Karla Fuentes García y Aldo Martínez Girón
Tomado de Observatorio Latinoamericano de Geopolítica n
En enero de 2025, Donald Trump designó a los cárteles como “organizaciones terroristas” mediante una orden ejecutiva. Esta postura fue reafirmada durante su discurso en el marco del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), al aseverar que “los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental”. La estrategia estadounidense para combatir a lo que ha denominado como “narcoterrorismo” se ha materializado en ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe, la creación del Escudo de las Américas, el corolario Trump de la Doctrina Monroe o Doctrina Donroe, la militarización de la frontera sur y el endurecimiento de la política migratoria.
La categorización de los cárteles como «narcoterrorismo» o directamente como «terrorismo», término que adolece de una definición precisa, permite justificar las estrategias de militarización, intervención y dominación imperialista implementadas por la administración estadounidense, así como los ataques extraterritoriales. De acuerdo con un informe de la ONU, desde septiembre del año pasado se han llevado a cabo 68 ataques a embarcaciones en el mar Caribe que han dejado un saldo de más de 220 personas asesinadas, cuyas muertes deben considerarse como ejecuciones extrajudiciales e ilegales, lo que podría constituir un crimen de lesa humanidad. En esta lógica también aparece la intervención militar estadounidense en Venezuela, bajo el nombre de Operación Resolución Absoluta.
Esta categorización se extiende a su vez a las personas migrantes, dado que se construye la categoría de migrante alrededor de términos como «criminal» o «narcotraficante», que deviene en «terrorista». De esta manera, desde la lógica de la necropolítica, Estados Unidos criminaliza, persigue y detiene migrantes, desposee de valor su vida y su muerte en nombre de la seguridad del país y de la protección de sus fronteras. Esta serie de medidas implementadas por la administración estadounidense, respaldada por los gobiernos latinoamericanos de ultraderecha, responde a una estrategia geopolítica más amplia que busca reestablecer el control de Estados Unidos en el hemisferio occidental ante un contexto de pérdida de la hegemonía y de reconfiguración del orden internacional.
La comparación de ISIS con el crimen organizado encontró eco en el discurso enunciado por el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, durante la sesión de la AGNU, quien abogó por una definición universal de “terrorismo”, la necesidad de crear mecanismos eficaces en el combate de la violencia y la colaboración internacional. Todo ello en un contexto en donde la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia colombiana significó su adhesión al Escudo de las Américas, así como el impulso de una política de “mano dura” y de una nueva agenda de seguridad que promueve el Plan Colombia 2.0, aun sabiendo que su antecedente, el Plan Colombia, fue una herramienta del intervencionismo estadounidense que respondió a los intereses de la potencia hegemónica. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su apoyo a las medidas tomadas y Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, coincidió en la importancia de la colaboración, aunque situada en la ONU.
En contraste, tanto Brasil como México, dos de los pocos gobiernos progresistas que aún permanecen ante el viraje a la ultraderecha en la región latinoamericana, resaltaron la importancia de la colaboración internacional y su compromiso para hacer frente al crimen organizado, sin comprometer la soberanía nacional. Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores de México, defendió la cooperación sin subordinación mientras Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño, enfatizó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”, denunciando las pretensiones hegemónicas, injerencistas e intervencionistas estadounidenses en el “hemisferio occidental”.
Entre las voces más disidentes está la del canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, quién denunció el bloqueo estadounidense impuesto unilateralmente como una política deliberada que busca inducir una crisis humanitaria en Cuba, lo que lo convierte en un acto violatorio del derecho internacional humanitario. “Cuba no es una amenaza, el bloqueo estadounidense sí lo es”, fueron las palabras del canciller cubano en respuesta directa al discurso de Donald Trump. Roberto Velázquez, por su parte, rechazó el embargo y las medidas unilaterales impuestas a Cuba y afirmó que México continuaría enviando ayuda humanitaria a la isla.
Al contrario del sentido crítico del discurso cubano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un proceso de transformación democrática en su país, a través de una reforma judicial que busca garantizar las condiciones de participación para todas las fuerzas políticas. En este marco, omitió posicionamiento alguno en cuanto al ataque del 3 de enero pasado en Caracas y el secuestro de Nicolas Maduro y Cilia Flores, además, agradeció a Donald Trump la cooperación entre sus países, que derivó en el control mayoritario de 21.5% de las reservas venezolanas, siendo este el país con mayores reservas probadas.
En contraste, denunciando el intervencionismo imperialista y la violencia extraterritorial, Cuba inició su discurso condenando el expansionismo estadounidense, la agresión militar contra Venezuela y el crimen genocida en Palestina. Por su parte, Brasil señaló a Netanyahu como responsable del genocidio en Gaza, condenó la persecución a la Corte Penal Internacional, destacó el mérito del pueblo venezolano a definir su propio destino democrático y resaltó la injerencia extranjera en procesos electorales, refiriéndose a los comicios presidenciales que ocurrirán en este país durante el mes de octubre del año en curso.
