Manifiesto para adherir por la Liberación del Presidente Nicolás
Maduro y de la diputada Cilia Flores.
Apoyo solidario de
Franklin Ledezma Candanedo,
Periodista del Corinto Bolivariano: Panamá.
Nicolás Maduro y Cilia Flores son inocentes. No han cometido ningún
delito, ni en Venezuela ni en ningún otro territorio. Fueron
secuestrados por una fuerza militar extranjera de manera ilegal, sin
la existencia de ninguna declaración de guerra. Por eso, los
secuestradores deberían ser detenidos y juzgados.
Es una verdad a gritos, y el Presidente Trump fue claro: el objetivo
del secuestro siempre fue dejar al gobierno Bolivariano de rodillas,
tener a su presidente como rehén, y tenerlo capturado a cambio del
petróleo venezolano.
Las acusaciones de Estados Unidos simplemente son acusaciones sin
fundamento. Bajo la presunción de inocencia —reconocida en la propia
Constitución de Estados Unidos y en el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos— la carga de la prueba
recae sobre quien acusa. No son Maduro y Flores quienes deben
demostrar su inocencia: Washington es quien debe demostrar su
culpabilidad, y hasta hoy no lo ha hecho, ni va a poder hacerlo sin
recurrir a la fabricación de pruebas falsas sin veracidad alguna.
Las organizaciones, movimientos, partidos, sindicatos, intelectuales y
personas que suscribimos este manifiesto nos dirigimos a los pueblos
del mundo para exigir su liberación, ante una prisión y un tribunal
totalmente ilegal.
Ni pruebas ni jurisdicción
Como debemos recordar, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses
entraron ilegalmente en Venezuela y secuestraron al presidente Nicolás
Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores para trasladarlos a
Estados Unidos, donde hoy permanecen presos. No hubo solicitud de
extradición, ni proceso legal acordado, ni autorización del Consejo de
Seguridad: hubo una operación militar contra un país soberano para
capturar a su presidente en ejercicio y a la primera dama. El artículo
2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza
contra la integridad territorial y la independencia política de un
Estado, y detener a una persona acusada de delitos de narcotráfico en
los tribunales de alguno de los países no figura entre sus
excepciones. Tampoco puede un Estado extinguir la inmunidad del jefe
de Estado de otro país negándole reconocimiento diplomático.
La acusación tampoco resiste ningún examen. Se apoya en la narrativa
del denominado “Cartel de los Soles”, del cual el propio gobierno de
Estados Unidos reconoció su inexistencia una vez se consumó el
secuestro. Su nombre, sin embargo, ha servido durante años como
expresión paraguas para señalamientos dispersos relacionados con el
narcotráfico, sin tener alguna membresía demostrada, estructura de
mando ni cadena de autoridad, reflotando una vez más la narrativa de
la “guerra contra las drogas” de los años 70 que solo sirvió como
máscara para la intervención en los países de la región.
En el caso de la Diputada Cilia Flores, estas acusaciones son aún más
insostenibles. La extrema violencia con la que ha sido tratada
evidencia un caso de violencia de género por razones políticas que
debe hacerse notar.
La selectividad de esta supuesta guerra contra el narcotráfico y los
“narcoestados” ya quedó demostrada cuando el expresidente hondureño
Juan Orlando Hernández, aliado de Washington, a pesar de haber sido
extraditado, juzgado con pruebas y contrainterrogatorios, y finalmente
condenado por un tribunal federal de Nueva York, fue indultado por
Donald Trump en diciembre de 2025.
Las implicaciones de este caso van mucho más allá de Venezuela.
Permitir que un Estado extranjero se imponga sobre la jurisdicción
legal de otro país y avance en un juicio sin base en el derecho
internacional equivale a consagrar al sistema judicial estadounidense
como una jurisdicción global e ilimitada.
Por lo tanto, declaramos y exigimos
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron secuestrados mediante un acto
ilegal de fuerza militar, han sido puestos ante los tribunales del
mismo Estado que persiguió su derrocamiento durante años y han sido
acusados sobre la base de una narrativa política de supuestos delitos
que aún no ha sobrevivido a un examen de veracidad.
En consecuencia, exigimos:
La liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de la
diputada Cilia Flores y su retorno seguro a Venezuela.
El cese del proceso judicial derivado de una captura violatoria de
la Carta de las Naciones Unidas y de la inmunidad de un jefe de Estado
en ejercicio.
El respeto pleno a la soberanía de Venezuela y el fin de las
agresiones militares, las sanciones unilaterales coercitivas y las
operaciones de cambio de régimen.
El rechazo expreso de los Estados y los organismos multilaterales
a la doctrina de jurisdicción extraterritorial ilimitada que este caso
pretende instaurar.
El fin del uso de la “guerra contra el narcotráfico” como pretexto
de ataques en diversos países de la región, con asesinatos y sin
ningún juicio previo.
Llamamos a los movimientos populares, sindicatos, partidos, juristas,
intelectuales y pueblos del mundo a difundir este manifiesto, llevarlo
a sus parlamentos, universidades y organizaciones, y exigir a sus
gobiernos que rompan el silencio.
Convocan: ALBA Movimientos y Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP)
Para adherir, enviar tu nombre o de la organización, país, correo a:
secretaria@albamovimientos.org.br
