}}iles de casos, mayoría de víctimas jóvenes, y una respuesta pública insuficiente exponen el fracaso de las políticas de protección en Brasil
Paulo Cannabrava Filho
Entre 2022 y 2025, Brasil registró nada menos que 22,8 mil casos de violación colectiva. Un promedio de quince por día. Quince. Es una cifra que por sí sola debería paralizar al país, provocar indignación generalizada y movilizar una respuesta contundente del Estado. Pero no es eso lo que vemos.
Los datos revelan una tragedia aún más profunda: de las víctimas, 8.400 son mujeres adultas y 14.400 son niñas, niños y adolescentes. Es decir, la mayoría de las víctimas son jóvenes, muchas aún en proceso de formación, expuestas a una violencia brutal que deja marcas permanentes. Esto revela no solo la dimensión del crimen, sino la vulnerabilidad estructural de quienes deberían estar bajo máxima protección.
Los registros oficiales muestran una escalada preocupante. En 2022, se registraron 4.405 casos de violación colectiva en el sistema de notificación de agravios. En 2023, la cifra saltó a 5.952. En 2024, alcanzó 6.476. En 2025, fueron 6.063 casos. Y todos los especialistas coinciden: estos números están subregistrados. La realidad es aún más grave.
El caso reciente de una adolescente de 17 años en Río de Janeiro, víctima de violación colectiva perpetrada por cuatro personas, incluido un menor, conmocionó a la opinión pública. Pero el impacto dura poco. Casos como este surgen, provocan indignación momentánea y pronto desaparecen del debate, mientras la violencia sigue su curso cotidiano, invisible para gran parte de la sociedad.
Desde el punto de vista legal, la pena por violación colectiva varía de seis a diez años, pudiendo llegar a ocho a doce años cuando la víctima es menor. La pregunta que se impone es: ¿esto ha sido suficiente para disuadir el crimen? La reincidencia, el aumento de los casos y la brutalidad de los hechos sugieren que no.
Lo que falta es una política efectiva de protección. Falta prevención, falta educación, falta presencia del Estado en los territorios más vulnerables, falta apoyo a las víctimas y sus familias. Falta, sobre todo, tratar esta cuestión como una prioridad nacional y no como un dato más que se acumula en informes.
Estamos ante una barbarie cotidiana. Una violencia sistemática que expone el fracaso de las políticas públicas y la incapacidad de proteger a los más vulnerables. No se trata solo de castigar después del crimen. Se trata de impedir que ocurra.
Mientras esto no se enfrente con la seriedad que exige, seguiremos conviviendo con cifras inaceptables —y con una realidad que avergüenza a cualquier sociedad que se pretenda mínimamente civilizada.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
