UNAS DE CAL Y OTRAS DE ARENA
En el mes pasado destacan tres hechos que queremos comentar en esta entrega: la protesta del 21 de marzo, la censura del Ministro del Interior y la ley que busca desaparecer a las ONGs. 1. LA PROTESTA DEL 21 DE MARZO
Como es de público conocimiento desde inicios de año la inseguridad ciudadana, sobre todo debido a la extorsión y sicariato, se agravó considerablemente. Al 20 de marzo ya llevábamos 475 asesinatos. Pero lo que gatilló la protesta, cristalizó el descontento, fue el asesinato del vocalista de la agrupación de cumbia Armonía 10. A raíz de ello, diversas orquestas de cumbia convocaron a una movilización para el 21 de Marzo. La coalición mafiosa que nos gobierna usó los métodos de siempre para tratar de hacerla fracasar, buscando estigmatizar y dividir a los convocantes, método que le había resultado en las marchas organizadas por los transportistas en los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2024. Es así que: + Desde el Congreso y el Ejecutivo “denunciaron” que era una maniobra caviar para producir un segundo Merinazo, en alusión a la masiva movilización nacional que obligó a la renuncia de Manuel Merino a la Presidencia en el 2020.
Los congresistas Montoya y Cueto estuvieron muy activos propagando esta versión, aunque no fueron los únicos. Nos da la impresión que el discurso estigmatizador de las protestas de la coalición va agotándose. El terruqueo ya pocos lo creen, por eso esta vez insistieron más en que era un plan de desestabilización de los caviares y que era una protesta política. Con eso esperaban desacreditarla.
+ El Fujimorismo (Fuerza Popular) a través de Patricia Juárez, Primera vicepresidenta del Congreso, coordinó con la Policía para ofrecer a las orquestas mayor protección y atención a sus demandas si desistían de convocar a la marcha. Esto fue de conocimiento público por la filtración de un chat donde su asesor, Abel Santiago, convocaba a las orquestas para dicho fin.
Aceptaron dar marcha atrás en la convocatoria a la protesta, publicando comunicados muy similares Armonía 10, Corazón Serrano, Hermanos Yaipen y Daniela Dancourt, cambiando la marcha del 21 por una protesta digital para el 27 de marzo y en las calles el 28 de marzo. Incluso Dancourt hizo un video donde decía que irían delincuentes y caviares a la marcha y que esta se había politizado. Muy distinta fue la actitud de la agrupación Aguamarina, que más bien canceló una presentación en Ayacucho para estar presente en la marcha del 21 de marzo.
Un editorial del diario La República, del 24 de marzo 2025 nos detalla lo que sucedió: “Un día antes de la gran marcha ciudadana del 21M, llamó la atención el temporal retroceso de los artistas en su apoyo a la movilización. Posteriormente, ellos mismos informaron que el motivo de dicho retraimiento fue causado por mensajes recibidos desde el despacho congresal de la congresista fujimorista Patricia Juárez. Según información revelada por diversos artistas musicales, la parlamentaria de Fuerza Popular les habría ofrecido una reunión directa con la máxima autoridad de La Dirincri, Marco Antonio Conde, con la finalidad de atender particularmente sus denuncias de extorsión y así desinflar su indignación”. Sin embargo, la rápida y airada reacción crítica de sus seguidores en redes los hizo retroceder.
Al final la marcha se llevó a cabo no solo en Lima, sino en muchas ciudades del país: Tumbes, Piura, Sullana, Trujillo, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa y Tacna. En todas ellas se hicieron presente una diversidad de ciudadanos y organizaciones, que tienen objetivos políticos, económicos y culturales muy distintos pero que coinciden en que la defensa de la vida es hoy el clamor general. En Lima también participaron algunos partidos políticos, que respetuosamente se colocaron al final: Ahora Nación, Nuevo Perú, Partido Morado, País para Todos, Partido del Buen Gobierno, Partido Democrático Verde y Partido Democrático Unido Perú.
El “no nos maten”, “déjennos trabajar”, “contra la delincuencia, la que gobierna y la que nos mata en las calles” “saquemos a las mafias del poder para sacar a las mafias de las calles” etc. fueron consignas socialmente transversales. Fue una marcha pacífica a nivel nacional.
Omar Coronel nos dice al respecto que: “Es probable que el poder mediático de los artistas y la popularidad de la demanda por seguridad contuvieran la represión. La protesta fue eminentemente pacífica, sí. Pero entre 2022 y 2023 el 88.5% de las protestas del estallido fueron también pacíficas, e igual las reprimieron cruentamente”1. Otros atribuyen la ausencia de violencia a que como acababan de descabezar al Ministerio del Interior no pudieron, como en otras oportunidades, operativizar a infiltrados que provoquen violencia. 1 )
“La exitosa marcha contra la delincuencia, ¿una nueva etapa o una excepción?” Se puede bajar de https://www.elsalmon.info/post/la-exitosa-marcha-contra-la-delincuencia-una-nueva-etapa-o-una-excepci%C3%B3n 2
El Cardenal y Arzobispo de Lima Carlos Castillo señaló en su homilía del Domingo 23 de marzo que “es importante que se haya organizado una protesta pacífica tan grande y solidaria”2. El tema de la inseguridad por el desborde de la criminalidad es un tema central que hoy unifica las demandas de todo el espectro ciudadano y que tendrá una presencia protagónica en el próximo proceso electoral. También nos parece que ya es hora de pasar de la denuncia del problema a la discusión pública de sus causas y las alternativas para afrontarlo. En ese sentido nos parece importante lo que afirman los de la ONG Desco: “La situación de inseguridad y desprotección de la vida y de los medios de vida de millones de peruanos y peruanas no es algo que se explique única ni principalmente por la expansión de grupos criminales trasnacionales.
Estos actores, si bien determinantes en la situación actual, no aparecieron de la nada a interrumpir la vida feliz en un país de maravillas. La incapacidad del Estado para organizar la economía y proveer mínimos de bienestar, la acentuada corrupción en todos los niveles de gobierno y la degradación de la Policía, entre otros muchos factores, conformaron el ambiente perfecto para que el crimen prospere, en un país cuyo territorio está prácticamente repartido entre distintos extractivismos y actividades económicas paralegales o directamente ilegales”
- 2. LA CENSURA DEL MINISTRO DEL INTERIOR Dina y Santivañez hicieron todo lo posible por evitar la censura, el segundo fue un día antes al Congreso a exponer su labor y luego tuvo largas reuniones con congresistas ofreciendo el oro y el moro, entre otros: pena de muerte, retirarse del Pacto de San José (Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-), implantar el Servicio Militar y Policial Obligatorio, los desgastados estados de emergencia y metiendo de contrabando también la reforma del Ministerio Público y el Poder Judicial, dos instituciones que hace tiempo que la coalición quiere controlar. Sin embargo, terminó censurado con 78 votos.
- El Fujimorismo no tuvo más opción que votar a favor de la censura debido a la filtración de un WhatsApp que demostraba sus verdaderas intenciones 4. Hasta la noche del jueves no habían los votos necesarios para censurarlo. Muchos sostienen que la decisión del Congreso de censurar a Juan José Santivañez fue debido al temor a la indignación popular y un intento de desinflar la 2) https://www.arzobispadodelima.org/destacados/cardenal-castillo-dios-no-atemoriza-ni-castiga-ama-gratuitamente-yalienta/ 3) Desco Opina / 21 de marzo de 2025 4) Cf. El Diario de Curwen https://www.youtube.com/watch?v=0gHKv6ILP-I&t=223s 3 marcha del 21 de marzo.
- Alejandra Dinegro Martínez resume bien esta posición, ella nos dice que: “La censura del ministro del Interior, José Santiváñez, no fue un acto de responsabilidad política del Congreso, sino una victoria obtenida por la ciudadanía movilizada. Una vez más, la movilización ciudadana ha demostrado ser el único contrapeso efectivo ante un gobierno coludido con la corrupción y una clase política indiferente a las problemáticas de las mayorías. En un país sumido en la peor crisis de inseguridad de las últimas décadas, donde la ciudadanía enfrenta -sola y como puede a la criminalidad- mientras sus autoridades blindan a personajes cuestionados, la remoción de Santiváñez es una victoria parcial pero trascendental”
- 5. Si bien eso es parte de la verdad, la otra es que en algunas bancadas también pesó la necesidad de comenzar a tomar distancia de un gobierno inmensamente impopular, dado que ya hemos entrado a un periodo pre electoral. En efecto, el 24 de marzo Dina hizo la convocatoria oficial para la realización de elecciones generales el 12 de abril del 2026. Un editorial de la revista empresarial Semana Económica evalúa lo sucedido así: “Si algo ha quedado más claro en estos últimos días, es que a los políticos que nos gobiernan desde el Ejecutivo y el Congreso les importa muy poco el avance del crimen organizado, el sicariato o las extorsiones.
- Que vivamos sumidos en el miedo, por el contrario, les resulta funcional. Sus preocupaciones son otras: asegurar su espacio de poder, impedir o entorpecer las investigaciones en su contra, quitarle legitimidad a la protesta legítima, restringir la libertad de expresión, perseguir y sacar de carrera a sus adversarios políticos. Todas, cosas para las que Santivañez les resultaba ciertamente útil. Por eso lo defendieron durante tanto tiempo en el que ya era, a todas luces, indefendible”
- 6. 3. LA LEY ANTI ONGs Continuando con su objetivo de control de todo espacio de oposición, la coalición autoritaria, ultraconservadora, mafiosa y corrupta que nos gobierna avanzó una ficha más, dando una norma legal este 12 de marzo que busca terminar con las Organizaciones no gubernamentales (ONGs).
- La norma contó con los votos favorables de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia; siendo 82 los congresistas que votaron a favor y solo 15 en contra.
- 5) “La corrupción en el poder, el crimen en las calles”, Otra Mirada, 24 de marzo 2025. Se puede bajar de https://otramirada.pe/la-corrupci%C3%B3n-en-el-poder-el-crimen-en-las-calles 6) https://semanaeconomica.com/legal-politica/politica/editorial-censura-a-regañadientes, 22 de marzo 2025
- 4 Estaban en ese afán desde setiembre del 2023, tuvieron varios intentos frustrados, pero finalmente se animaron ante el nuevo contexto internacional generado por Trump. La ley impone, entre otros: + Una excesiva fiscalización a dichas organizaciones, pues los proyectos, planes y actividades a llevar a cabo por las ONGs deben ser previamente aprobados por el gobierno a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional –APCI- + Multas de hasta S/. 2´675,200 (US$ 704,000), con lo que en realidad se busca ahogarlas económicamente para que dejen de funcionar. Esta ley, llamada anti-Ongs, es abiertamente inconstitucional, pues no respeta derechos fundamentales que la Constitución garantiza como son el derecho de libre asociación (art. 2.13), el derecho “a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación” (art.2.17), ya que impide hacer incidencia política. También afecta el derecho de opinión, y lo que es muy grave el acceso a la justicia de la población de escasos recursos (consagrado en el art. 139.3 de la Constitución) pues prohíbe a las ONGs defenderlas.
- También desconoce el derecho a acudir a instancias internacionales7. Las más afectadas con esta inconstitucional ley son las ONGs de derechos humanos, las plataformas del periodismo independiente y las organizaciones indígenas que tienen forma jurídica de asociación civil. Diversas organizaciones nacionales entre las que se encuentran la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) e internacionales como el Centro por Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y CIDSE (alianza internacional de organizaciones católicas por la justicia social); así como también la prensa internacional: Washington Post, The Guardian, Deusche Welle, Associate Press etc. han manifestado su claro rechazo a esta norma.
- Señalan que lo que el Congreso ha hecho es limitar el apoyo que las ONGs brindan en temas de vulneración de derechos humanos, corrupción, respeto a la diversidad (étnica, de género, etc.) y a la depredación ambiental. Y que la ley impone un sistema de control, censura y persecución contra organizaciones de la sociedad civil, atenta contra la libertad de asociación, expresión, acceso a la justicia y derecho a peticionar ante órganos de protección internacional. El 25 de marzo los Obispos de la Pastoral Social Nacional del Perú, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), los Obispos de los Vicariatos Apostólicos
- 7 ) Cf. Juan Carlos Ruiz Molleda Análisis de la constitucionalidad de la nueva ley anti-ONG aprobada por el Congreso (Lima, IDL, Marzo 2025). Se puede bajar de https://www.idl.org.pe/analisis-de-la-constitucionalidad-de-la-nueva-ley-antiong-aprobada-por-el-congreso/
- 5 integrantes del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) en un comunicado piden a Dina que no promulgue la ley, en un extenso comunicado de tres páginas dicen: “Consideramos esencial que su Despacho observe la autógrafa del proyecto de ley que modifica la Ley APCI, pues. como ya se dijo, los principales afectados con su aprobación serán los pueblos y poblaciones vulnerables, que no tienen asesoría y acompañamiento técnico ni legal” Y agregan “Nos preocupa que no se estén escuchando las voces de las diferentes instancias nacionales e internacionales que vienen cuestionando las decisiones del Congreso de la República, ya que tales voces alertan del incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos”
- 8. Coincidentemente en estos días se dio a conocer un estudio internacional que señala que: “El espacio cívico de Perú ha descendido de la categoría de ´obstruido´ a la de ´represivo´ tras años de una erosión progresiva de las libertades cívicas. La sociedad civil se enfrenta a un entorno hostil marcado por la escalada de la violencia, los actos de acoso, las agresiones, las amenazas y la difamación por parte del Estado y de grupos de extrema derecha. Además, la violencia es omnipresente en regiones asoladas por la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico. Líderes indígenas y personas defensoras del medioambiente corren riesgos cada vez mayores. Por ejemplo, desde diciembre de 2023, al menos dos líderes indígenas kakataibo han sido asesinados. Por su parte, los profesionales del periodismo se exponen a actos de acoso judicial, campañas de difamación y agresiones físicas, sobre todo cuando informan sobre manifestaciones. Todo este contexto represivo se sustenta en una impunidad generalizada”9. Lima, 26 de marzo 2025
- 8) Se puede leer el comunicado completo en https://www.servindi.org/25/03/2025/obispos-catolicos-piden-observar-leyapci 9 ) El poder ciudadano bajo ataque 2024, CIVICUS Monitor, diciembre de 2024. Se puede bajar de https: https://civicusmonitor.contentfiles.net/media/documents/GlobalFindings2024.ES.pdf 6
