El caso Banco Master coloca a integrantes del máximo tribunal bajo graves cuestionamientos y revela la urgencia de una investigación sin privilegios, transparencia y de un Código de Ética para el STF.
Paulo Cannabrava Filho
Hay una guerra en el Supremo Tribunal Federal. Y ya no se trata de una divergencia doctrinaria entre ministros ni de distintas interpretaciones de la Constitución. Lo que salió a la luz con las investigaciones sobre el Banco Master y su controlador, Daniel Vorcaro, golpeó el corazón del máximo tribunal del país. Son hechos, indicios y acusaciones de tal gravedad que deben ser tratados sin precipitación, pero también sin corporativismo. El presidente del STF, Edson Fachin, dio cinco días hábiles para que Alexandre de Moraes, André Mendonça, el procurador general de la República, Paulo Gonet, y el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, presenten explicaciones.
En el centro de este terremoto está la relación entre Alexandre de Moraes y Daniel Vorcaro. Documentos revelados por la investigación muestran que Moraes analizó el borrador del contrato celebrado entre el Banco Master y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes. El contrato preveía honorarios del orden de 131 millones de reales en tres años. Los metadatos del documento indicarían la participación de Moraes en su edición. El estudio sostiene que el ministro fue consultado solamente para verificar la existencia de eventuales impedimentos legales y afirma que los servicios contratados fueron efectivamente prestados.
Pero no es solamente el extraordinario valor del contrato lo que causa perplejidad. Según las informaciones reveladas por la investigación, el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes recibió alrededor de 80 millones de reales del Banco Master durante la relación contractual. Estamos hablando de decenas de millones de reales pagados por el banco de Daniel Vorcaro al estudio de la esposa de un ministro del Supremo que mantenía contactos personales con el banquero. Es una suma que, por su magnitud y por las circunstancias en que aparece, exige explicaciones cabales. Un contrato de 131 millones de reales ya es, por sí solo, extraordinario; el pago efectivo de alrededor de 80 millones hace todavía más urgente esclarecer exactamente qué servicios fueron prestados, en qué condiciones y si existió algún conflicto de intereses.
La perplejidad aumenta ante los mensajes encontrados en el teléfono celular de Vorcaro. Según el material atribuido al banquero, existían contactos y una relación de intimidad con Moraes mientras el Master enfrentaba dificultades y estaba bajo investigación. En vísperas de ser detenido en el aeropuerto, cuando intentaba embarcar rumbo a Dubái, Vorcaro manifestaba preocupación por las medidas que podrían ser adoptadas contra él y su banco y procuraba saber si existía alguna posibilidad de impedir o postergar lo que estaba por ocurrir.
Es una proximidad que, como mínimo, exige explicaciones convincentes. Cuando un banquero investigado mantiene acceso personal a un ministro del Supremo mientras el estudio jurídico de la esposa de ese ministro recibe decenas de millones de reales de su banco, surge inevitablemente una cuestión ética. La Justicia no solo debe ser imparcial. También debe parecer imparcial ante los ojos de la sociedad.
La gravedad de las revelaciones llevó a O Estado de S. Paulo a asumir una posición excepcionalmente dura. En su portada y en un editorial, el diario defendió que Moraes debe dejar el Supremo, ante las evidencias que considera comprometedoras sobre su relación con Vorcaro. Es significativo que uno de los principales periódicos del país llegue al punto de defender públicamente la salida de un ministro de la Corte Suprema.
No tenemos por qué reproducir simplemente la sentencia editorial de O Estado de S. Paulo. Pero tampoco podemos ignorar el significado político e institucional de esa manifestación. El conjunto de las evidencias conocidas revela, como mínimo, una proximidad impropia entre un ministro del máximo tribunal y un banquero que buscaba protección frente a las investigaciones. Si esa relación configura un delito —corrupción activa, corrupción pasiva, lavado de dinero o cualquier otro ilícito— solo una investigación regular podrá establecerlo. No nos corresponde anticipar una condena. Pero la cuestión ética ya está planteada ante la sociedad.
Y la crisis no se detiene en Alexandre de Moraes. André Mendonça, relator de las investigaciones sobre el Master, también pasó a ser cuestionado por la manera en que condujo la investigación. Moraes remitió un pedido para que su actuación fuera investigada. Mendonça, a su vez, hizo público el informe y defiende que los nuevos elementos sean examinados por el pleno del STF, en una sesión pública y transparente. La Procuraduría General de la República cuestiona procedimientos adoptados en la investigación y pide el archivo de parte de las actuaciones.
También surgieron cuestionamientos sobre una institución educativa vinculada a André Mendonça y a su esposa y sus contratos millonarios con recursos públicos. Son hechos que igualmente necesitan ser esclarecidos, sin prejuzgamientos. Cuando las sospechas alcanzan a diferentes integrantes de las instituciones encargadas precisamente de fiscalizar, investigar y juzgar, la respuesta no puede ser el silencio.
Estamos ante una situación extraordinaria: ministros de la Corte Suprema cuestionando procedimientos y conductas de otros ministros, mientras el procurador general de la República y la Policía Federal también aparecen en el centro de la controversia. La crisis ya trascendió a las personas involucradas. Es la propia credibilidad de las instituciones la que está en juego.
Dos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes ya fueron presentados ante el Senado, uno de ellos con el apoyo de decenas de parlamentarios de la oposición. Candidatos a la Presidencia también comenzaron a hablar de impeachment o renuncia. La crisis, por lo tanto, entró inevitablemente en la disputa política y electoral. Esto hace todavía más necesaria una investigación institucional capaz de separar los hechos de la explotación partidaria del episodio.
No le corresponde al presidente Lula salvar a ningún ministro. El Ejecutivo no puede transformar una crisis del Poder Judicial en una cuestión de protección política. Lula todavía no ha asumido públicamente una posición sobre el fondo de las acusaciones, aunque se reunió con Fachin en medio de la crisis. No hay razón para proteger a nadie. Si existen indicios contra integrantes del Supremo, deben ser investigados exactamente como lo serían si involucraran a cualquier otra autoridad de la República.
Fachin estableció correctamente el principio que debe orientar la solución de esta crisis: “la elevada autoridad del cargo no confiere privilegios, sino que impone deberes, límites y responsabilidades”. Es exactamente eso. Defender al Supremo no significa defender individualmente a sus ministros.
La institución es mucho mayor que cualquiera de sus once integrantes. El STF desempeñó un papel fundamental en la defensa del orden constitucional frente a las amenazas golpistas de los últimos años. Pero ese papel no concede a sus ministros inmunidad ética. Al contrario: cuanto mayor es el poder, mayor debe ser la responsabilidad.
Si los hechos demuestran que no hubo irregularidades, esto debe quedar establecido públicamente. Si demuestran la existencia de ilícitos, debe haber responsabilidades, sea quien sea el involucrado. No puede existir una Justicia para los ciudadanos comunes y otra para quienes ocupan los puestos más elevados de la República.
Esta crisis hace todavía más urgente una iniciativa que el propio Fachin viene defendiendo: la creación de un Código de Ética para el Supremo Tribunal Federal. Es inconcebible que una institución con semejante poder sobre la vida política, económica e institucional del país no disponga de reglas suficientemente claras sobre conflictos de intereses, relaciones de los ministros y sus familiares con grandes grupos económicos, regalos, viajes, encuentros privados, actividades externas, impedimentos y recusaciones.
Un Código de Ética no disminuye la independencia de los ministros. Al contrario, protege esa independencia. Establece límites conocidos por todos e impide que relaciones personales, familiares o económicas arrojen dudas sobre las decisiones judiciales.
El Supremo no puede continuar funcionando como si nada estuviera ocurriendo. La crisis existe y es profunda. Fachin tiene ahora la responsabilidad histórica de conducir su esclarecimiento con absoluta transparencia, llevando incluso al pleno aquello que deba ser decidido por el conjunto de la Corte.
La sociedad brasileña necesita saber exactamente qué ocurrió. Porque preservar al Supremo no significa ocultar sus heridas, sino enfrentarlas. No puede haber intocables en la República. Ni banqueros. Ni procuradores. Ni ministros del Supremo.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
