecen confirmar ese diagnóstico. No hay dinero para que el Poder Ejecutivo cumpla con sus obligaciones, pero sí sobra disposición para crear nuevos gastos y ampliar beneficios sin la correspondiente preocupación por las fuentes de financiamiento.
Según el equipo económico del gobierno, el costo potencial de los proyectos que actualmente tramitan en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal alcanza los 111 mil millones de reales. Se trata de una cifra considerable, capaz de comprometer aún más las cuentas públicas y reducir la capacidad de inversión del Estado.
Entre las barbaridades, el Senado aprobó la renegociación de la deuda del agronegocio, una medida cuyo impacto podría llegar a los 140 mil millones de reales. Los proyectos que amplían beneficios previsionales y crean o elevan pisos salariales profesionales suman otros miles de millones en gastos permanentes. A ello se agrega la inmunidad tributaria para las iglesias, obtenida por las bancadas vinculadas a los grupos religiosos. Todos exigen responsabilidad fiscal al gobierno, pero pocos están dispuestos a colaborar con ella.
La contradicción es evidente. Al Poder Ejecutivo se le exige cumplir rigurosas metas fiscales, mientras el Congreso aprueba o debate medidas que aumentan el gasto y reducen los ingresos públicos. Más del 40% del presupuesto federal ya está comprometido con el pago de intereses y costos de la deuda pública. Si se agregan las enmiendas parlamentarias y las sucesivas bombas fiscales, queda muy poco margen para que el gobierno ejecute políticas públicas, realice inversiones y responda a las demandas de la población.
La situación resulta aún más contradictoria porque la Constitución y la Ley de Responsabilidad Fiscal establecen que todo nuevo gasto debe estar acompañado por una estimación de su costo y la identificación de la fuente de financiamiento. La exigencia vale para todos. Sin embargo, para quienes hacen las leyes, la propia ley parece no tener valor. Así lo demuestran las bombas fiscales y la multiplicación de las enmiendas parlamentarias sin los debidos criterios de planificación y control.
El problema va más allá de la disputa entre gobierno y oposición. Se trata de una cuestión de gobernabilidad. Un país con las dimensiones y los desafíos de Brasil necesita capacidad de planificación, coordinación e inversión. Sin ella, cualquier gobierno encontrará enormes dificultades para administrar el país y promover el desarrollo.
De hecho, cada día es más difícil gobernar. Y estamos a las puertas de una elección. Tal vez haya llegado el momento de que la sociedad reflexione sobre la correlación de fuerzas existente en el Congreso Nacional y sobre la necesidad de construir un proyecto nacional capaz de devolver al Estado las condiciones efectivas para gobernar, planificar y promover el desarrollo del país.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
