El difuso incidente de la ‘narcolancha’ y otras argucias del
intervencionismo de EU en Venezuela
Por Carlos Fazio (*)
Con las mayores reservas certificadas de petróleo y oro del mundo y
poseedora de otros minerales estratégicos como el coltán y las tierras
raras -claves en la disputa geopolítica y por materias primas entre
las grandes potencias-, Venezuela ha sido el laboratorio de las
distintas modalidades bélicas y las políticas de cambio de régimen de
Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XXI. El último episodio
de esa larga cadena de hechos, es el incidente montado por la
administración Trump el 2 de septiembre, que alude a la presunta
destrucción de una “narcolancha” en el Caribe, como coartada para una
escalada militar contra Venezuela.
El martes 2, el presidente Donald Trump publicó en su red Truth Social
un video aparentemente grabado desde un dispositivo militar, en el que
se observa una pequeña embarcación —“peñero”, en el argot de los
pescadores artesanales— con un grupo de personas a bordo. El metraje
avanza y se observa una explosión y a continuación la lancha encendida
en llamas. En la publicación, Trump escribió: “Esta mañana, siguiendo
mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo
un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua (TDA),
identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando
Sur”. Agregó que el TDA es una organización terrorista extranjera que
“opera bajo el control de Nicolás Maduro”. Además, precisó que el
ataque dejó 11 “terroristas” asesinados, se produjo en aguas
internacionales y que la lancha se disponía a “transportar narcóticos
ilegales con destino a Estados Unidos”.
A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el incidente
se produjo en el sur del Caribe y que había sido un “ataque letal”.
Rubio respondió con evasivas a las preguntas de los reporteros y
señaló que el Departamento de Defensa se encargaría de ofrecer más
detalles sobre la operación, pero entró en contradicción con el jefe
de la Oficina Oval al mencionar que la lancha se dirigía a Trinidad y Tobago.
El video exhibido por Trump carece de información verificable. Ni
Trump, ni Rubio, ni el video presentado aportan prueba alguna de que
la pequeña embarcación transportara drogas, ni que proviniera de
Venezuela, ni que su destino fuera Estados Unidos o Trinidad Tobago.
Todo esto fue presentado, al menos hasta ahora, solo en las palabras
del presidente y su secretario de Estado. Incluso no hay manera de
comprobar quiénes eran los tripulantes de la embarcación, ni siquiera
si se trataba de once personas, como señaló Trump. Por lo que podría
tratarse de una operación de guerra híbrida y psicológica cuyo
objetivo es manipular la opinión pública y escalar la violencia
imperial; un incidente fabricado, tal como ocurrió en el Golfo de
Tonkín en 1964, cuando EU inventó un ataque norvietnamita para
justificar la escalada de la guerra en Vietnam. Décadas después se
comprobó que había sido falso.
En la noche de este martes, el ministro de Comunicación de Venezuela,
Freddy Ñáñez, afirmó que el video publicado por Trump podría haber
sido creado mediante el uso de inteligencia artificial. “Parece que
Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un
callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA (así
comprobado)”, escribió en su canal de Telegram. Ñáñez mostró además
una consulta a Gemini (la inteligencia artificial de Google), a quien
le pidió analizar el video, la respuesta fue que “es muy probable que
se haya creado mediante IA”
El incidente de la “narcolancha” se suma a una serie de herramientas
utilizadas por distintas administraciones republicanas y demócratas de
EU, para intentar derrocar a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro, con apoyo de los medios hegemónicos, que operan como aparatos
de (des)información y guerra sicológica orientados a sostener el poder
y dominio imperiales.
Por limitaciones de espacio, se ofrece una breve reseña de algunos
instrumentos cinéticos y psicológicos utilizados por Washington en su
guerra híbrida contra Venezuela este siglo.
Por lo general, las distintas modalidades bélicas y ocupaciones
territoriales de EU contra gobiernos y países considerados hostiles o
indeseables (pero también “aliados” o “amigos”), son precedidas por
una campaña de intoxicación mediática, dirigida a estigmatizar al
“enemigo” objeto de la acción propagandística. Así, la manufacturación
de la leyenda negra de Hugo Chávez y la posterior matriz de opinión
sobre el populismo radical (general James Hill, Senado de EU, 2004),
fueron dos instrumentos utilizados en la demonización del expresidente
de Venezuela, quien fue etiquetado por el terrorismo mediático
proimperial como “dictador” y “populista”, y bombardeado con epítetos
clasistas y racistas, como el “golpista Chávez”, “Gorila rojo”, “un
negro en Miraflores”; y a sus seguidores los llamaron “hordas chavistas”.
Creadas las condiciones subjetivas, siguió el fracasado golpe de
Estado cívico-militar-oligárquico del 11 de abril de 2002, monitoreado
por el embajador de EU en Caracas, Charles Schapiro, y el
subsecretario de Asuntos Interamericanos de la administración Bush
Jr., Otto Reich, desde Washington, los dos viejos halcones de las
guerras de contrainsurgencia reaganistas en Centroamérica. La revuelta
palaciega con olor a petróleo fue apoyada por un grupo de militares
anticonstitucionalistas que trabajaban para el Pentágono y la CIA y
por las principales corporaciones empresariales del país, y contó con
la bendición del Opus Dei y jerarcas de la Iglesia católica local. Fue
considerado el primer golpe mediático del siglo XXI, porque los tres
principales medios privados: Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros,
Globovisión y Radio Caracas Televisión sustituyeron de facto a los
partidos políticos Acción Democrática, COPEI y Primero Justicia. Un
contragolpe militar-popular restituyó la legalidad en 47 horas y evitó
el magnicidio de Chávez.
Fracasada la intentona putschista, entre el 2 de diciembre de 2002 y
el 3 de febrero de 2003, sectores patronales agrupados en Fedecámaras
y Conindustria, secundados por la gerontocracia de Petróleos de
Venezuela (PDVSA), y apoyados por la Confederación de Trabajadores de
Venezuela (CTV), los partidos de oposición aglutinados en la coalición
Coordinadora Democrática y los medios hegemónicos privados,
protagonizaron un “cierre patronal” (lockout) en un nuevo intento por
derrocar al presidente Chávez. (El lockout es una técnica de sabotaje
económico utilizado por dueños de empresas para forzar un paro en la
cadena de producción e impedir a los obreros realizar su trabajo, con
el objetivo de generar una crisis política, social y financiera,
promoviendo hambre, caos y desestabilización).
Durante los 64 días del paro patronal se registró la pérdida de más de
500.000 empleos, el cierre masivo de comercios y quebrantos estimados
por el orden de 5.000 millones de dólares por la paralización del
aparato productivo de los sectores no petroleros. Las pérdidas totales
fueron estimadas en más de 25.000 millones de dólares.
Tras sucesivos intentos de golpes suaves (“revolución de colores”),
que incluyeron la desestabilización y la guerra económica (el
desabastecimiento y acaparamiento de productos de primera necesidad)
para generar caos, violencia fratricida, secesionismo y emigración
forzada, a la muerte de Hugo Chávez, en 2013, Washington intensificó
la guerra de espectro completo multiterrenos contra el gobierno
constitucional de Nicolás Maduro, con eje en el manual TC-18-01 sobre
la Guerra No Convencional del Pentágono.
En 2014, la iniciativa denominada “La Salida”, impulsada por Leopoldo
López, María C. Machado y Antonio Ledezma, fue un ensayo de guerra
civil y revolución de color. Fracasado ese golpe guarimbero, en 2016
el Comando Sur del Pentágono lanzó la segunda fase de la operación
Venezuela Freedom (Libertad Venezuela), que bajo la premisa de una
“crisis humanitaria” provocada intencionalmente de manera encubierta
en la fase uno del plan, preveía una “intervención humanitaria” con
apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un grupo de
gobiernos vasallos de la región.
Como parte de la estrategia de “cerco y asfixia”, otra de las
herramientas coercitivas utilizadas por razones de “seguridad
nacional” (sic) por EU, fueron las sanciones económicas y financieras
extraterritoriales e ilegales, como instrumento de guerra por medios
no militares. Las convenciones de La Haya y Ginebra catalogan el
estrangulamiento de la entrada de divisas por el bloqueo a PDVSA como
una forma de castigo colectivo a la población civil.
Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno de
Maduro logró sobrevivir a 120 días (abril/julio de 2017) de la más
brutal ofensiva bélica, que, en el marco de una guerra híbrida,
utilizó a agentes terroristas, paramilitares y del crimen organizado
en un despliegue de tácticas irregulares simultáneas, combinadas con
el uso agresivo de tecnologías de última generación y una élite de
expertos en guerra electrónica, realidad virtual y propaganda
“democrática”, con la finalidad de derrocarlo.
El 4 de agosto de 2018, durante una parada militar en Caracas, un
grupo terrorista atentó con drones DJI M600 cargados de explosivos
contra el presidente Maduro, en otro intento de conseguir por la vía
del magnicidio su derrocamiento.
Bajo la tutela de Trump, en una acción coordinada con los regímenes
cipayos de Colombia, Brasil y Argentina (principales integrantes del
Grupo de Lima), en enero de 2019 el diputado Juan Guaidó se
autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela, la figura
paragubernamental necesaria para seguir la hoja de ruta de la política
de “cambio de régimen” del Comando Sur. Bajo la “gestión” del fantoche
Guaidó se montó una operación de bandera falsa en la frontera entre
Colombia y Venezuela, con motivo de la pretendida entrada al país de
“ayuda humanitaria” de la AID (Agencia Internacional para el
Desarrollo de EU), planificada para encubrir el intento de establecer
una cabeza de playa en el estado Táchira, a la manera de un
“territorio liberado” donde instalar un “gobierno paralelo” y fomentar
una guerra fratricida.
El 3 de mayo de 2020, un grupo de exmilitares venezolanos en el exilio
y mercenarios estadunidenses llevaron a cabo la fracasada Operación
Gedeón, un intento por infiltrarse en lanchas rápidas en Venezuela
desde Colombia, por las costas de Macuto, una localidad en el estado
de La Guaira. El objetivo era derrocar a Maduro. La primera ola de
ataque se saldó con seis venezolanos disidentes muertos, y varios más
capturados por pescadores de la zona, fuerzas de la policía local y
luego entregados en custodia a fuerzas gubernamentales; la segunda ola
fue interceptada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La
operación fue planeada principalmente por Jordan Goudreau, un
estadunidense nacido en Canadá y ex boina verde del Pentágono, que
fundó la empresa de seguridad privada Silvercorp USA, y por el ex
general de división de la FANB, Clíver Alcalá Cordones, quien fue
sancionado por el Departamento del Tesoro de EU en septiembre de 2011
por, presuntamente, ayudar a la guerrilla colombiana de las FARC a
obtener armas y contrabandear drogas. En 2013 desertó y comenzó a
reunir a otros militares venezolanos desertores estacionándolos en la
Península de La Guajira colombiana.
El 28 de julio de 2024, día de los comicios presidenciales en
Venezuela, se activó una nueva fase de la guerra híbrida dirigida a
desconocer la reelección de N. Maduro y desestabilizar el país para
imponer un gobierno títere, que combinó la ciberguerra y las
operaciones encubiertas con la guerra urbana paramilitar, junto con
una vasta campaña de intoxicación en los medios y las redes sociales,
que tuvo en Elon Musk, como nuevo actor emergente del complejo
militar-industrial-financiero-digital de EU, a uno de sus principales
protagonistas.
En la coyuntura, con base en sendos bulos ideológico-propagandísticos
de InSight Crime y la Fundación Heritage, se reactivó la delirante
fábula que ubica a N. Maduro como jefe del Cártel de los Soles y a
Venezuela como un “narco Estado”, y con información promovida por el
secretario de Estado, Marco Rubio, y sembrada por la agencia británica
Reuters, que alude a una operación naval frente a las costas
venezolanas, que incluye al crucero USS Lake Erie, con capacidad para
disparar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos terrestres o
antiaéreos; tres buques del Grupo Anfibio Listo Iwo Jima (ARG), que
transportan entre 4.000 y 5.000 marines; al menos tres destructores de
la clase Arleigh Burke: el USS Gravely (DDG-107), el USS Sampson
(DDG-102) y el USS Jason Dunham (DDG-109), todos equipados con el
sistema de combate Aegis y su radar multifunción AN/SPY-1D. Se puso en
escena la eventualidad de un ataque inminente contra el país sudamericano.
Ese despliegue naval inverosímil para una guerra a las drogas, activó
en realidad un nuevo escenario de operaciones psicológicas, que podría
abarcar ciberataques, sabotajes contra infraestructura crítica y focos
de violencia urbana armada, como parte de una estrategia de desgaste
que podría reeditar el fallido operativo mercenario Gedeón en formato
2025, sin descartar el uso de metodologías bélicas utilizadas por EU y
sus socios de la OTAN en Siria, Ucrania y Palestina ocupada, incluido
el uso de drones y la guerra electrónica de última generación, que han
revolucionado las formas de las guerras actuales.
Desde hace décadas, Estados Unidos ha apelado al discurso antidrogas y
a la etiqueta del terrorismo como coartadas para justificar
intervenciones en América Latina y el Caribe. Por lo que hoy se
presenta como lucha contra el crimen transnacional o el terrorismo no
es más que una pantomima para revestir con apariencia de “legitimidad”
lo que en esencia sigue siendo un plan de cambio de régimen en Venezuela.
(*) Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente
en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones.
