La disminución de los homicidios puede ocultar una realidad aún más grave: el fortalecimiento del crimen organizado.
Paulo Cannabrava Filho
El dato más comentado del nuevo Mapa de la Violencia es la reducción de los homicidios. A primera vista, la noticia parece alentadora: en 2025 se registraron 40.775 asesinatos en Brasil, con una tasa de 19,1 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que representa una disminución del 8,2 % con respecto al año anterior. Pero esa lectura es engañosa. Los propios estudios del Foro Brasileño de Seguridad Pública indican que la disminución de la violencia letal puede ser menos el resultado de la eficacia de las políticas públicas que de la consolidación del control territorial ejercido por las organizaciones criminales. En otras palabras, la mejora de los indicadores puede estar revelando, paradójicamente, el fortalecimiento del crimen organizado.
Brasil vive una guerra no declarada. No se trata de un conflicto convencional, sino de una disputa permanente por el control del territorio, de las economías ilegales y de la autoridad sobre millones de ciudadanos. El número de muertos, más de 40 mil, sigue siendo comparable al de muchos conflictos armados en distintas partes del mundo. La violencia simplemente ha cambiado de configuración.
Cuando una sola organización criminal impone su control sobre un territorio determinado, desaparecen las disputas entre grupos rivales y, en consecuencia, disminuyen los asesinatos derivados de esos enfrentamientos. La paz aparente no es la paz del Estado de derecho. Es la paz impuesta por el vencedor. Los indicadores mejoran porque el monopolio de la violencia deja de ser disputado entre organizaciones criminales, no porque haya regresado a manos del Estado.
Este es un dato que exige prudencia al interpretar las estadísticas. Las reducciones cuantitativas pueden ocultar transformaciones cualitativas mucho más graves: la sustitución gradual de la autoridad pública por el poder paralelo. La disminución de los homicidios, por sí sola, no significa que el país sea hoy más seguro. Puede significar exactamente lo contrario.
El informe del Foro revela además que cuatro de cada diez brasileños de 16 años o más reconocen la presencia, en el barrio donde viven, de grupos vinculados al narcotráfico o a las milicias. Son cerca de 68,7 millones de personas que conviven diariamente con organizaciones criminales que ejercen poder sobre la vida cotidiana. Esto significa que porciones cada vez mayores del territorio nacional han dejado de estar plenamente gobernadas por el Estado.
Aunque la mayoría de los estados registró una disminución de los homicidios, siete presentaron un aumento: Río Grande do Norte, Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul y Río de Janeiro. La violencia continúa distribuida de manera desigual, pero sigue siendo un problema nacional.
Otro dato alarmante es la letalidad policial. En 2025, 6.263 personas murieron en acciones policiales, un aumento del 5,4 % respecto al año anterior. En otras palabras, aproximadamente uno de cada seis homicidios registrados en el país tuvo como autor a un agente del propio Estado. Al mismo tiempo que pierde territorios frente al crimen organizado, el Estado amplía el uso de la fuerza letal. La población termina atrapada entre dos poderes armados: el de las organizaciones criminales y el de la represión estatal.
También se registró un récord de feminicidios: 1.571 mujeres asesinadas simplemente por ser mujeres. Es una demostración más de que la violencia brasileña no se limita al enfrentamiento entre organizaciones criminales o a las acciones policiales. Atraviesa las relaciones familiares, sociales y culturales, revelando una profunda crisis de la convivencia nacional.
Ante este panorama, es un error tratar la seguridad pública únicamente como un problema de las fuerzas policiales o de los gobiernos estaduales. El avance del crimen organizado ha dejado de ser una cuestión localizada. Se ha convertido en un desafío para la soberanía nacional. Las organizaciones criminales controlan territorios, movilizan miles de millones de reales, se infiltran en las instituciones, imponen sus propias normas y desafían, en la práctica, el monopolio de la fuerza que debería pertenecer exclusivamente al Estado.
Brasil necesita construir una verdadera Estrategia Nacional de Seguridad, articulando al gobierno federal, los estados y los municipios en torno a la inteligencia, el combate a las estructuras financieras del crimen, el fortalecimiento de las instituciones de justicia y la recuperación de los territorios dominados por las organizaciones criminales. Pero esa estrategia, por sí sola, no será suficiente.
Deberá estar armonizada con un Proyecto Nacional de Desarrollo Integral y Sostenido. No habrá seguridad duradera sin crecimiento económico, reducción de las desigualdades, generación de empleo, educación de calidad, urbanización de las periferias y fortalecimiento de las instituciones públicas. Seguridad y desarrollo son partes inseparables de una misma política de Estado.
Mientras el país siga tratando la violencia únicamente como un problema policial, continuará combatiendo los efectos e ignorando las causas. El verdadero desafío de Brasil no consiste solamente en reducir las estadísticas de homicidios. Consiste en reconstruir la presencia del Estado, recuperar la autoridad de la República sobre todo el territorio nacional y ofrecer a la sociedad un Proyecto Nacional de Desarrollo Integral y Sostenido capaz de arrebatar al crimen organizado el espacio que hoy ocupa. Solo así dejaremos de celebrar indicadores aparentemente mejores mientras la realidad continúa deteriorándose.
Paulo Cannabrava Filho periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
