El Supremo ante su crisis
Paulo Cannabrava Filho
El fin del secreto judicial del caso Master lleva la crisis al pleno del Supremo y abre una investigación que alcanza a ministros, parlamentarios, fondos de pensiones y personajes de la campaña presidencial.
Edson Fachin, presidente del Supremo Tribunal Federal, decidió enfrentar una crisis que amenaza la propia credibilidad de la Corte. En lugar de permitir que el caso Master continúe siendo alimentado por filtraciones selectivas, determinó al ministro André Mendonça el levantamiento del secreto judicial de la investigación sobre Daniel Vorcaro y los fraudes atribuidos al Banco Master. La medida cambia la naturaleza del debate: aquello que venía llegando a la opinión pública fragmentariamente, a través de la prensa, ahora puede ser examinado en los autos y sometido al conjunto de los ministros.
Fachin convocó para el martes 15 una sesión exclusiva para que el pleno decida sobre la relación del ministro Alexandre de Moraes con Vorcaro y si los intercambios de mensajes entre ambos justifican una investigación o deben ser archivados. Ministros están presionando Fachin para ampliar ese plazo. Dio además un plazo de 24 horas para que la Policía Federal presente informaciones sobre los teléfonos celulares incautados a Vorcaro. Gilmar Mendes quiere que los ministros conozcan ese material antes del juicio. El presidente del STF procura así trasladar al pleno decisiones que no pueden continuar sometidas a una guerra de filtraciones, oficios y acusaciones entre despachos.
Es precisamente el levantamiento del secreto judicial lo que permite percibir la dimensión del escándalo Master. La investigación no se limita a Moraes. Alcanza a políticos de diferentes partidos, empresarios, funcionarios públicos y fondos de pensiones. Entre los nombres mencionados están los senadores Flávio Bolsonaro, Jaques Wagner y Ciro Nogueira, además del exgobernador de Río de Janeiro Cláudio Castro. Sin embargo, es indispensable distinguir entre la existencia de sospechas e investigaciones y una condena. Corresponde a la Policía Federal investigar, al Ministerio Público acusar cuando haya pruebas y al Poder Judicial juzgar. Nadie debe ser condenado anticipadamente por la prensa.
El caso de Flávio Bolsonaro adquiere especial gravedad por su condición de candidato a la Presidencia. Según las informaciones que se hicieron públicas, mantuvo contacto personal con Vorcaro antes de la detención del banquero y habría solicitado 134 millones de reales para financiar una película. Más de 60 millones de reales habrían sido efectivamente transferidos. La productora vinculada al proyecto, Gol Up Entertainment, y los institutos relacionados con la captación de los recursos aparecen en movimientos financieros que ahora están bajo investigación.
El circuito merece ser esclarecido hasta el último centavo. En 2024, el diputado Mário Frias destinó 2 millones de reales en enmiendas parlamentarias al Instituto Conhecer Brasil, presidido por Karina Ferreira da Gama, señalada como una de las principales captadoras de recursos para la película. Hay registros de transferencias a empresas e instituciones vinculadas al proyecto, mientras que el propio ICB habría movilizado 83 millones de reales entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. Otros movimientos, por alrededor de 19 millones de reales, habrían ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025. Si dinero público, recursos privados y financiamiento político se mezclaron en ese circuito, es obligación del Estado esclarecer de dónde vino, adónde fue y a quién benefició.
Hay además un frente quizás todavía más grave: los fondos de pensiones. RioPrevidência habría invertido cerca de 970 millones de reales en letras financieras y más de 2.000 millones de reales en fondos relacionados con el Master, mientras que la previsión social de Amapá habría invertido aproximadamente 400 millones de reales en letras financieras del banco. La Policía Federal investiga una posible gestión temeraria y sospecha que Vorcaro recurrió a personas en el Banco Central para intentar impedir el endurecimiento de las reglas de inversión de los fondos de pensiones. Son recursos destinados a la jubilación de trabajadores. Si hubo utilización criminal de ese patrimonio, estamos ante algo mucho mayor que un simple fraude bancario.
En el centro de la crisis institucional permanece Alexandre de Moraes. La investigación volvió a poner sobre la mesa el contrato de 131 millones de reales firmado por el Banco Master con el bufete de su esposa, Viviane Barci de Moraes, y las informaciones según las cuales Moraes habría participado en modificaciones contractuales. Valores de esa magnitud exigen explicaciones absolutamente transparentes, sobre todo cuando involucran a la familia de un ministro de la más alta Corte del país y a un banquero sometido a investigación criminal. No se trata de condenar previamente a Moraes, pero tampoco es admisible considerar a un ministro del Supremo inmune a la rendición de cuentas.
La prensa tomó partido ostensiblemente en esta batalla. O Estado de S. Paulo ya defendió editorialmente la salida de Moraes y ahora dedica amplio espacio a los mensajes atribuidos a conversaciones entre él y Vorcaro. Quieren la cabeza del ministro. Pero precisamente por eso la decisión de Fachin es importante. Una cuestión de esta gravedad no puede decidirse mediante filtraciones, titulares o campañas de prensa. Debe decidirse a la luz de las pruebas, con derecho a la defensa, publicidad y responsabilidad institucional.
Fachin parece comprender que el problema ya superó a las personas involucradas. Está en juego la autoridad del propio Supremo. Al levantar el secreto judicial, llevar el caso al pleno y exigir que los ministros tengan acceso a los elementos de la investigación, procura sustituir la guerra subterránea por la responsabilidad colectiva de la Corte. Es también en este contexto que cobra fuerza su propuesta de un código de ética para el STF. Quien ejerce semejante poder debe estar sometido a reglas igualmente rigurosas de transparencia, impedimentos y conflictos de intereses.
El martes será, por lo tanto, un momento importante. No se trata de “juzgar a Moraes” anticipadamente, sino de decidir si los hechos que involucran a un ministro del Supremo y a un banquero investigado merecen una investigación formal. Si existen elementos, que se investigue. Si no existen, que se archive con la debida fundamentación. Lo que no puede continuar es una República gobernada por las filtraciones, las sospechas y el secreto.
Fachin intenta poner orden en la casa. El Supremo tiene ahora la oportunidad de demostrar que la ley que exige a los demás también vale para sus propios ministros. Esa quizás sea la única manera de impedir que otro gran escándalo brasileño termine, como tantos otros, en nada.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
