Artículo de coyuntura
MES RECARGADO
El último mes ha estado lleno de noticias, de las buenas y de las otras. Entre las muy buenas está la elección del Cardenal Robert Prevost, ex obispo de Chiclayo, como el nuevo Papa León XIV. Mucho ya se ha dicho de ello, por lo que además de reiterar nuestra alegría por la importancia que esto tiene para el país, nos eximimos de comentarlo.
Otra buena noticia tiene que ver con el hecho de que la ciudadanía no se resigna a la ola delincuencial que nos azota y volvió a manifestarse al respecto el 14 de Mayo en diversas partes del país. Y también que desde la sociedad civil se está gestando una iniciativa legislativa ciudadana para derogar las numerosas leyes pro crimen dadas por la coalición conservadora, autoritaria y mafiosa que nos gobierna.
Entre las malas destacan el vil asesinato de 13 peruanos en Pataz y la promulgación de la nueva ley de extinción de dominio. A estos tres últimos hechos dedicamos nuestro comentario.
COALICIÓN GOBERNANTE CONTINÚA FAVORECIENDO AL CRIMEN ORGANIZADO
Nos referimos a la promulgación de la Ley 32326 que afecta seriamente la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en nuestro país al modificar la vigente ley de extinción de dominio, es decir de pérdida de los bienes de quienes hayan cometido diversos delitos.
Esta figura legal fue tomada de las convenciones internacionales de Viena, Palermo, Mérida y Caracas, cuyo objetivo principal es combatir el crimen organizado a nivel global.
Como bien explica Rosa María Alva R., la extinción de dominio: “Es un proceso judicial no penal que permite al Estado recuperar bienes obtenidos o utilizados ilícitamente, aunque no exista condena penal contra el dueño del bien. La finalidad es quitarle los recursos logísticos al crimen organizado (narcotráfico, corrupción, lavado de activos, minería ilegal, tala, trata de personas, etc.). La extinción de dominio es una herramienta eficaz para recuperar bienes ilícitos y garantizar que estos no permanezcan en manos de quienes los obtuvieron al margen de la ley”
- En efecto, durante la vigencia de la ley de extinción de dominio (2019-2024), según información dada a conocer por la Fiscalía de la Nación, se pudo recuperar más de 560 millones de soles mal habidos, mediante 1510 sentencias de extinción de dominio, de las cuales 685 fueron por tráfico ilícito de drogas, 253 por contrabando, 158 por lavado de activos, 108 por minería ilegal y 26 por corrupción.
Todo ello ya no será posible porque la nueva Ley 32326 ahora exige una sentencia en última instancia (lo que llaman “sentencia firme”) para iniciar el proceso de extinción de dominio.
Actualmente hay más de 5,000 procesos en curso por este concepto que quedarían truncos con la dación de la Ley 32326. Pero, lo más grave es que se fija un plazo de solo 5 años (antes eran 20 años) para poder proceder a quitar los bienes mal habidos.
Para todos es bien conocido que los procesos judiciales de este tipo tardan entre 8 y 15 años, con lo que en la práctica la nueva ley asegura a todo tipo de delincuentes que podrán conservar sus botines.
En entrevista de Rosa María Palacios con el Fiscal Mirko Cano, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en extinción de dominio, se mencionó que la ley aprobada también manda devolver los bienes incautados. Esto favorecerá, entre otros, al terrorista Artemio y al ex presidente Alejandro Toledo, además de a quienes les incautaron bienes por los casos de Odebrecht
En la misma entrevista se mencionó que la la Ley 32326 ahora exime de la extinción de dominio a delitos de lavado de activos, delitos contra el medio ambiente (favoreciendo a la minería ilegal), corrupción de funcionarios, contrabando, crimen organizado, robo agravado, etc.
El principal argumento de los que han respaldado esta nueva ley es que se habían cometido muchas injusticias, lo que se desmiente con la siguiente cifra dada por la Presidencia del Poder Judicial: el 82.2% de los 1,510 procesos de extinción de dominio “no han sido impugnados ni cuestionados por los investigados”
La verdadera razón de la dación de esta ley parece estar en lo que afirma el ex congresista por Apurímac Richard Arce “la derogatoria de la ley de extinción de dominio -que permitía confiscar bienes de mafias sin necesidad de sentencia firme- fue impulsada por legisladores con intereses directos. Muchos tienen procesos,
1) Negritas del original, se puede bajar de: https://otramirada.pe/extinci%C3%B3n-de-dominio-la-ley-32326-golpe-la-luchacontra-el-crimen-organizado
2) “Sin Guión”, La República, Viernes 16 de Mayo 2025, Se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=wkKnhTUc6JM
3) Comunicado de la Presidencia del Poder Judicial.
“Varios ya tenían bienes incautados. Lo que buscan es blindarse antes de que terminen en la cárcel«.
Hasta el Ministerio de Justicia, que anteriormente ha avalado casi todas las leyes que favorecen al crimen organizado, se manifestó en contra de dicha ley, por considerar que “beneficiaría directamente a organizaciones criminales y delincuentes que adquieren bienes que son utilizados para sus actividades ilícitas en perjuicio de la sociedad”.
Y el Poder Judicial añadió, en el comunicado mencionado líneas arriba, que “con esta modificatoria se incumplen compromisos internacionales y, en consecuencia, nuestro país corre el riesgo de ser incluido en listas de alto riesgo económico (…) esto impediría acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”.
LA MINERÍA ILEGAL SIGUE MATANDO
El terrible asesinato de 13 personas en Pataz nos ha recordado que si bien en las ciudades el mayor flagelo delincuencial que atenta contra la vida es la extorsión y sicariato, en muchas otras zonas del país es la minería ilegal, sobre todo de oro. En el caso de Pataz se ha sabido que el motivo del cruel asesinato fue el robo de 200 toneladas de material aurífero, valorizado más o menos en un millón doscientos mil dólares, que fueron trasladadas en 5 volquetes
En estos días se ha puesto el foco en Pataz (minería ilegal filoneana), pero la minería ilegal es fuerte en nuestra Amazonía, donde deforesta, contamina, amenaza y asesina a los defensores indígenas.
En la Amazonía prima la minería aluvional que usa dragas y otros artefactos similares en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales, lo que está terminantemente prohibido (DL n. 1100).
Esta prohibición ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia Exp 316-2011-PA/TC6.
Algunas afirmaciones al respecto:
En ambos casos (extorsión, minería ilegal) como bien afirmó la congresista Susel Paredes en una entrevista en el Programa Al Filo de Javier Torres (13 de mayo del 2025) estas actividades delictivas “funcionan a través de organizaciones criminales a quienes el Congreso les ha facilitado el trabajo con las numerosas leyes pro crimen que han dado”7, y nosotros agregamos que han sido entusiastamente respaldadas por el Ejecutivo.
Caretas 15 de Mayo del 2025. 5) Cf. La República 19 de Mayo 2025 : “Cuchillo robó 200 TM de material aurífero valorizado en US$ 1´200,000 6) Cf. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/15/04/2024/rios-de-amazonas-acorralados-por-mineria-ilegal 7) Cf. https://www.youtube.com/watch?v=dK8jd4wyQxY&list=PLbT634fVq4secvGVX-p20uBKEmS4V8LLM&index=7
Coincidimos con Martín Arana en que la lucha contra la minería ilegal requiere un enfoque integral que trascienda el ámbito minero y abarque normativas relacionadas con delitos ambientales, derechos humanos y crimen organizado, considerando que estas actividades suelen estar vinculadas a otras actividades ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal y el tráfico de tierras.
Arana subraya que los esfuerzos para tener actividades sostenibles deben ir acompañadas de una mayor presencia estatal en los territorios afectados, mediante estrategias que combinen sanciones con intervenciones de desarrollo que atiendan las necesidades básicas de las comunidades.
Por otro lado, señaló que hay que llevar a cabo un control efectivo del comercio y contrabando de mercurio, insumo fundamental en esta actividad8.
La lucha contra la minería ilegal no está en las prioridades de la actual coalición autoritaria que nos gobierna. Basta con ver las prioridades establecidas en el presupuesto de la Policía nacional.
Ya en setiembre del 2024 Angel Paez, del diario La República, llamaba la atención al respecto. En ese entonces nos decía que en el 2024 mientras se otorgaba a la Policía S/. 635´176,022 para controlar y reprimir conflictos y protestas sociales solo se le había asignado S/. 47´636,797 para combatir la minería ilegal, actividad que según diversos estimados mueve anualmente entre US$ 10,000 a 12,000 millones.
Como bien señala el Coronel Harvey Colchado “a las mafias no se les combate con comunicados ni estados de emergencia, sino, para empezar, derogando las leyes pro crimen, recuperando la inteligencia, desarticulando redes de lavado, trata y tráfico de armas”.
Para ello se requieren recursos de los cuales ahora no dispone la Policía. Y ello es así porque el Congreso y el Ejecutivo están en otra cosa. Persiguen a sus enemigos políticos. A los que protestan. A las organizaciones de derechos humanos. A los periodistas. No mencionan a los mineros ilegales ni enfrentan a las otras mafias
La corrupción es uno de los principales obstáculos para enfrentar la minería ilegal, pues facilita que los grupos criminales operen impunemente. Por lo que se requieren mecanismos efectivos de prevención y control de la corrupción.
En Mayo de 2024 el mismísimo Ministerio del Interior afirmaba que “la ruta de aquellos acopiadores de oro ilegal a gran escala pasa, necesariamente, por plantas de beneficio que cuenten con los equipamientos necesarios para procesar y obtener una mayor cantidad de oro” .
Sin embargo, hasta la fecha no se hace nada para ejercer control contra dichas plantas de beneficio, a pesar que no son muchas.
Según la ONG CooperAcción, las plantas de beneficio vinculadas a la minería informal y la ilegal, sumarían 300 en todo el país, e incluso otros afirman que son mucho menos. La única explicación a esta desidia es funcionarios y autoridades corruptas que se hacen de la vista gorda.
José Manuyama, desde su experiencia amazónica también lo confirma, nos dice que “No existe minería ilegal solo por unos inescrupulosos operarios sino por la colaboración dolosa de muchas malas autoridades con estas actividades delictivas.(…) hay que recuperar el Estado secuestrado por grupos de poder que no reparan en la destrucción del futuro con tal de ganar, aunque sea suciamente en el presente”
No es un negocio de gente pobre. El grueso de la actividad se sustenta en operaciones de gran envergadura e intensivas en capital, que usan maquinaria pesada e insumos vendidos libremente por empresas formales. Existen fuertes intereses económicos de empresas de procesamiento de oro, que aunque están legalmente constituidas, promueven abiertamente la minería ilegal.
En la actual situación, como bien se señala, “los mineros ilegales siguen acumulando poder económico, social y político, al mismo tiempo que controlan territorios y las operaciones de extracción y las plantas de beneficio se siguen multiplicando”
En el actual contexto electoral pueden aumentar su presencia, tanto por su capacidad de financiar campañas electorales, sobre todo ahora que el Congreso flexibilizó las normas de financiación de los partidos políticos; como por el hecho de que representan un importante bolsón electoral.
Se calcula que hay cerca de medio millón de personas vinculadas a esta actividad. Es importante, por ello, no solo estar atentos para que las elecciones del 2026 (generales, regionales y municipales) no les permitan aumentar su ya importante presencia en todos los niveles del aparato del estado, sino para exigir a los 43 partidos inscritos que nos digan qué propuestas tienen para afrontar este flagelo de la minería ilegal, que como bien sabemos tiene importantes vínculos con el narcotráfico y en general con el crimen organizado.
No olvidemos que en anteriores campañas electorales diversos partidos (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País cuando el candidato era Hernando de Soto, etc.) firmaron actas y compromisos con ellos.
Hay que recordarles a los políticos de los 43 partidos inscritos lo que ya bien señalaba José de Echave “Es un tremendo error hacer concesiones a un sector que sin agua no hay democracia, tercera marcha por la vida en Iquitos. }
“El REINFO, la ley MAPE y la presión de los mineros”
Boletín electrónico Actualidad minera del Perú, Noviembre 2024. se sigue expandiendo de manera caótica, generando graves impactos ambientales y sociales, sin escuchar, por ejemplo, las voces de las comunidades campesinas e indígenas que están defendiendo sus tierras, fuentes de agua y bosques frente al avance violento de la minería ilegal.
Sin discusión, el proceso de formalización minera en el país debe ser perfeccionado, pero bajo ningún punto de vista debe ser debilitado como pretenden.
LA PROTESTA NACIONAL DEL 14 DE MAYO
Esta vez la convocatoria fue hecha por un colectivo llamado Coalición Ciudadana por la Vida, Libertad y Dignidad, junto con un sector de transportistas, llamado Comité de Gremios de Transportistas del Perú. Entre los integrantes de la primera agrupación estaban Ciudadanos por la vida, Plataforma por la Democracia, y la Federación de Mercados de San Juan de Lurigancho. Participaron comerciantes, mototaxistas, movimientos sociales, gremios y algunos transportistas de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA).
En Lima no fue tan contundente como la vez anterior, salvo en Lima Norte, que es la zona más afectada por la violencia cotidiana de la extorsión y el sicariato. La razón de que el paro no se sintiera tanto en el resto de la ciudad fue la falta de respaldo de la mayoría de los transportistas.
La razón de la ausencia mayoritaria de transportistas la dio un día antes Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte. Dijo que nueve gremios de transporte formal no participarían de la medida y rechazó, según él, las motivaciones políticas detrás de la protesta, refiriéndose al pedido de destitución de ministros y la salida de la presidenta Dina Boluarte.
Otro de sus argumentos para no apoyar el paro fue que a raíz del paro del 10 de abril acordaron con el Ejecutivo y el Congreso una agenda de diez puntos.
Pero el paro si fue contundente en diversas regiones como Puno, Cusco, Chiclayo, Arequipa, Trujillo, etc.
La demanda principal era que se tomen acciones concretas contra la extorsión y sicariato que todos los días impunemente acaba con la vida de cada vez más gente, pero también se agregaron demandas regionales largamente postergadas como el rechazo al proyecto Tía María (Arequipa), que se implemente el tanta veces postergado Gasoducto Sur Peruano (Cusco, Puno), el cambio total del personal policial por estar incurso en delitos (Juliaca, Puno), contra la privatización del agua (Azángaro, Puno) y por mejoras en los servicios de salud (Ayacucho).
LA INICIATIVA PARA DEROGAR LAS LEYES PRO CRIMEN
Ha comenzado a circular una iniciativa legislativa ciudadana, que tiene como objetivo la derogatoria de 10 de las leyes pro crimen dadas por la Coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna.
La iniciativa busca promover leyes efectivas para la persecución del crimen organizado.
Esta iniciativa se titula “Proyecto de Ley 15 ) “El Estado retrocede ante la minería ilegal”. CooperAcción 1 de setiembre 2022. 6 que deroga diversas leyes dadas por el Congreso y el Ejecutivo, que atentan contra la seguridad ciudadana, protegen la criminalidad organizada e impiden el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en el Perú.
Entre las leyes pro crimen que esta iniciativa busca derogar y reemplazar por normas que nos permitan una efectiva lucha contra la corrupción y el crimen organizado se encuentran:
Ley 31989, que favorece la minería ilegal, ya que obstaculiza e impide acciones de incautación de artefactos y equipos (dragas, explosivos, etc.) por parte de los que realizan minería ilegal. +
Ley 31990, que mutila la colaboración eficaz al reducir considerablemente los plazos en dichos procesos a entre 8 y 12 meses.
Ley 32054, que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal, y que en la actualidad ha beneficiado a Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Podemos Perú que tenían procesos abiertos por organización criminal.
Ley 32130, que transfiere a la Policía, que depende del Ejecutivo, las funciones de investigación que le corresponden a la Fiscalía, según el art.159 de la Constitución.
Ley 32108, que excluyó 50 tipos penales de la calificación de criminalidad organizada.
Ley 32181, que impide dictar prisión preliminar o preventiva a policías que cometan delitos al hacer uso de armas de fuego.
DL 1585, que amplía de 4 a 5 años el requisito para que proceda la prisión efectiva.
La iniciativa es impulsada por el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, La Coalición Ciudadana por la Vida y la Confederación de Mototaxistas del Perú.
El documento de 27 páginas señala que las llamadas leyes pro crimen “no han logrado solucionar los problemas que plantearon resolver y, por el contrario, se han implementado de modo de favorecer, promover y/o ocultar la responsabilidad penal de individuos y organizaciones delictivas nacionales e internacionales”.
Lo interesante de la iniciativa es que no solo busca la derogatoria de las leyes pro crimen sino que propone al mismo tiempo su sustitución por medidas que efectivamente pueden ayudar a combatirlo. Ya han conseguido un kit de iniciativa legislativa ciudadana, expedido por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), para recoger las más de 85 mil adhesiones para presentar el proyecto de ley de derogación de 10 leyes pro crimen.
Lima, 26 de mayo 2025
