TeleSUR, Resumen Latinoamericano, 5 de diciembre de 2025.
Estados Unidos atraviesa una nueva fase de radicalización política desde la Casa Blanca, con el presidente Donald Trump intensificando su retórica racista y la persecución federal contra comunidades migrantes, especialmente la somalí.
En los últimos días, el mandatario ha utilizado expresiones como “basura”, “no los queremos aquí” y “su país apesta”, consolidando un discurso que estigmatiza, criminaliza y deshumaniza a personas de países pobres como Somalia.
La congresista Ilhan Omar —refugiada somalí y hoy una de las voces progresistas más relevantes del Congreso— también fue blanco del ataque presidencial: “ella es basura, sus amigos son basura”, afirmó Trump, mientras aliados republicanos exploran mecanismos para revocarle la ciudadanía a la legisladora, quien fue electa por voto popular, un hecho sin precedentes en la política moderna del país.
En paralelo a este discurso de odio, la Administración Trump inició la “Operación Catahoula Crunch” en Nueva Orleans, donde agentes del Departamento de Seguridad Nacional han detenido a decenas de personas. Aunque la Administración asegura que el operativo está dirigido a “criminales violentos”, autoridades locales y defensores de derechos civiles denuncian que la práctica ha derivado en detenciones arbitrarias, irregularidades y persecución indiscriminada.
La situación se replica en Minneapolis y St. Paul, epicentro de la comunidad somalí en Estados Unidos, donde opera la “Operación Metro Surge”. Líderes de comunidades religiosas —musulmanas, judías y cristianas— se unieron para denunciar la criminalización colectiva impulsada desde Washington.
Frente a la escalada, las autoridades de Nueva Orleans habilitaron un portal de denuncias contra abusos federales y difundieron materiales de “Conozca sus derechos”, mientras protestas ciudadanas estallaron en las inmediaciones de la alcaldía de la ciudad.
La secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, endureció el mensaje con una propuesta para una “prohibición total de viajes” desde países que, según ella, “inundan” a Estados Unidos con “matones y sanguijuelas”. La retórica, alineada con los primeros años de Trump en la Casa Blanca, ahora está acompañada de un plan para una pausa permanente a la inmigración proveniente de países del “Tercer Mundo” y la expulsión de cualquiera que “no sea un beneficio neto” para el país.
Trump, además, aseguró que los refugiados son “la causa principal de la disfunción social en Estados Unidos”, culpándolos de problemas internos y no atendidos desde el Gobierno federal como el crimen, la pobreza, la crisis habitacional y fallas en el sistema educativo.
Ese enfoque ha sido catalogado por organizaciones de DD.HH. como un discurso abiertamente xenófobo y deshumanizante, con ecos de retóricas autoritarias del siglo XX.
En el estado de Washington, una jueza federal bloqueó los arrestos migratorios sin orden judicial, un duro golpe a la operación de la Administración. Pero los operativos continúan en otras ciudades mientras Trump insiste en reforzar la Guardia Nacional, incluso contra la voluntad de autoridades locales demócratas.
La administración también anunció nuevas restricciones de visas a Nigeria y otros países africanos alegando “violaciones a la libertad religiosa”. No presentó pruebas, pero utilizó el argumento para ampliar su ofensiva diplomática contra naciones pobres.
Minnesota alberga a una de las comunidades somalíes más grandes del mundo fuera de Somalia. La mayoría son ciudadanos estadounidenses, trabajadores y estudiantes integrados, pero Trump los culpa de “destruir” el estado y los menciona como una amenaza nacional.
Líderes locales recuerdan que esta campaña no es nueva: desde 2015, cuando Trump calificó a los inmigrantes mexicanos como “violadores”, hasta su afirmación de que los extranjeros “envenenan la sangre del país”, el mandatario ha construido un discurso basado en la exclusión racial, la supremacía blanca y la demonización del Sur Global.
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