UN MES RECARGADO
Durante el mes de Julio se han dado diversos acontecimientos: el inicio del juicio a Keiko Fujimori por el caso cócteles; los 30 miembros de la Comisión Permanente del Congreso siguieron aprobando leyes (varias de ellas inconstitucionales como la llamada ley de amnistía para violadores de derechos humanos) para cumplir sus objetivos contrarios al bien común, y que hemos detallado en nuestro comentario de Junio1 . Además, se realizaron diversas marchas de protesta a nivel nacional, se eligió la nueva Mesa Directiva del Congreso y Dina dio el tradicional discurso de Fiestas Patrias. Comentamos brevemente alguno de estos acontecimientos.
El Juicio a Keiko Fujimori
El 1 de Julio se inició el juicio por el caso cócteles contra Keiko Fujimori para quien se pide 30 años y 10 meses de prisión. Los delitos que se le imputan son crimen organizado, lavado de activos agravado, falsa declaración y obstrucción a la justicia. El inicio del juicio significó una dura derrota para Keiko que hizo todo lo posible para evitar que dicho juicio proceda. Su labor de demolición de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela fue sistemática y no escatimó esfuerzos para que la fiscalía los sancione y hacerlos aparecer como parte de una conspiración política liderada por Gustavo Gorriti.
Al inicio del juicio los analistas centraron la discusión en los años que llevaría el mismo. Algunos calculaban dos años, pero la mayoría coincidía en que por la cantidad de acusados (40) pruebas y testigos presentados sería un juicio muy largo, que duraría entre seis y doce años. Si bien casi todos coincidían en que no se daría una sentencia contra Keiko antes de las elecciones del 2026, y, por tanto, no la inhabilitaría para postular, si era indudable que el juicio afectaría políticamente al fujimorismo. De allí su desesperación en crear psicosociales que permitan sacar el juicio del foco de la atención pública y mediática.
Muchos consideran que el anuncio de que el candidato de Fuerza Popular será Alberto Fujimori va en ese sentido. 1 ) Se puede bajar de https://drive.google.com/file/d/13UwsDIst_5ze6byrnaGJuuayF510X4Bn/view 2
Además, Keiko ha presentado un pedido al Tribunal Constitucional (TC) para que se anule el juicio. Al respecto el abogado Ernesto de la Jara opina que: “En realidad, no procede porque el control constitucional de decisiones como las que implican el juicio solo debe proceder en casos absolutamente excepcionales y extremos, por ejemplo, cuando la violación de derechos fundamentales o de garantías del debido proceso es evidente. No es el caso.
El problema está en que el control del actual TC por parte del Congreso (salvo Monteagudo) expresa lo que es verdaderamente una judicialización de la política, es decir el uso de órganos del sistema de justicia para fines políticos, en este caso impedir el juzgamiento de Keiko Fujimori por graves casos de corrupción”2 . Una segunda discusión tiene que ver con que si los hechos presentados por la Fiscalía constituyen delito o no. Por ejemplo, la abogada y comentarista política Rosa María Palacios ha señalado reiteradamente en su programa, que lo que hizo Keiko y Fuerza Popular: recibir 17 millones 312 mil 984 dólares durante las campañas presidenciales del 2011 y 2016 y pitufear dichos aportes de campaña era ilícito e irregular, pero que solo es considerado delito desde agosto del 2019.
Si en el momento que se produjo no era considerado legalmente delito de lavado de activos, tampoco se puede considerar a Fuerza Popular como organización criminal. Por lo que Keiko sí podría ser condenada, según Palacios, es por delitos menores como falsa declaración y obstrucción a la justicia.
Por eso, los abogados de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama han aceptado las evidencias presentadas en 44 tomos de 13,200 folios por el fiscal José Domingo Pérez. Dichas evidencias incluyen no solo las declaraciones de diversos colaboradores eficaces; sino, lo más importante, de los mismos empresarios que hicieron los aportes clandestinos directamente a Keiko, entre los que se encuentra Dionisio Romero Paoletti.
Luego de aceptarlas, los abogados de ambos han afirmado que sus clientes no están incursos en el delito de lavado de activos, pues son solo faltas administrativas. Pero, Ernesto de la Jara sostiene lo contrario en la entrevista citada líneas arriba. Para De la Jara el hecho de que los abogados de Keiko y Yoshiyana hayan reconocido los hechos descritos por el fiscal José Domingo Pérez los pone a “un pasito del delito de lavado”.
Para afirmarlo, De la Jara se basa en una sentencia de la Corte Suprema de diciembre de 2022, de la Sala Penal Permanente presidida por el juez César San Martín. De la Jara sostiene que “todo depende de que se demuestre que los fondos son maculados, ilícitos”. 2 ) Entrevista de Enrique Patriau en La República, 18 de Julio del 2024. }
En el caso de los US$ 3.7 millones aportados por el Banco de Crédito, De la Jara se pregunta: “¿Acaso un banco puede sacar una gran cantidad de plata, casi cuatro millones de dólares, para dárselos a una candidata que además era congresista sin pasar por los controles, sin pagar impuestos, sin (informar a) los accionistas? No. Una persona jurídica está totalmente regulada.
La sentencia (de la Suprema) dice también que es importante la actitud que uno tenga frente a los fondos: si no los recibes bancarizados, si no los declaras (…) yo sí creo que es viable (probar el lavado de activos) (…) esa plata es del Banco de Crédito del Perú (BCP) y por lo tanto tenía que haber cumplido un conjunto de requisitos que están absolutamente regulados para que los organismos de control sepan lo que estás haciendo, los usuarios, los clientes”.
Las Protestas ciudadanas
Diversas organizaciones convocaron a movilizaciones de protesta durante el mes de Julio. Algunos comentarios: + Aunque hubo un esfuerzo por coordinar, las protestas fueron convocadas para varias fechas: 19, 27, 28 y 29 y en distintas horas y puntos de concentración. Esto, como sabemos, no ayuda a visibilizar una protesta masiva y contundente.
A pesar de ello, hay que reconocer que fueron relativamente más masivas que en anteriores ocasiones. + Los medios de comunicación aliados de la coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna, buscaron invisibilizar las protestas y tuvieron cierto éxito en ello. + Fue notoria la presencia de los familiares de las víctimas que llegaron desde Puno, Ayacucho, Apurímac y Junín, quienes realizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia, a pesar del permanente hostigamiento policial. + De los 30 partidos inscritos a la fecha, solo unos cuantos se sumaron a la protesta ciudadana.
Entre ellos estuvieron Nuevo Perú por el Buen Vivir, cuya lideresa es Verónica Mendoza; Perú Primero del ex presidente Martín Vizcarra; y el Partido Morado. También estuvieron presentes políticos como la ex congresista Indira Huillca y la ex presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez. + Los Movimientos Regionales desistieron vergonzosamente de participar.
El domingo 21 la Asociación Nacional de Movimientos Regionales (ANMR) anunció que se suspendían las marchas que habían convocado para el 26, 27 y 28 de Julio, para protestar por la decisión del Congreso de eliminar (en primera votación) a los movimientos regionales.
La excusa para suspender su participación en las marchas de protesta fue que, en conversaciones con los congresistas, estos les habían ofrecido que no aprobarían en segunda votación la eliminación de los movimientos regionales. La triste verdad es que varios de sus dirigentes prefirieron curarse en salud y afiliarse a partidos nacionales para poder postular el 2026, abandonando la lucha 4 principista por la vigencia de los movimientos regionales.
Entre los que lo hicieron se encuentran Wilfredo Oscorima, el wayki de Dina, quien presurosamente se inscribió en Alianza para el Progreso (APP). Pero también Freddy Vracko, presidente de la Asociación Nacional de Movimientos Regionales, quien se ha inscrito en el Partido Perú Regionalista de Integración Nacional (PRIN), partido aliado a Renovación Popular.
En Cusco el fundador del Movimiento Regional Inca Pachacutek, Raúl Salizar Saico, renunció a su agrupación. En Lima Región, Rosa Vasquez, actual gobernadora y fundadora del movimiento La Cholita también ha abandonado su movimiento y se ha inscrito en APP.
En el Callao, Pedro Spadaro, renunció a la agrupación que él fundó, Contigo Callao, y se ha inscrito en Renovación Popular. La lista del oprobio es larga, otros se han incorporado al Fujimorismo etc.
La Nueva Directiva del Congreso
El 26 de Julio se eligió la Mesa Directiva del Congreso para el periodo Julio 2024 – Julio 2025.
Su conformación no pudo ser peor. El nuevo presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), elegido con 95 votos, es directo representante de la minería ilegal, que tanto daño hace a nuestro país. El portal Wayka señala que Salhuana “tiene vínculos con la minería ilegal, asociada al crimen organizado, la trata y diversos delitos, según la Procuraduría General del Estado”. No olvidemos que el congresista por Madre de Dios fue un activo impulsor de diversas leyes a favor de esa economía ilegal, crecientemente vinculada al narcotráfico y que contamina impunemente nuestros ríos. Entre las leyes que ha impulsado Salhuana, y que obstruyen la lucha contra la minería ilegal, se encuentran la ley que establece que el equipamiento decomisado a mineros ilegales no se destruya y la ley que amplió el plazo de inscripción de mineros ilegales en el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera).
En el Perú está prohibido hacer minería con dragas en todos los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. A pesar de eso, entre 2014 y 2023, se registraron 6249 denuncias de minería ilegal en todo el país, de acuerdo a información del Ministerio del Ambiente (MINAM). De ese total, 3.470 se reportaron en los últimos tres años.
Este año ocho obispos de los vicariatos de la selva peruana expresaron su profunda preocupación por la expansión descontrolada de la minería ilegal en sus territorios y alertaron que el Estado peruano va perdiendo soberanía territorial.
Destacaron que la minería ilegal ha capturado más de 20 ríos amazónicos, generando “graves daños ambientales” que atentan contra “la salud y la vida de las poblaciones amazónicas”. Los directos responsables de este nombramiento que entroniza a las economías ilegales en la conducción del Congreso son: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Perú Libre, Podemos, Somos Perú y Acción Popular. Dichos partidos hicieron caso omiso a diversos pedidos de evitar que la minería ilegal tome el control del Congreso. 5 Entre los que se manifestaron en contra de esta designación estuvieron Transparencia, el observatorio de Minería Ilegal, Comex (Sociedad de Comercio Exterior del Perú), Capitalismo Consciente Perú y diversas organizaciones vinculadas a la defensa de la Amazonía.
En el comunicado de Comex se afirma que “Dicha actividad no solo atenta contra el medio ambiente, sino que financia actos criminales en contra de la propiedad pública y privada. Además, genera extorsión, muerte y zozobra en la población como ocurrió hace pocos meses en la provincia de Pataz en la Libertad y en diversas zonas del país”.
El resto de la mesa directiva tampoco ofrece ninguna confianza. De primera vicepresidenta va la fujimorista Patricia Juárez, autora de diversas leyes anticonstitucionales. La segunda vicepresidencia ha sido para Waldemar Cerrón de Perú Libre, hermano del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Y Avanza País ha logrado colocar a Alejandro Cavero en la tercera vicepresidencia. Cavero es más conocido por haber blindado a Manuel Merino.
La conformación de la mesa directiva confirma la alianza de la extrema derecha con la extrema izquierda. Como bien señala Rosa María Palacios, la conformación de esta Mesa Directiva demuestra que las “economías ilegales están absolutamente metidas dentro del Congreso de La República”3 .
El Discurso Presidencial de Fiestas Patrias
Hace ya muchos años que el discurso a la Nación de Fiestas Patrias se vació de contenido. De ser un momento de evaluación real del estado de la Nación y de anuncio de nuevas medidas para acometer los desafíos que dicha evaluación presentaba, se convirtió en una aburrida enumeración de cifras, muchas veces irreales y de anuncio de numerosas promesas que se incumplen sin mayor rubor. El de este 28 de julio no ha sido la excepción.
El documento de 79 páginas leído por Dina durante cinco horas, con un hemiciclo semi-vacío, fue tan largo, repetitivo y aburrido que hasta el Canciller Javier Gonzáles Olaechea y su hermano Nicanor se quedaron profundamente dormidos. En la primera parte del discurso4 (hasta la p.29) presentó un balance de todo lo que ha avanzado, según ella, con “honestidad, estabilidad y esfuerzo” en su gestión gubernamental. Nos presentó un montón de cifras grandes y pequeñas, muchas de ellas engañosas y medias verdades, sin mayor contexto ni sustento, que habría que analizar detenidamente para verificar su veracidad.
Por ejemplo, en la p. 14 dice que la segunda etapa de Majes “beneficiará a 350 mil familias de la región Arequipa a través de la actividad agrícola y agroindustrial”; es decir, 1´400,000 personas, si consideramos 4 miembros por cada 3 ) 25 de Julio, https://www.youtube.com/watch?v=lmh9_o1JT7A 4 ) Mensaje a la Nación, 28 de Julio 2024, en adelante solo indicaremos la página del mismo a la que nos referimos. 6 familia.
Eso es más que toda la población de la Región Arequipa, que al 2024 es de 1´177,200 habitantes. En la segunda parte del Mensaje, Dina se dedicó a hacer una serie de ofrecimientos de obras y aumentos de sueldos buscando el apoyo de diversos sectores. Buscando asegurar el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a quienes llamó “forjadores de la paz y garantes de nuestra democracia” (p. 60), les ofreció mejorar sus capacidades estratégicas y aumentarles el sueldo.
Les dijo: “Hoy anuncio que he dispuesto la inmediata formulación de los proyectos normativos que determinarán la nueva escala remunerativa para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en situación de actividad y retiro, que reduzca la brecha salarial existente y permita proporcionar una compensación justa a todos sus integrantes.
Este aumento salarial, aplicable a sueldos y pensiones, será ejecutado en cuatro etapas y significará un aporte justo y sostenible que garantizará un nivel de vida digno para los defensores de nuestra soberanía e integridad territorial, forjadores de la paz y garantes de nuestra democracia” (p.60). Como bien señalan los de Servindi: “en la actualidad personal de ambas instituciones está involucrada en la violación de derechos humanos durante las protestas de 2022-2023 en la que murieron 50 civiles y hubo más de 1400 heridos.
Además, según los informes realizados por Amnistía Internacional la Policía y las FFAA actuó haciendo uso desproporcionado de la fuerza en regiones como Puno, Apurímac, Ayacucho y otras regiones que dejaron un saldo lamentable”5 . Y buscando recuperar el respaldo empresarial que poco a poco ha ido perdiendo (hoy solo tiene el respaldo del 12% del empresariado) salió en defensa de diversos proyectos mineros como la ampliación de Quellaveco (Moquegua), Corani (Puno), Reposición Raura (Huánuco), Chalcobamba Fase I (Apurímac), Romina (Lima) y Tía María (Arequipa) (p.36). Sobre Tía María.
Nos dijo: “El proyecto tiene una importancia vital para el relanzamiento de la inversión minera en el Perú y para la consolidación del clima de inversión en general. Tía María no constituye un proyecto impuesto, eso es una falsa narrativa enarbolada por reducidos sectores ideologizados” (p.37).} Lamentablemente, en su tedioso discurso Dina dejó sin tratar en serio los problemas que más preocupan a la Nación, algunos de los cuales fueron mencionados en su homilía del Te Deum por 28 de Julio, por el Arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, quién se preguntó: 5 ) https
Lamentablemente, en su tedioso discurso Dina dejó sin tratar en serio los problemas que más preocupan a la Nación, algunos de los cuales fueron mencionados en su homilía del Te Deum por 28 de Julio, por el Arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, quién se preguntó: 5 ) https://www.servindi.org/actualidad-noticias/28/07/2024/boluarte-anuncia-aumento-salarial-de-la-pnp-y-ffaa 7
“¿Cómo es posible que tengamos mega-proyectos de inversión y nuestro pueblo siga necesitando urgentemente alimentación (43.1 por ciento de niños con anemia, 51% con o amenaza de hambre), agua (10 millones de peruanos pobres sin agua ni desagüe), medicinas, trabajo digno (18% jóvenes ni estudian ni trabajan), educación de calidad, seguridad ciudadana (60% de negocios pequeños sufren extorsión), ecología sostenible y sana; y, por su puesto, necesidad de consuelo, amistad, reconocimiento, respeto y promoción de la dignidad y justicia?”6
Lima. 30 de julio del 2024