La Cámara de Diputados todavía puede corregir el rumbo
Proyecto aprobado apresuradamente en el Senado reabre el debate sobre las promesas electorales, la inversión social y las prioridades del nuevo mandato
Paulo Cannabrava Filho
Apenas terminaron las elecciones, en las que el pueblo brasileño reeligió a Lula con la expectativa de un gobierno comprometido con el desarrollo nacional, la soberanía y la ampliación de los derechos sociales, y ya surge una contradicción preocupante. El Senado aprobó, por 45 votos contra 31, un proyecto de ajuste fiscal presentado por el propio gobierno, que podría representar un ahorro de hasta 56.100 millones de reales en 2027.
La propuesta, presentada por el senador Jaques Wagner, líder del gobierno, fue aprobada mediante un procedimiento de urgencia, sin pasar por la tramitación ordinaria en las comisiones temáticas. Una iniciativa de semejante importancia, que afecta directamente la política económica y las posibilidades de inversión pública, merecía un debate mucho más amplio con la sociedad.
El proyecto amplía los mecanismos de contención del gasto público, permite bloqueos adicionales de recursos y establece restricciones al crecimiento real del gasto. También contempla la reducción de beneficios tributarios y medidas relacionadas con los llamados supersalarios. La salud y la educación cuentan con protecciones específicas, pero eso no elimina los posibles efectos de la política general de contención sobre las inversiones sociales.
Es precisamente ahí donde aparece la contradicción política.
Durante la campaña, Lula defendió el fortalecimiento del Estado, la ampliación de los programas sociales, la inversión en salud y educación y la recuperación de un proyecto nacional de desarrollo. Fue esa perspectiva la que movilizó a millones de brasileños, especialmente en la segunda vuelta, cuando la participación popular desempeñó un papel decisivo en su victoria.
Ahora, incluso antes de comenzar el nuevo mandato, el gobierno presenta un ajuste que vuelve a colocar la contención del gasto público en el centro de la política económica.
No se trata de negar la necesidad de responsabilidad en la administración de las cuentas públicas. Se trata de preguntar: ¿responsabilidad ante quién y para atender qué prioridades?
Brasil convive con una deuda pública gigantesca y con un costo financiero que absorbe recursos extraordinarios. Sin embargo, el ajuste propuesto concentra sus mecanismos sobre el gasto primario, mientras que los intereses de la deuda permanecen fuera del cálculo del resultado primario.
¿Por qué no discutir también el costo de la deuda pública? ¿Por qué no enfrentar los mecanismos que privilegian la remuneración del capital financiero en detrimento de las inversiones productivas, la generación de empleos y la mejora de las condiciones de vida de la población?
La política económica no puede seguir subordinada exclusivamente a las exigencias del equilibrio fiscal. El equilibrio de las cuentas públicas es importante, pero no puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo nacional.
Existe, afortunadamente, una oportunidad para profundizar esta discusión.
El proyecto todavía debe concluir su tramitación en el Senado y pasar a la Cámara de Diputados. Los parlamentarios podrán examinar sus disposiciones, presentar enmiendas y modificar los mecanismos que consideren incompatibles con las necesidades del país.
Es también una oportunidad para que los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones populares y los sectores que participaron en la movilización democrática de la segunda vuelta presenten sus reivindicaciones y acompañen el debate en el Congreso.
La victoria electoral no eliminó las dificultades de gobernabilidad. Lula tendrá por delante un Congreso mayoritariamente conservador, pero cuenta también con una base social que demostró capacidad de movilización.
Esa participación popular no debe limitarse a los períodos electorales. Puede contribuir a que el nuevo gobierno mantenga sus compromisos con el desarrollo, la soberanía nacional y la justicia social.
El ajuste fiscal debe discutirse a la luz de esas prioridades. La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de corregir su rumbo, preservar las inversiones públicas y acercar la política económica al proyecto presentado al electorado.
La cuestión fundamental no es solamente cuánto pretende ahorrar el gobierno, sino qué país pretende construir.
Brasil necesita responsabilidad fiscal, pero necesita, sobre todo, un proyecto nacional de desarrollo que coloque el bienestar del pueblo por encima de los intereses del capital financiero.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global





