La institucionalización de la corrupción
Sistema multimillonario, opaco e inconstitucional expone la degradación del proceso presupuestario en Brasil
Paulo Cannabrava Filho
El diario O Estado de S. Paulo, en un editorial publicado el día 19, fue directo al punto: el presupuesto secreto es esencialmente corrupto. No se trata de una exageración retórica, sino de una constatación basada en hechos concretos que dejan al descubierto la deformación del sistema político y presupuestario brasileño.
El propio periódico cita el caso de diputados federales de Maranhão que cobraban sobornos para liberar enmiendas parlamentarias. Entre los implicados están Jocimar Maranhãozinho y Pastor Gil, ambos del PL, condenados por el Supremo Tribunal Federal a penas de prisión y multas por corrupción pasiva. También fue condenado el diputado Bosco Costa, del PL de Sergipe. No son episodios aislados, sino síntomas de un mecanismo estructurado de desvío.
El PL, partido del expresidente Jair Bolsonaro y presidido por Valdemar Costa Neto —él mismo ya condenado y preso por corrupción— intenta sostener una imagen de guardián de la moralidad. La realidad, sin embargo, desmiente ese discurso. Se trata de una organización donde se concentra un conjunto significativo de prácticas que revelan exactamente lo contrario de lo que proclama públicamente.
Fue durante el gobierno de Bolsonaro que el llamado presupuesto secreto tomó forma y escala. Desde entonces, el mecanismo no solo se ha mantenido, sino que ha sido perfeccionado, consolidando un modelo paralelo de gestión presupuestaria, sin criterios objetivos, sin transparencia y sin control social.
Hoy se estima que alrededor de 60 mil millones de reales están a disposición de diputados y senadores a través de este sistema. Se trata de un volumen inédito de recursos públicos distribuidos de forma discrecional, al margen de los principios constitucionales que rigen la administración pública. En la práctica, se crea un presupuesto paralelo que vacía la función del Poder Ejecutivo y subvierte el diseño institucional previsto en la Constitución.
No por casualidad, el tema se ha convertido en foco de tensión entre el Supremo Tribunal Federal y el Legislativo. Lo que está en juego no es solo la legalidad de un mecanismo específico, sino el propio equilibrio entre los poderes y la integridad del proceso democrático.
El presupuesto secreto no es apenas una distorsión técnica. Es la institucionalización de un sistema bastardo que transforma el presupuesto público —instrumento central de planificación y desarrollo— en moneda de cambio político. Mientras esto persista, cualquier discurso sobre responsabilidad fiscal, eficiencia administrativa o combate a la corrupción no pasará de ser retórica vacía.
Más que eso, lo que se evidencia es la ausencia de un proyecto nacional capaz de reorganizar el Estado brasileño sobre bases políticas y económicas sólidas. Sin una estrategia clara de desarrollo, con reformas que restablezcan la primacía del interés público sobre los intereses privados que capturan el presupuesto, el país seguirá rehén de arreglos oportunistas, incapaz de enfrentar sus desigualdades estructurales y de afirmar plenamente su soberanía.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
