El techo constitucional a prueba
Flávio Dino enfrenta privilegios históricos mientras las corporaciones invocan la “inseguridad jurídica”
Paulo Cannabrava Filho
El ministro del Supremo Tribunal Federal Flávio Dino ha iniciado una verdadera cruzada contra los sobresueldos y complementos salariales que inflan las remuneraciones en el sistema judicial brasileño. El 5 de febrero denunció el “imperio” de estos adicionales y determinó que nadie, en ninguna esfera —municipal, estadual o federal— reciba por encima del techo constitucional de R$ 46.300, equivalente al salario de los ministros del Supremo Tribunal Federal.
Concedió un plazo de 60 días para una amplia revisión de las nóminas. El 19 de febrero fue más lejos: prohibió la aprobación de nuevas leyes que creen parcelas remunerativas o indemnizatorias capaces de superar el techo y vetó pagos relativos a supuestos derechos retroactivos en el servicio público.
El contexto explica la contundencia de las medidas. En diciembre, la remuneración líquida promedio de los desembargadores del Tribunal de Justicia de São Paulo alcanzó R$ 148.971,88, con casos que superaron los R$ 200 mil. Son cifras que evidencian una distorsión estructural: el sistema judicial brasileño figura entre los más costosos del mundo, sostenido por una ingeniería de adicionales, auxilios e indemnizaciones que, en la práctica, convierten el techo constitucional en letra muerta.
La reacción corporativa fue inmediata. El 11 de febrero, el presidente del TJ-SP, Francisco Eduardo Loureiro, cuestionó la legalidad de las decisiones, alegando que la suspensión generalizada de las parcelas podría generar “asimetría federativa”, comprometer la administración de justicia y producir “inseguridad jurídica sistémica”. El argumento no es nuevo: cualquier intento de racionalizar privilegios sería, paradójicamente, una amenaza al propio sistema.
El próximo día 25, el pleno del STF analizará las medidas cautelares concedidas por Dino. Hasta entonces, quedan suspendidos los análisis de los recursos. El juicio será algo más que una decisión técnica sobre nóminas: pondrá en debate el verdadero sentido del techo constitucional y el compromiso de la Corte con la moralidad administrativa. La sociedad, que financia este aparato, tiene derecho a saber si la Constitución vale para todos —incluidos quienes están encargados de aplicarla.
Paulo Cannabrava Filho, periodista editor de la revista virtual Diálogos do Sul Global
